El poder de Carlos Ríos, el paisa que le habla al oído a De la Espriella desde la “torre de control” del Gobierno

Para el presidente Abelardo de la Espriella, el abogado paisa Carlos Andrés Ríos Puerta, de 40 años, es una especie de “computador” que siempre tiene una respuesta. Junto a Joaquín Gutierrez (presidente de Ecopetrol) y Carlos Suárez (presidente de la junta de la petrolera) conforman el círculo de mayor confianza del jefe de Estado.

En abril de este año, en plena campaña, Ríos publicó en redes sociales una foto junto a Gutiérrez y Suárez abrazados con un mensaje que terminaba así: “Si tocan a uno de la manada, nos tocan a todos”.

Fuentes en Presidencia describen a Ríos como hermético, prudente, pero sagaz. Ya no se trata, únicamente, del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), un cargo que suele ocupar una persona de máxima confianza del mandatario.

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También fue su gerente de campaña, firmó todos los reportes de financiación presentados ante las autoridades electorales y, junto con sus hermanos Ana María —quien suena para integrar la junta directiva de ISA— y Juan Felipe, prestó $1.650 millones a la campaña, según reveló La Silla Vacía.

Su poder en el Gobierno crece cada vez más, como el de los otros dos miembros de ese tridente; cada uno con su estilo, apuestas e intereses. Todos con el respaldo irrestricto de De la Espriella.

Ríos se la jugó por “El tigre” en campaña desde 2025 cuando dejó su cargo como director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre de Antioquia (DAGRAN). Antes fue el secretario de Participación Ciudadana de la Gobernación, concejal de Medellín del Centro Democrático y viceministro de Defensa de Iván Duque.

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El gobernador Rendón pasó de no tener relación alguna con la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro a “crear” un puente directo con Ríos en esta nueva administración. Lo mismo el alcalde, Federico Gutiérrez, quién también tiene buena relación con el funcionario.

Desde el Gobierno, al momento del anuncio de su nombramiento, lo describieron como “fiel creyente, empresario, docente y un convencido de que una sociedad con seguridad, equidad y desarrollo económico, puede hacer en su país, lo que le gusta y no lo que le toca”.

En el Centro Democrático, en cambio, Ríos nunca habría terminado de encajar a esa manada, pese a su admiración por el expresidente Álvaro Uribe. “No hemos tenido ninguna conversación con él como partido en estos meses más allá de algún saludo en pasillos del Congreso”, dice una senadora uribista bajo reserva.

El senador Hernán Cadavid, en diálogo con este diario, recuerda que Ríos tuvo un papel protagónico en la campaña a la Gobernación de Rendón y aunque no son cercanos, describe el recorrido que tuvo como edil, gerente de una campaña de Andrés Guerra –exprecandidato presidencial y hoy representante a la Cámara–, candidato al Congreso y concejal, en donde estuvo unos meses haciendo un reemplazo. Pero también coincide en que Ríos es más del ala de Rendón.

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El abogado fue de los políticos uribistas en Antioquia que tras el atentado y posterior muerte de Miguel Uribe Turbay, buscó otras opciones más allá del partido, como ocurrió con Paola Holguín, exprecandidata presidencial y hoy ministra de Cultura. “Él (Ríos) tiene un perfil reservado, pero sabe moverse”, agrega la fuente del uribismo.

Fuentes cercanas al gobernador Rendón le dijeron a este diario que la interlocución con Carlos Andrés Ríos desde su llegada al Gobierno de Abelardo de la Espriella se ha mantenido en términos institucionales y no responde a una cuota política del mandatario departamental. Recordaron que fue el expresidente Álvaro Uribe quien presentó a Rendón y a De la Espriella durante un encuentro en su casa, a mediados de 2025.

Ríos renunció a su cargo en la Gobernación pocos meses después para sumarse a la campaña presidencial, pero, según las fuentes, su llegada al gabinete nacional no debe interpretarse como una representación del sector político de Rendón.

De hecho, señalaron que, en medio de la disciplina partidista, el mandatario antioqueño y su entorno político respaldaron la candidatura de Paloma Valencia, del Centro Democrático, en lugar de alinearse con la aspiración de De la Espriella.

Ríos Puerta nació en Medellín. Según su hoja de vida, es abogado de la Universidad Eafit, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra.

Es fundador de la Fundación Construyamos País y miembro de la Andi del Futuro. Los registros de Función Pública muestran que la dirigió entre 2012 y 2016, y entre 2016 y 2019 pasó por contratos y asesorías con firmas y organizaciones privadas.

