¿Plata perdida en movilidad? La Procuraduría exige cuentas por multas de tránsito vencidas en el Valle de Aburrá
- Colombia
- octubre 6, 2026
- No Comment
- 42
La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre la gestión de los comparendos de tránsito en diez municipios de Antioquia. El organismo de control requirió información a las administraciones de Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, La Estrella, Sabaneta y Caldas sobre las multas que han prescrito y los procesos adelantados para evitar que otras obligaciones pierdan vigencia.
El requerimiento fue realizado por la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá, en el marco de sus funciones preventivas. La entidad solicitó a los organismos de tránsito y secretarías de movilidad información detallada sobre el estado de las infracciones prescritas, la cartera que permanece pendiente de cobro y las acciones que se han implementado para mejorar el recaudo.
Uno de los puntos que busca revisar el Ministerio Público es cuánto dinero podría estar en riesgo por cuenta de comparendos que no fueron cobrados dentro de los términos establecidos. También pidió conocer el estado de los procesos de cobro coactivo que adelantan las autoridades municipales para recuperar esos recursos.
La Procuraduría solicitó, además, que cada municipio informe qué medidas de mejora ha implementado para prevenir que las obligaciones lleguen a la prescripción. La petición deberá ser atendida por los funcionarios competentes de cada administración.
El requerimiento tiene un carácter preventivo y busca fortalecer los mecanismos de recaudo de los ingresos provenientes de las multas de tránsito.
Con la información entregada por los diez municipios, el organismo de control podrá evaluar cómo se están gestionando estas obligaciones y si existen situaciones que requieran actuaciones adicionales.
En el caso de los comparendos, la prescripción implica que transcurra el término establecido para que la autoridad pueda hacer efectivo el cobro de la sanción. Las sanciones de tránsito prescriben en tres años contados desde la ocurrencia de la infracción.
Sin embargo, ese término puede interrumpirse con la notificación del mandamiento de pago. Por eso, uno de los aspectos relevantes de la revisión será establecer qué actuaciones realizaron las secretarías de movilidad para evitar que las obligaciones llegaran a ese punto.
Por ahora, la Procuraduría no ha señalado que los diez municipios hayan incurrido en una irregularidad. La actuación corresponde a un requerimiento de información para conocer el estado de la cartera, las obligaciones prescritas y las medidas adoptadas por las administraciones.
Con los informes, el Ministerio Público podrá determinar si es necesario avanzar en otras actuaciones relacionadas con la gestión de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones de las autoridades de tránsito.
Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.
Bloque de preguntas y respuestas
