Principales sospechosos del asesinato de guardián de la cárcel de Itagüí fueron enviados a la cárcel

Los dos principales sospechosos del asesinato de un guardián del Inpec a las afueras de la cárcel de Itagüí fueron enviados a prisión por orden de un juez.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía los presentara en audiencia y les imputara el delito de homicidio, así como fabricación, tráfico o porte de armas, ambos en condición de agravados.

Si bien los procesados insistieron en su inocencia y no se allanaron a los cargos, una jueza de control de garantías avaló la imputación y les dictó medida de aseguramiento intramural mientras se resuelve su situación judicial.

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El asesinato del dragoneante del Inpec, Wilber Ferney Martínez Sana, se perpetró el pasado jueves 13 de agosto.

El uniformado fue abordado por hombres armados hacia las 6:10 de la mañana en inmediaciones del barrio San Francisco –en la carrera 70 con calle 25– a pocas cuadras de la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí.

Escasos minutos luego del crimen, las autoridades activaron un cerco y a través de la red de cámaras de seguridad de la Alcaldía de Itagüí empezaron a rastrear a los sospechosos, que se movilizaban en un vehículo.

Gracias a esa información en tiempo real, la Policía pudo interceptar a los sospechosos.

Al momento de la detención, los dos hombres portaban un arma de fuego y un silenciador, según informó la Policía.

Según señaló la Fiscalía, los dos imputados responden a los nombres de Yesison Alexis Arenas Torres y Emanuel Patiño Garzón.

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Mientras el primero es señalado por la Fiscalía de disparar contra el guardián del Inpec, el segundo es señalado de conducir el vehículo para llegar y huir de la escena del crimen.

Crimen fue repudiado

Desde el pasado 13 de agosto, el asesinato del dragoneante Martínez fue rechzado por varias organizaciones, especialmente la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), sindicato del que este era uno de sus directivos.

“Rechazamos categóricamente la violencia y los actos criminales que siguen cobrando la vida de nuestros compañeros. No podemos acostumbrarnos a que quienes trabajan y sirven al país sean silenciados por las balas”, expresó esa organización.

De igual forma, defensores de derechos humanos hicieron un llamado a proteger la vida de los trabajadores del Inpec.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Inpec y a todas las instituciones competentes para que se adopten medidas reales y efectivas que protejan la vida e integridad tanto del personal penitenciario como de la población privada de la libertad”, expresó Jorge Carmona Vélez, defensor de derechos humanos del sistema penitenciario.

Pese a que las autoridades continúan avanzando en las investigaciones, todavía no es claro quiénes son los autores intelectuales del crimen.

Por ahora, ha llamado la atención que el crimen ocurrió a poco menos de una semana de que desde ese penal fueron trasladados por lo menos 17 cabecillas a otros centros penitenciarios, lo que se presume podría haber generado cambios en el crimen organizado de la ciudad.