Así es el contrato con el que el ICBF pagó más de $400 millones en un arriendo fantasma

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, solicitó investigar el pago de $400 millones por el arriendo de un predio que no se utilizó. Este contrato fue extendido seis días antes de finalizar el gobierno de Gustavo Petro.

La solicitud de las pesquisas la hizo la funcionaria tras una visita al Valle del Cauca. De acuerdo con la denuncia de Restrepo, el ICBF en la administración anterior desembolsó $409.333.027 por un inmueble destinado al traslado del Centro Zonal de Sevilla que permaneció completamente desocupado y sin prestar ningún servicio a la ciudadanía.

Según la denuncia, a pesar de la inactividad total del predio y de que el personal del Instituto continuó laborando en la antigua sede, el contrato no solo se mantuvo vigente desde su firma a finales de 2025, sino que fue objeto de una adición presupuestal y una prórroga que extendió su ejecución hasta el 31 de octubre de 2026.

El contrato se firmó el 24 de diciembre de 2025 y debía finalizar el 31 de julio de 2026. En ese tiempo fue cuando la entidad desembolsó los más de 400 millones de pesos. Sin embargo, el 1 de agosto se hizo una adición por $173.830.440.

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Este predio nunca fue ocupado, no entró en funcionamiento ni recibió usuarios. La entidad denunció que, tras la firma del contrato, no se ejecutaron las obras y adecuaciones físicas necesarias para poner el inmueble a punto, por lo que, a pesar de que se estaba pagando un canon de arrendamiento mensual equivalente a $57.943.480, los servidores y contratistas tuvieron que permanecer laborando en la sede que venían utilizando previamente.

Esta documentación que obtuvo la directora designada por Abelardo de la Espriella durante un recorrido de verificación técnica por el departamento del Valle del Cauca será remitida a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.

“Los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”, aseguró Carolina Restrepo a través de un comunicado.

Con esa información, las autoridades deberán evaluar la planeación, supervisión y ejecución contractual, verificar si hubo detrimento patrimonial, determinar si se constataron las condiciones locativas antes de renovar y comprobar si los fondos comprometidos en la adición posterior al 31 de julio fueron efectivamente girados.

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