Costarricenses “no aptos para ingresar a Nicaragua”

“Usted no es apto para ingresar al territorio nicaragüense”. Esta fue la notificación verbal y oficial que recibió Francisco “Frank” Agüero, diseñador y desarrollador web costarricense, de que tenía prohibido ingresar a Nicaragua. Se enteró directamente por los oficiales migratorios en la frontera de Peñas Blancas cuando pretendía ingresar a ese país.

Agüero viajaba a la boda del hermano de un amigo en marzo de 2025. No había comprado pasaje en bus ni en avión: llegó por su cuenta hasta el puesto fronterizo en Peñas Blancas con la idea de cruzar y buscar transporte en Rivas, ciudad fronteriza del lado nicaragüense.

Cuenta a Nicaragua Actual que entregó su pasaporte al oficial de Migración nicaragüense. Se lo retuvieron unos 20 minutos. Al final, le negaron el ingreso al país y ordenaron su expulsión inmediata a Costa Rica.

Expansión de represión alcanza a costarricenses

El veto a Frank Agüero no es un hecho aislado. Es uno de los casos que Nicaragua Actual investigó sobre los métodos de expansión de la represión transnacional de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en este caso, cómo esa represión se aplica a los costarricenses cuando son considerados una amenaza.

La investigación documenta 15 casos de rechazo, expulsiones o vetos por el aparato migratorio del régimen entre 2018 y 2026 contra costarricenses, con un total de 110 personas afectadas, incluidos los 96 turistas a quienes se les negó el ingreso en un solo episodio, en mayo de 2023.

En los casos documentados se identifica un patrón de restricciones migratorias contra periodistas, académicos, defensores de derechos humanos, religiosas, profesionales y turistas, entre otros perfiles de costarricenses. Son perfiles similares a los que aplica el régimen Ortega-Murillo contra sus propios nacionales, a quienes califica como opositores para prohibirles el ingreso, expulsarlos o desterrarlos del país.

¿Qué costarricenses no son admitidos? La investigación de Nicaragua Actual determina una práctica de selección basada en antecedentes profesionales, información personal, publicaciones críticas contra personeros del régimen, sus políticas represivas o contra ciudadanos que pueden ser considerados “problemáticos” en sus actividades previstas durante su estancia en el país.

La evolución de los casos también muestra cómo se ha ampliado el universo de personas afectadas. En 2018, la expulsión de Ana Quirós —defensora de derechos humanos y ciudadana costarricense y nicaragüense— ocurrió en el contexto de la represión posterior a la crisis política de ese año. Quirós fue desnacionalizada por el régimen de Managua y hoy reside en Costa Rica.

En abril de 2023, el régimen expulsó de Nicaragua a las religiosas costarricenses Cecilia Rosario e Isabel Blanco, después de décadas de trabajo religioso y asistencial en el norte del departamento de Rivas.

Un mes después, el 24 de mayo, la medida afectó a un grupo de 96 turistas costarricenses, retenidos durante horas en el puesto fronterizo de Peñas Blancas y finalmente devueltos por las autoridades de Migración y Extranjería nicaragüense por razones de “seguridad”, según los registros periodísticos. La mayoría de los 96 turistas eran adultos mayores y pensionados.

El organizador de la excursión fue el costarricense Marcos Gómez, quien, de acuerdo con los reportes, fue sometido a un tenso interrogatorio por los oficiales sobre los motivos del viaje. Gómez reportó un daño económico de 50 mil dólares debido a la pérdida de las reservaciones de los hoteles donde se hospedarían.

Buscados en Google y redes sociales

El funcionario de Migración tecleó en la computadora. “Buscó y buscó y buscó”, relata Francisco Agüero. No podía ver la pantalla, pero le pareció que buscaba “en Google y en diferentes medios”. Con otro funcionario llegaron las preguntas: a qué se dedicaba, cuál era el motivo de la visita a Nicaragua. “Diseñador gráfico, turismo”, respondió.

Agüero recuerda al funcionario comparar su cara con la foto en el pasaporte una, otra y otra vez. De ahí infiere que hay un “filtro” y que quedó “en una lista como no apto” para estar en Nicaragua.

Veinte minutos después le notificaron el resultado.

“Tengo que informarle que usted no es apto para ingresar al territorio nicaragüense”, recuerda que le dijeron. “No hubo una argumentación”, afirma Agüero. En el sello de su pasaporte le pusieron una raya.

“¡Periodistas críticos fuera!”

