Así está el pulso político en el Congreso con la Ley de Rescate Fiscal: aumento a impuestos divide los votos del Gobierno

Apenas lleva tres meses y el Gobierno Nacional ha tenido debates importantes en el Congreso en los que ha medido su capital político, pero ahora llegó el momento de una discusión más sensible porque toca el bolsillo de la gente. La Ley de Rescate Fiscal encontró apoyos políticos para reducir el gasto del Estado, pero sobre todo polémica y límites para aumentar los impuestos.

La diferencia quedó expuesta entre sus propios aliados. Si bien la mayoría de congresistas vieron con buenos ojos las medidas de austeridad, advirtieron que no acompañarán disposiciones que, a su juicio, trasladarían el ajuste también a las familias y al campo.

Los reparos llegaron incluso desde Salvación Nacional, el partido que respaldó la candidatura del presidente. La representante Carol Borda y la senadora Sara Castellanos marcaron distancia frente a las nuevas cargas tributarias.

A sus advertencias se sumaron los pronunciamientos de las senadoras María Lucía Villalba del Nuevo Liberalismo y María Clara Posada del Centro Democrático, quienes reconocieron lo positivo de la iniciativa en la reducción del Estado, pero anunciaron restricciones a su apoyo.

El problema para el Ejecutivo es que las coincidencias sobre la austeridad no garantizan una mayoría para todo el proyecto.

Tan solo las primeras reacciones mostraron que los congresistas están dispuestos a diferenciar entre los artículos que reducen gastos, los que favorecen la inversión y aquellos que modificarían los impuestos de la gente “de a pie”.

“Mi voto sí a la reducción del Estado; mi rotundo no al aumento de impuestos”, manifestó Borda.

De igual forma, Castellanos profundizó esa posición. “Esperábamos la Ley de Ajuste: el Estado debe ser el primero en apretarse el cinturón”, escribió.

Y trazó límites: “No apoyaremos: IVA a frutas, verduras y granos, más cargas tributarias a la clase media ni IVA a los insumos del campo” y terminó con una petición al Gobierno: “¡Que el Estado se ajuste el cinturón, no la gente!”.

Aunque los pronunciamientos no equivalen a un rechazo de toda la iniciativa, sí obligan al Ejecutivo a negociar su contenido. No obstante, es apresurado hablar, por ahora, de una ruptura de la coalición.

Uno de los puntos más sensibles apareció en el pronunciamiento de la senadora por el Nuevo Liberalismo, María Lucía Villalba. Reconoció que es positiva la reducción del gasto en contratos de prestación de servicios y la disminución propuesta para la renta empresarial, pero cuestionó las modificaciones al IVA de productos del día a día, como el café o los frijoles.

“Este PL tiene medidas positivas que debemos reconocer: reducir en un 50 % el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y bajar el impuesto de renta empresarial del 35% al 31% a partir de 2028 son pasos hacia un Estado más austero y competitivo”, manifestó.

Pero anunció que no acompañará el aumento del IVA del 5% al 19% para productos como el café, el azúcar y los aceites, ni los gravámenes sobre algunos insumos agropecuarios que hoy están excluidos.

“En el caso del café, deberíamos estar promoviendo su consumo, no encareciéndolo”, dijo.

Y agregó: “¿Qué pasará con las familias de clase media que tendrán que pagar más impuestos sin beneficiarse de la devolución del IVA? ¿Y con nuestros campesinos, que podrían enfrentar mayores costos para producir?”.

En esto, María Clara Posada coincidió. “No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad”, escribió en X.

Pero sí celebró los beneficios a la inversión, la reducción del gasto en nómina y contratistas, la disminución progresiva de la renta corporativa y los recortes en eventos, pauta oficial y gastos no esenciales.

Y es que en el Centro Democrático la discusión abrió un espacio de negociación con la Casa de Nariño. El expresidente Álvaro Uribe habló en entrevista con Blu Radio, dijo que habló con De la Espriella y pidió reuniones de bancada y de los congresistas de las comisiones económicas antes de llevar una posición al Ejecutivo.

Entretanto, los cuestionamientos desde la oposición fueron más amplios. El senador Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) sostuvo que las disposiciones de esta ley encarecerían la vida de los colombianos.

“Una reforma económica no puede convertirse en una factura más cara para las familias. Abelardo quiere cobrarles más a los colombianos por comer, por conectarse y por vivir. Cuando una persona gana poco, cada peso adicional que paga en impuestos es un peso que le falta para alimentar a sus hijos”, afirmó en un comunicado.

Los reparos desde la oposición también abarcaron los aportes a la seguridad social. La senadora Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) cuestionó que el ajuste propuesto por el Ministerio de Hacienda recaiga sobre el consumo cotidiano y los ingresos de los trabajadores, justamente en medio de la emergencia que dejó el terremoto.

“Este es un proyecto de Reforma Tributaria realmente insensible si tenemos en cuenta que hay mucha gente en el país sin techo tras la emergencia tan dolorosa como del terremoto”, manifestó.

Pedraza comparó la propuesta con la discusión tributaria del exministro Alberto Carrasquilla y cuestionó los productos que, según su análisis, quedarían gravados.

Para la administración de De la Espriella, el reto ahora es evitar que los reparos al incremento de los impuestos terminen afectando toda la ley de “rescate” que presentó.

Acá es necesaria una precisión en la que insiste el Gobierno. De la Espriella ha sostenido que recibió de la administración de Gustavo Petro unas finanzas públicas deterioradas, con presiones de gasto y obligaciones que limitan su margen de maniobra.

A ese panorama se sumaron las necesidades de atención y reconstrucción que dejó el terremoto del 10 de agosto, que hicieron más urgente la búsqueda de recursos.

Pero muchos se preguntan si ese panorama debe subsanarse incrementando los impuestos. Es cierto que la situación fiscal heredada explica la urgencia del ajuste, pero no garantiza el respaldo a todas las medidas que se tomaron.

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