Defensa de Santiago Uribe Vélez presentó nueva impugnación contra condena en el caso de los ‘12 apóstoles’

Publicado 21 de octubre de 2026 Actualizado 21 de octubre de 2026

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Luis Felipe Henao Cardona, abogado y apoderado de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, presentó una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia para revocar el fallo de tutela que le cerró el paso al recurso extraordinario de casación.

El recurso, presentado este miércoles 21 de octubre, busca que se le otorgue nuevamente el término legal para sustentar la demanda contra la sentencia que lo condenó por paramilitarismo en el caso de los llamados “12 Apóstoles”.

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La acción, radicada el 8 de octubre de 2026, fue asignada a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema. La petición no exigió una revisión inmediata sobre la culpabilidad ni pretende constituir una tercera instancia, sino restablecer una oportunidad procesal que la defensa considera clausurada de forma irregular, según detalló el documento al cual tuvo acceso El Tiempo.

Esta nueva ofensiva legal cuestiona la tutela denegada el 30 de septiembre de 2026 por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. A su vez, dicha tutela buscaba tumbar la decisión adoptada el 5 de junio de 2026 por la Sala de Casación Penal, que rechazó la casación contra el fallo condenatorio.

El historial del expediente registra giros drásticos:

-13 de noviembre de 2024: El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia resolvió absolver a Santiago Uribe Vélez.

-25 de noviembre de 2025: El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y lo condenó a 28 años y tres meses de prisión.

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La defensa solicita revocar el fallo de tutela, dejar sin efectos la decisión del 5 de junio de 2026 y ordenar el restablecimiento del término para sustentar la casación. Como pretensión subsidiaria, solicita un nuevo pronunciamiento debidamente motivado sobre el escrito que interpuso.

El documento señaló violaciones a los derechos al debido proceso, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. “El amparo demandado busca restablecer la oportunidad de presentar la demanda, sin anticipar su admisión ni la decisión sobre los cargos”, sustenta la impugnación.

El abogado Henao Cardona criticó la asimetría procesal: argumentó que quien resulta condenado desde primera instancia conserva la casación, mientras que quien recibe su primera condena en segunda instancia la pierde tras la impugnación especial. Cuestionó además que la Sala Penal aplicara la Ley 906 de 2004 en un trámite regido por la Ley 600 de 2000.

Por su parte, la Sala Civil consideró que la casación no procede contra sentencias de impugnación especial. Frente a esto, la defensa descartó que busquen crear una tercera instancia e insistió en que el escrito “sencillamente reclama el imperio del debido proceso constitucional y legal”.

El magistrado Gerson Chaverra Castro intervino como no recurrente respaldando la decisión de la Sala Civil, apoyándose en las sentencias SU-319 de 2026 y SU-317 de 2023 de la Corte Constitucional para reiterar que la casación no integra el núcleo esencial de la doble instancia.

Actualmente, la Sala de Casación Laboral evalúa el recurso. Mientras emite su veredicto, la condena de 28 años permanece firme; de ser denegada la pretensión, el expediente podrá ser remitido a la Corte Constitucional para una eventual revisión.

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