Agüero sabía que podía pasar. Por temas laborales y personales tiene cercanía con la oposición y el exilio nicaragüenses. Es cofundador del medio Intertextual que publica sobre la crisis de los derechos humanos por la represión del régimen Ortega-Murillo desde las protestas sociales en 2018 que dejaron más de 355 muertos y que ha continuado con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, confiscaciones, destierro y represión transnacional a los opositores exiliados.

“Creo que sí me lo gané por apoyar una causa que creo justa”, dice. “Otro país que ni siquiera es el mío me está ejerciendo censura”, reclama Agüero.

El monitoreo de Nicaragua Actual identificó varios casos que involucran a periodistas costarricenses vetados del país vecino. Entre ellos está Juan Diego Ramírez Bonilla, periodista y humorista rechazado en enero de 2023 cuando viajaba como turista. Según su relato, dos funcionarios migratorios lo retuvieron por lapso de hora y media, tiempo en el que le quitaron su pasaporte y lo interrogaron. Al final le dijeron “usted no es apto para Nicaragua, usted no va a entrar”, aseguró en publicaciones en redes sociales. Un oficial lo acompañó hasta la línea fronteriza expulsando a Costa Rica al periodista Ramírez.

Otro caso es el de Adrián Quirós Araya, periodista deportivo costarricense a quien se le impidió ingresar en septiembre de 2025 cuando se dirigía a cubrir un partido de fútbol entre las selecciones nacionales de Nicaragua y Costa Rica.

El motivo por el que lo expulsaron de territorio nicaragüense, según denunció Quirós en sus redes sociales, fue que los funcionarios del puesto migratorio le enseñaron una publicación que había hecho hace más de una década contra el dictador Daniel Ortega.

“Me decomisaron mi pasaporte, me interrogaron para que les dijera que era periodista (…) al final me sacaron una supuesta publicación mía de hace 12 años donde criticaba al mandatario Ortega y, con ese argumento, me expulsaron de su territorio dejándome desamparado y separado de mi grupo”, publicó Quirós.

El grupo de 98 turistas costarricenses que Migración de Nicaragua no permitió el ingreso alegando “seguridad”.

Otro costarricense rechazado es Jesús Quesada Rosales, periodista de Guananoticias, quien denunció que las autoridades nicaragüenses le indicaron que figuraba en una “lista negra” debido a su profesión.

Previamente saben quiénes son

La investigación determinó que perfilar previamente es parte del patrón para rechazar a costarricense. Le ocurrió a Carlos Sandoval, escritor, comunicador y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), a quién lo rechazaron al intentar ingresar a Nicaragua el 31 de marzo del 2022 por, según publicaciones, negarse a brindar los datos de las personas con las que se reuniría en el país.

El objetivo de Sandoval era trabajar en un proyecto de investigación sobre la coyuntura electoral de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. De acuerdo con el relato del catedrático, el personal de Migración argumentó que sabían que era analista y escritor antes de que él proporcionara esa información.

Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) impedirle la entrada a un periodista no es un asunto migratorio, sino de libertad de prensa.

Su presidenta, Yanancy Noguera, dice a Nicaragua Actual que si un periodista o un medio de comunicación no puede ingresar a otro país por motivos de su profesión, “se ve afectado el trabajo y por tanto hay una afectación directa hacia el ejercicio de la libertad de prensa”.

Sin embargo, el Colegio solo ha registrado el caso del periodista y catedrático Carlos Sandoval, quien es uno de sus colegiados.

“De los otros casos (de reporteros) no tenemos un conocimiento específico”, afirma Noguera.

Cuando se denunció el caso de Sandoval, la Universidad de Costa Rica, a través de un comunicado, solicitó que la Cancillería costarricense pidiera explicaciones al régimen de Ortega por impedir el ingreso al investigador.

En el caso del Colegio de Periodistas, Noguera reconoce que no han hecho gestiones ante el Estado costarricense por estos vetos.

“No tenemos ningún protocolo ni ninguna orientación definida sobre este tema”, dice Noguera, y explica que la colegiación es voluntaria, por lo que algunos de los periodistas afectados identificados por Nicaragua Actual podrían no haber acudido a ellos por no pertenecer al gremio.

“No ha habido una acción directa hacia el Estado costarricense en relación con estos temas”, reconoce Noguera, “pero eso no quiere decir que no pueda estar dentro de las acciones próximas a desarrollar”.

Temor a que lo desaparecieran

Aún consciente del riesgo, Frank Agüero dudaba si “el régimen se va a atrever” o si había una lista de costarricenses considerados “inadmisibles” en la que figurara.

