“No es cierto, categóricamente”: secretario de la JEP responde por los $56.000 millones en viáticos y viajes del tribunal

“No es cierto, categóricamente. Hay una confusión y un manejo inadecuado de la información. La senadora dijo, y lo cito casi literal, que entre 2020 y 2026 la JEP se gastó más de $56.000 millones en 75 viajes internacionales. Matemáticamente es imposible: cada viaje habría costado una cifra descomunal.

Esa suma sale de la respuesta a un derecho de petición del senador Enrique Gómez Martínez, del 8 de septiembre de 2026, que tiene 191 páginas. Allí se integran tres componentes (traslados, tiquetes y viáticos) de todos los funcionarios, contratistas y magistrados, en territorio y en Bogotá.

De los tiquetes, el 29,7 % se usó en audiencias y diligencias y el 16,4 % en acompañamiento y protección de intervinientes ante amenazas y riesgos: víctimas, testigos, apoderados y, en minoría, operadores judiciales de la propia jurisdicción”.

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“Que la jurisdicción paga el traslado de las víctimas a las audiencias. El Estado no puede trasladarles la carga del acceso a la justicia en una zona rural dispersa.

Pensemos en Dabeiba, en Cañasgordas o en Urrao: el costo de la vereda, la chalupa, la mula, el bus escalera, el alojamiento y el regreso. No son viáticos en sentido estricto. Esos recursos incluyen también los desplazamientos de los equipos de investigación y de los forenses a exhumaciones”.

“Los 75 viajes son realmente 54 viajes documentados y representan casi el 1 % de los 56.000 millones; quisiera verificar la cifra exacta, tal vez 350 millones de pesos. Son comisiones de viaje, no turismo judicial.

Tienen que ver con representación institucional ante la Corte Penal Internacional, en La Haya, y llegar allá con un tiquete directo puede costar más que hacer escalas. En el caso de los catorce días que menciona la senadora, las escalas fueron por trabajo con la OCDE, en París.

La OCDE identificó hace dos años a la JEP como una de las prácticas más innovadoras de Iberoamérica en participación ciudadana y acceso a la justicia; es un documento público. Con ella trabajamos la certificación de un sello restaurativo para buscar recursos complementarios con el sector privado y las autoridades territoriales”.

“La Jurisdicción empezó a trabajar en 2017, a través de la Secretaría Ejecutiva, en un lugar donde aún no había actividad judicial, con recursos del Fondo Colombia en Paz y del fondo multidonante.

Luego se arrendó el edificio de la sede principal. Desde 2018 entendimos que la mejor inversión era comprarlo, como un bien fiscal de la Nación, porque el acumulado del arriendo iba a ser muy grande. Hubo acercamientos con Hacienda y el DNP en 2018, en 2023 y 2024, y otro en 2025.

En el último intento, con el gobierno que terminó, la compra habría permitido un ahorro de 351.000 millones de pesos hasta 2033, el cierre constitucional de la fase de juicio. La situación fiscal no lo permitía. Además, requería que los propietarios accedieran a vender.

Somos conscientes de que hoy es una inversión porque podemos operar, pero al final será un gasto, porque no queda un bien. Y comparar con el costo catastral no corresponde al edificio actual, que ha tenido adecuaciones necesarias, algunas a cargo de los propietarios, y donde hay salas de audiencia y atención a la ciudadanía”.

“Allí funciona la Unidad de Investigación y Acusación. La actividad judicial ha crecido de manera exponencial: más víctimas, más comparecientes, más tecnología y más planta, con recursos que aprobaron Hacienda, el DNP y el Congreso.

Ya no cabíamos. Los equipos de investigación y de violencia sexual compartían espacio con los despachos, y esa labor requiere un espacio privado y confidencial. Hacienda hizo las adiciones. Eso lo han revisado la Contraloría y la Procuraduría”.

“Conocemos la información de quien nos arrienda y aplicamos las medidas de debida diligencia: las pólizas y los aseguramientos pasan por revisiones y controles.

No hemos tenido noticia que amerite el levantamiento del velo corporativo. Si alguien tiene una razón, debería activar los mecanismos para levantarlo. No ha habido ningún asomo de irregularidad”.

“Se malinterpretó lo que dijo el presidente Ramelli. Hablaba de la separación de poderes: el poder judicial no está sometido al escrutinio del Ejecutivo en los términos de ese debate. La jurisdicción tiene la obligación legal de rendir cuentas sobre cada centavo.

Entregamos información de manera periódica a auditorías financieras, a la Contraloría delegada y a la Procuraduría delegada para el posconflicto, y tenemos tableros de control para cada actividad. La Contraloría ha revisado estos procesos durante siete años y, en los recursos auditados, no ha habido hallazgo fiscal, disciplinario ni penal”.

“Comparar es poner peras con manzanas. La JEP tiene otro diseño y otras metas: recoger entre 50 y 60 años de conflicto, con más de seis millones de registros judiciales, para examinar 50 años de los hechos más graves y representativos, casi 18.000 comparecientes y 15 años para las investigaciones macrocriminales.

Hablamos de 650.000 víctimas acreditadas y 250.000 casos por indagar. Y no somos solo una alta corte: tenemos una secretaría ejecutiva y una unidad de investigación, que es una fiscalía. Investigamos como la Fiscalía, juzgamos como una alta corte, verificamos cumplimiento como los jueces de ejecución de penas, garantizamos representación jurídica como la Defensoría y damos acompañamiento psicosocial”.

“Las decisiones técnicas de Hacienda llevaron a que el presupuesto presentado fuera de 821.000 millones. Entendemos el déficit desde hace al menos dos años. Hicimos ahorros, que revisó la Contraloría, de 23.000 millones de pesos entre el año pasado y lo que va de este, y un aporte a Hacienda de casi 3.700 millones para responder al terremoto. Lo que no se puede afectar son los núcleos esenciales: el debido proceso, las garantías a las víctimas y a los comparecientes, y la actividad judicial”.

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“No. El problema está en la comprensión de la justicia transicional restaurativa. Voy a las cifras: hay 1.070 renuncias a la persecución penal, que es una decisión de salida para quienes no son máximos responsables y aportaron verdad: lugares de interés forense, dónde estaban los desaparecidos, dónde se instalaron minas, patrones del conflicto. De las 1.070, 1.019 son de integrantes de la fuerza pública, el 95 %, y 46 de las antiguas Farc.

De los 11 macrocasos, al menos nueve se relacionan con hechos atribuibles a esa guerrilla y dos con la fuerza pública, además de algunos casos territoriales que recogen a todos los actores armados.

Las primeras decisiones han avanzado más rápido con la fuerza pública porque son menos casos y las tasas de reconocimiento han avanzado muy rápidamente. En 2027 y los años siguientes, hasta 2033, esas diferencias muy seguramente se van a equiparar. No se trata de cinco sentencias por un lado y cinco por el otro.

Dividir el presupuesto entre cuatro sentencias es una reducción mediáticamente poderosa, pero hay más de 3.600 sentencias con fuerza ejecutoria que definen situaciones jurídicas de víctimas y comparecientes.

E ir caso a caso en los 21.000 secuestros o en los 18.000 casos de reclutamiento habría costado muchísimo más. Frente a tribunales como los de Yugoslavia, Camboya y Ruanda, en la tercera parte del tiempo hemos doblado, triplicado, hasta diez veces el número de sentencias de fondo”.

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