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Su primer intento electoral fue en 2019. Obtuvo la décima votación de la lista del Centro Democrático al Concejo de Medellín, con 5.266 votos, no le alcanzaron para la curul. La política lo esperaba por otra puerta, la del gobierno de Iván Duque.

Fue asesor del sector Defensa desde julio de 2020 y viceministro entre marzo de 2021 y enero de 2022. En julio de ese año le dijo a este diario que llegaría a “hacer un control político fuerte, a fortalecer la oposición al alcalde Daniel Quintero y a poner sobre la mesa un mejor relacionamiento con el sector empresarial de la ciudad que ha sido muy atacado”.

En octubre de 2022 denunció a Daniel Quintero ante la Fiscalía por generar pánico económico. Sostuvo que las “mentiras” del alcalde afectaban el patrimonio de Medellín y calificó como extralimitación de funciones una propuesta del mandatario.

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El Concejo también le dejó un momento de disciplina partidista. En el debate de 2023 sobre las transferencias de EPM, contó que propuso aprobar algunos artículos para quitarle a Quintero el argumento de que el uribismo desfinanciaba programas como la matrícula gratuita para 40.000 jóvenes. La bancada lo derrotó y él acató: “Yo me adhiero a las decisiones de la bancada, votaré no”. Desde ahí se veían las distancias con una parte del uribismo.

Con Andrés Julián Rendón fue secretario de Participación Ciudadana y quedó a cargo del DAGRAN. Llegó a ese cargo por ser operador político en la campaña de Rendón. Según su hoja de vida pública, estuvo en la Gobernación hasta el 31 de octubre de 2025. Su perfil destaca reconocimientos como la Orden al Mérito Juan del Corral, del Concejo de Medellín, y el Premio Piñón de Oro, de Acopi.

Semanas después llegó a la campaña de Firmes por la Patria, aunque, según fuentes, ya se había cocinado desde antes su papel. Como gerente manejó los $55.000 millones que costaron las dos vueltas presidenciales. Ese cargo lo hacía responder legalmente por las cuentas, pero también blindar a De la Espriella ante eventuales intentos de filtrar la campaña con dineros sucios.

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El ahora presidente vio en Ríos un perfil competente como administrador con habilidades políticas. Por eso, lo nombró en el Dapre, pero también como comisionado de paz encargado y, desde septiembre de 2026, director encargado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad que tuvo varios escándalos en el gobierno pasado.

Su estilo en el cargo cada vez más es el de la denuncia como cuando fue concejal. En septiembre, ante la Comisión Primera de la Cámara, defendió el recorte presupuestal de su entidad.

Dijo que el Dapre podría cumplir sus funciones con $904.000 millones, frente a los $1,1 billones previstos antes. Acusó al gobierno Petro de convertir la entidad en “uno de los mayores contrataderos del Estado”. Afirmó que los contratos de prestación de servicios crecieron 595% entre 2022 y 2026. Y que 84% de los contratos fueron por contratación directa, y el gasto en eventos subió 113%.

“Hemos parado toda la contratación del Dapre”, dijo. Contó que recortaron casi 65% la contratación de personal y que implementaría un “plan destrabe” para identificar normas que estorban a ciudadanos y empresarios. También describió al Dapre como una “torre de control” del Gobierno.

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En la Comisión Legal de Paz del Senado, el 14 de octubre, Ríos aseguró que el gobierno Petro tuvo la “peor ejecución” del Acuerdo de 2016 y que solo llegó a 4,66% del Plan Marco de Implementación.

Añadió que el gobierno saliente ejecutó 80% del plan de inversiones, por lo que hasta diciembre no habría dinero ni para la nómina. El debate estaba cruzado por los recortes a la JEP y a otras entidades del Acuerdo, que la oposición criticó con dureza.

Una semana después, en la Comisión Segunda, mostró fotos y videos del estado de las zonas de ubicación temporal financiadas por el gobierno anterior, y dijo que la inversión fue de $13.000 millones.

Afirmó además que el gobierno de Duque invirtió más en los acuerdos de paz que el de Petro. Su encargo en la ARN ocurre mientras el gobierno desmonta la “paz total” de Petro y ordena cerrar una de esas zonas.

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Fuentes de Presidencia dicen que sacó a la mayoría de funcionarios que venían del gobierno Petro, pero también de anteriores. Aseguran, incluso, que él concentra la mayor parte del poder en Presidencia pues el jefe de despacho presidencial, Nicolás Gómez (hijo del senador Enrique Gómez), estaría siendo relegado a tareas más logísticas sin mucho margen en la estrategia como lo tienen el asesor Carlos Suárez, Joaquín Gutiérrez y el propio Ríos.