Lo que no esperaba era el miedo que tuvo cuando el oficial de Migración de Nicaragua le retuvo. “Estando en un puesto fronterizo, estoy en territorio nicaragüense”, razona meses después. Pensó que podían detenerlo o desaparecerlo, como ocurre con opositores nicaragüense.

El mismo temor tuvo el penalista costarricense, Joshep Rivera, quien representa a la familia en el proceso judicial por el feminicidio de la nicaragüense Junieysis Merlo en Costa Rica. El abogado es parte de los casos de represión migratoria documentados.

“Podía pasar la situación que me podían desaparecer”, afirma. “Le di gracias a Dios que no me dejaran entrar”, dice Rivera a Nicaragua Actual.

En su informe Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) identifica 161 casos de desaparición forzada desde 2018, y de estas 29 personas siguen desaparecidas.

El comité de expertos de Naciones Unidas describe condiciones de detención “desastrosas”, así como falta de acceso a atención médica, y destaca la especial vulnerabilidad de muchas de las personas en condición de desaparición forzada.

El organismo advierte en el mismo informe, publicado el 22 de septiembre de 2026, de la represión transnacional contra opositores en el exilio. Esa persecución se expande a extranjeros, en este caso a costarricenses, confirma la investigación de Nicaragua Actual.

Vetados por ¿incomodar o ser amenaza?

La notificación por correo electrónico llegó el 25 de abril de 2026. Joshep Rivera, abogado costarricense, no iba a Nicaragua de paseo. Su equipo de comunicación había gestionado el viaje con la aerolínea Copa para reunirse con Vilma Espinoza, la madre de Junieysis Merlo, la joven nicaragüense asesinada en Costa Rica presuntamente por su expareja.

Rivera representa a la familia en el proceso penal en contra de Gustavo Adolfo Ramírez Calvo, de 57 años.

“Sin ninguna explicación, la aerolínea Copa me dice: ‘No, licenciado, usted está vetado para entrar junto con su familia’ y con el periodista que lo acompaña”, cuenta el abogado a Nicaragua Actual.

El abogado pretendía ir a los municipios de San Juan de Río Coco y Telpaneca, departamento de Madriz, en Nicaragua, donde vive la familia de Merlo.

El veto del régimen Ortega-Murillo también fue contra su esposa y el periodista que lo acompañarían en el viaje. “Yo soy aquí el abogado mediático, ella nada tiene que ver en esto”, dice sobre que se afectara a su esposa.

¿Por qué prohibir el ingreso al abogado que busca justicia en el feminicidio de Yunieysis? La única razón que Rivera puede concebir es que “el gobierno de Rosario Murillo y Daniel Ortega son un poco Paranóicos”.

“Decían que yo era un espía de la CIA o del FBI”, afirma el abogado costarricense.

Al igual que en la mayoría de los casos documentados, a Rivera lo perfilaron en Migración de Nicaragua y en esa búsqueda, supone, encontraron información y fotos de 2024 cuando viajó a Washington, Estados Unidos, en la que aparece en el distrito de Columbia, en las instalaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés).

La única versión que tiene el abogado de por qué prohibieron su ingreso al país llegó por una funcionaria en Migración que conoce y cuyo nombre reserva “por seguridad”, afirma. Según relató a Nicaragua Actual, a Rivera lo investigaron “por redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook” y en las autoridades nicaragüenses concluyeron que es amigo del gobierno de Estados Unidos.

Un aparato de férreo control fronterizo

En base a los casos documentados, Nicaragua Actual determinó que los costarricenses inadmisibles en el país siguen el mismo sistema represivo contra los opositores nicaragüenses. Todo es coordinado entre la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio del Interior, la Policía y el Ejército de Nicaragua para impedir el ingreso al país de personas consideradas indeseables por motivos políticos.

El GHREN de la ONU sostiene que este mecanismo incluye la revisión anticipada de listas de pasajeros de aerolíneas y empresas de transporte terrestre, contrastadas con bases de datos de inteligencia en las que participan estructuras policiales y militares. Las restricciones pueden notificarse por correo electrónico, teléfono o mensajes de texto a los celulares, aunque algunas personas descubren que tienen prohibida la entrada del puesto fronterizo, al intentar abordar un vuelo o autobús, incluso después de aterrizar en Managua.

Al abogado Rivera le prohibieron el ingreso pese a que la codictadora, Rosario Murillo, ofreció “apoyo” a la familia de la Juniesysis Merlo para repatriar sus restos. Además del hecho de que la Policía del régimen estaba en comunicación con la de Costa Rica para saber del avance de la investigación judicial contra el acusado del feminicidio.

