¿Por qué los cubanos tenemos que seguir trámites complicados y pagar tanto por ellos?

Cada año, miles de cubanos que intentan emigrar, obtener una nacionalidad, homologar un título universitario, casarse en el extranjero o gestionar una herencia descubren un obstáculo que pocos conocen hasta que lo sufren: Cuba sigue fuera del Convenio de La Haya de 1961 que creó el sistema internacional de la Apostilla.

La consecuencia es inmediata. Mientras ciudadanos de más de 120 países pueden validar un documento público mediante un único trámite, los cubanos deben recorrer una cadena de legalizaciones consulares que multiplica los costes, alarga los plazos y, en el contexto de la profunda crisis institucional de la Isla, abre la puerta a demoras indefinidas, corrupción y arbitrariedades.

El problema trasciende lo burocrático. Tiene un impacto directo sobre el ejercicio de derechos fundamentales de millones de cubanos dentro y fuera del país.

Un convenio que simplificó el mundo… excepto para Cuba

El Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, oficialmente denominado Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, es uno de los instrumentos más exitosos del Derecho Internacional Privado.

Su finalidad consiste en eliminar la antigua cadena de legalizaciones diplomáticas exigidas para que un documento expedido en un país tenga validez en otro.

Para ello creó una figura única: la Apostilla de La Haya.

Contrario a lo que muchas personas creen, la apostilla no certifica el contenido del documento. Únicamente acredita tres aspectos: la autenticidad de la firma; la condición en que actuó el funcionario que lo firmó; la autenticidad del sello oficial.

Con esa única certificación, el documento puede surtir efectos en cualquiera de los Estados parte del Convenio sin nuevas legalizaciones.

El sistema reduce tiempos, abarata costes, aporta seguridad jurídica y facilita la movilidad internacional de personas, empresas e instituciones.

Precisamente por ello, más de 120 Estados se han incorporado al Convenio. Cuba continúa al margen.

Qué ocurre cuando un documento sale de Cuba

Al no formar parte del Convenio, las autoridades cubanas carecen de competencia para emitir apostillas.

Eso obliga a cualquier ciudadano que necesite utilizar un certificado de nacimiento, matrimonio, antecedentes penales, título universitario o poder notarial fuera de la Isla a seguir el antiguo procedimiento de legalización diplomática.

Actualmente ese recorrido comprende, por regla general: certificación por la autoridad que emitió el documento; legalización ante el Ministerio de Justicia, competencia que asumió tras el Acuerdo No. 10034 del Consejo de Ministros, de 30 de diciembre de 2024, sustituyendo al Ministerio de Relaciones Exteriores; legalización o reconocimiento por el consulado del país donde el documento surtirá efectos.

Cada etapa implica nuevos pagos, desplazamientos, esperas y, en muchos casos, el envío internacional de documentos originales y traducciones oficiales.

Mientras un ciudadano español, mexicano, argentino o colombiano puede resolver el procedimiento mediante una sola apostilla, un cubano debe atravesar una cadena administrativa considerablemente más compleja.

Una carga para toda la diáspora

La situación afecta especialmente a una emigración que supera ampliamente los dos millones de personas repartidas por decenas de países.

Cada año miles de cubanos necesitan documentos expedidos en la Isla para solicitar residencia, adquirir otra nacionalidad, matricularse en universidades, homologar estudios, tramitar herencias, registrar matrimonios o autorizar poderes notariales.

Cada uno de esos procedimientos termina siendo más caro y lento únicamente porque Cuba permanece fuera del sistema internacional de apostilla.

La situación se agrava por la crisis que atraviesan las instituciones cubanas.

Las demoras acumuladas en registros civiles, notarías y oficinas del Ministerio de Justicia han convertido muchos de estos trámites en procesos de varios meses e incluso más de un año.

«Tuve que esperar casi ocho meses»

La experiencia de los afectados refleja hasta qué punto la falta de adhesión al Convenio tiene consecuencias cotidianas.

«Necesitaba mi certificación de nacimiento para solicitar la nacionalidad española. Entre conseguir el documento en Cuba, legalizarlo y enviarlo, el proceso tardó casi ocho meses. Si Cuba utilizara la apostilla, habría sido muchísimo más sencillo», cuenta a DIARIO DE CUBA una cubana residente en Madrid.

Un ingeniero emigrado a México relata que gastó varios cientos de euros entre legalizaciones, envíos y traducciones para homologar su título universitario.

«Mis compañeros colombianos hicieron el trámite con una apostilla. Yo tuve que pagar tres veces más y esperar casi un año».

Desde Miami, otra cubana explica que renovar un poder notarial para gestionar una propiedad familiar terminó convirtiéndose en una carrera de obstáculos.

«Cada oficina pedía un sello distinto. Cuando lograbas uno, aparecía otro requisito. Es desesperante.»

Un abogado especializado en extranjería consultado por DIARIO DE CUBA considera que los documentos cubanos son, hoy por hoy, «de los que generan mayor carga administrativa» en procedimientos migratorios internacionales precisamente por la ausencia del sistema de apostilla.

¿Por qué Cuba sigue fuera?

Hasta la fecha, las autoridades cubanas nunca han ofrecido una explicación jurídica oficial que justifique la no adhesión al Convenio. 

Desde el punto de vista técnico, no existe impedimento.

El Convenio integra a países con sistemas políticos, económicos y jurídicos muy distintos.

La permanencia de Cuba fuera del sistema resulta difícil de justificar desde criterios de eficiencia administrativa y protección de los derechos de los ciudadanos.

Además, el actual modelo mantiene el cobro sucesivo de tasas en cada etapa del procedimiento.

Diversos juristas consideran que ello plantea interrogantes sobre si el interés recaudatorio termina prevaleciendo sobre la simplificación administrativa que beneficiaría tanto a los residentes en la Isla como a la diáspora.

Una reforma con beneficios inmediatos

La adhesión del Gobierno de Cuba al Convenio de La Haya produciría efectos casi inmediatos. Entre ellos, simplificación de los procedimientos administrativos; reducción de costes para ciudadanos y empresas; mayor seguridad jurídica; facilitación del comercio y la inversión; mejora de la movilidad académica y profesional; agilización de los trámites migratorios y familiares.

En un contexto marcado por la creciente emigración y la digitalización de los servicios públicos, permanecer fuera del sistema internacional de apostilla supone una desventaja que afecta diariamente a decenas de miles de cubanos.

Más que una cuestión técnica, la decisión repercute directamente sobre quienes necesitan ejercer derechos tan básicos como estudiar, trabajar, casarse, heredar o reunirse con sus familias fuera de la Isla.