Funcionarios que prefieren no revelar su identidad afirman que ya se habrían visto roces entre Gómez y Ríos, como suele pasar en esos dos cargos clave en el corazón del poder. “Ríos puso plata y Gómez apellido”, dice uno de los funcionarios bajo reserva.

Uno de los funcionarios que ha pasado de “agache” que viene desde la administración pasada es Pedro Pablo Ariza, quien firmó el contrato por $10.000 millones con la firma Amadeus para intentar sacar a Petro de la Lista Clinton, pero que tuvo una serie de presuntas irregularidades como lo reveló este diario.

Varios funcionarios en Palacio se preguntan si la depuración en esa entidad está siendo del todo justa en la medida en que sacó a algunos buenos trabajadores, pero aún quedan otros cuestionados.

También en el Senado, Ríos anunció que denunciaría ante la Fiscalía el caso de 48 mujeres que, según él, fueron “instrumentalizadas” durante el gobierno Petro a cambio de contratos en ese gobierno. Ríos dijo que las mujeres fueron vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para facilitar su cercanía con el entonces presidente. Sostuvo también que el funcionamiento de esa Presidencia estaba estructurado “para otra cosa diferente a gobernar”.

La Fiscalía prevé escucharlo para ampliar sus denuncias y contempla inspecciones en la entidad. No es una imputación contra él, y no hay fecha conocida.

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La defensa de Petro acusa a Ríos de estar detrás de testimonios sobre contratos a cambio de favores sexuales. Aporta capturas de mensajes en los que usuarios anónimos ofrecerían dinero a mujeres por información, y lo señala de hablar con ellas en su despacho.

“Lo que ha hecho Carlos Ríos es una labor de policía política con funciones judiciales que no tiene. Comienza su labor investigando todos los perfiles personales en redes de las mujeres que trabajan en el Dapre para ver sus simpatías políticas, entre ellas madres cabeza de familia”, dijo Petro hace algunos días y lo denunció penalmente.

El flanco incómodo tiene que ver con dinero. Según los reportes entregados al CNE, Ríos prestó $767 millones a la campaña en primera vuelta y donó los $10 millones que recibió por gerenciar las dos vueltas. Con los préstamos de su hermana, Ana María, los dos prestaron cerca de $1.650 millones de los $38.000 millones que ingresaron a la campaña en primera vuelta.

La Silla Vacía cruzó sus declaraciones de renta y de conflictos de interés. Antes de entrar al sector público declaraba un patrimonio bruto de $350 millones y deudas por $125 millones.

Hoy reporta un patrimonio de $2.473 millones y deudas por $1.458 millones, con una hipoteca de $900 millones sobre su casa de Medellín, comprada en 2024, y un préstamo de $811 millones cuyo uso no identifica y que aparece desde ese año, antes de la campaña.

En 2025 declaró ingresos por $229 millones, una tercera parte de lo que dice haber prestado, y apenas $20.000 en su cuenta de ahorros hasta diciembre de ese año. Los documentos no explican el origen del dinero.

Su poder también se ve reflejado en el alcance que podría tener su familia. Su hermana Ana María Ríos fue la tesorera de la campaña, la encargada de administrar y controlar toda la plata que se movió. Donó sus honorarios y, según el libro contable del CNE, le prestó otros $897 millones a la aspiración presidencial.

Según reveló Caracol Radio, hoy es la candidata de De la Espriella para dirigir ISA, filial de Ecopetrol cuyo fuerte son las líneas de interconexión eléctrica. La junta directiva ya cambió los estatutos para eliminar la obligación de usar una firma cazatalentos al elegir al presidente de la compañía.

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También hay un negocio de familia. Ríos es accionista de Estaco SAS, una empresa antioqueña de fabricación y montaje de estructuras metálicas. Desde 2025, sus hermanos Juan Felipe y Ana María figuran como representantes legales, y en actas de 2026 los tres firman como accionistas. Ríos dice no haber recibido utilidades de la empresa en 2025, y Estaco no ha registrado en la cámara de comercio una decisión de repartirlas en 2026.

La empresa quedó expuesta durante las elecciones porque una factura revelada por el periodista Melquisedec Torres, quien mostró que la campaña usaba su correo electrónico para recibir facturas. Alfonso Soler Casteblanco dio fe, como contador, de que la información financiera de la campaña era real.

Hoy es el jefe financiero del Dapre, subalterno de Ríos. La campaña le pagó $255 millones por las dos vueltas, 25 veces más de lo que recibió Ríos por gerenciarla.

EL COLOMBIANO buscó a Carlos Ríos para incluir su versión, pero al cierre de esta edición no había respondido.

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