“Se realizan desde la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, ante las autoridades de Costa Rica para solicitar, requerir un informe sobre el asesinato de Junieysis Adely Merlo Espinoza”, declaró Murillo el 10 de abril del 2026, de acuerdo con medios oficialistas.

El abogado Joshep Rivera asegura que a la fecha ninguna autoridad nicaragüense lo ha contactado por el feminicidio de la joven Merlo.

Cancillería de Costa Rica: pueden rechazar a quién quieran

Frank Agüero es consciente de los crímenes del régimen Ortega-Murillo. Por eso, antes de intentar cruzar al país le dijo a un amigo que si en media hora de estar en el puesto fronterizo “no daba señales de vida, hiciera algo”.

El momento que más lo inquietó fue cuando su pasaporte salió de su vista. “Esta gente puede simplemente no volver nunca mi pasaporte y aquí yo quedo indocumentado”, recuerda haber pensado.

A pesar de que reconoce haber estado en peligro, Agüero no denunció ante la Cancillería de su gobierno lo que enfrentó en el puesto migratorio nicaragüense. Sin embargo, este costarricense dice que “en este momento, no es un momento para ir a Nicaragua”.

De los 15 casos registrados en los que 110 costarricenses fueron afectados por rechazos de ingresos, expulsiones o restricciones migratorias de Nicaragua, solo el de Francisco Agüero no fue público. El resto fue ampliamente reportado por medios costarricenses, nicaragüenses en el exilio e internacionales.

Sin embargo, la posición de la Cancillería de Costa Rica es que no ha recibido reportes, quejas ni solicitudes de asistencia consular de costarricenses a quienes se les haya impedido ingresar a Nicaragua, ni tiene reportes de nacionales retenidos o arrestados por motivos vinculados al contexto político de ese país.

“El Departamento Consular no ha recibido reportes, quejas o solicitudes de asistencia consular en ese sentido. Aclaramos que la asistencia consular para costarricenses no puede abarcar la garantía de ingreso a un país distinto a Costa Rica, dado que la decisión final de permitir -o no- el ingreso de un extranjero a su territorio, es un tema de soberanía de cada país y recae sobre sus autoridades migratorias”, respondió a consultas de Nicaragua Actual.

A través del Departamento de Prensa, Cancillería también confirmó que no ha realizado gestiones diplomáticas sobre estos casos, al no haber recibido solicitudes de asistencia, y que Costa Rica no ha emitido una alerta de viaje específica para Nicaragua.

Este medio insistió en una segunda consulta para conocer si la Cancillería desconocía los casos divulgados por medios de comunicación; no hubo respuesta.

La misma postura dio la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. “Hemos revisado a nivel de la institución y, a la fecha, no se ha recibido ninguna denuncia al respecto sobre el tema que usted plantea y, por lo tanto, no existe un abordaje institucional sobre este tema por el momento”, respondió a través del Departamento de Prensa.

Nicaragua Actual hizo una segunda consulta, pero no obtuvo respuesta. La Defensoría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa costarricense encargado de proteger los derechos e intereses de las personas frente a abusos, errores u omisiones de la Administración Pública.

El daño que causa la represión migratoria

Pero la represión migratoria contra costarricenses por parte del régimen Ortega-Murillo tiene consecuencias. Por ejemplo, negarle el ingreso al abogado Rivera tiene un riesgo en el proceso judicial por el feminicidio de Junieysie Merlo.

La mamá de la víctima, Vilma Espinoza, le firmó un poder a Rivera para representarla. Para eso, Espinoza logró salir de Nicaragua, acompañada de un hijo y de una hija con doble nacionalidad, nicaragüense y española. Según el relato de Espinoza al abogado, en Migración nicaragüense, en la frontera de Peñas Blancas, les sellaron el pasaporte, les pidieron esperar a que llegara “la guardia civil” o miembros del ejército, y luego se las llevaron en un vehículo para que cruzaran rápido a Costa Rica.

Con el poder de representación, por ahora, como la causa está en fase de investigación, la audiencia preliminar no exige la presencia de Espinoza. Pero si el caso pasa a juicio, doña Vilma deberá viajar a Costa Rica a declarar.

“A mí me preocupa que el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega le nieguen la entrada” a Espinoza cuando regrese a Nicaragua, dice Rivera.

La expansión de la represión del régimen ahora alcanza a los costarricenses a través de “una cortina de hierro” migratoria, afirma el abogado.