El Tribunal Supremo confirma las condenas contra cuatro cubanos que se manifestaron en Encrucijada

El Tribunal Supremo de Cuba confirmó las condenas impuestas a cuatro manifestantes de Encrucijada, en Villa Clara, al rechazar el recurso de casación presentado por sus defensas, una decisión que deja firmes las penas de entre cinco y ocho años de prisión dictadas por participar en las protestas contra los apagones de noviembre de 2024.

Los afectados son el escritor y opositor José Gabriel Barrenechea Chávez, Rafael Javier Camacho Herrera, Yandri Torres Quintana y Rodel Bárbara Espinosa Rodríguez, condenados en enero de 2026 por el Tribunal Provincial de Villa Clara por el supuesto delito de desórdenes públicos.

La decisión del máximo órgano judicial llega alrededor de seis meses después de que se solicitara la revisión del caso y agota una de las últimas vías legales disponibles dentro del sistema judicial cubano.

Según el fallo, divulgado por Cubanet, el Tribunal Supremo rechazó los argumentos de la defensa relacionados con el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, ambos reconocidos formalmente por la Constitución cubana. En su resolución, sostuvo que la protesta provocó una «perturbación real del orden público» al obstaculizar el tránsito peatonal y vehicular mediante una concentración «ruidosa y persistente».

Los cuatro fueron arrestados tras las manifestaciones del 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, cuando cientos de vecinos se congregaron frente a las sedes del Partido Comunista y del Gobierno municipal para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico después de más de 48 horas de apagón. Los participantes golpearon calderos y otros objetos metálicos en una protesta pacífica que se enmarcó en la ola de manifestaciones provocadas por el colapso del sistema eléctrico nacional.

Aliusha Herrera, madre de Rafael Javier Camacho Herrera, citada por Martí Noticias, dijo que esperaba al menos una reducción de la condena de siete años impuesta a su hijo.

«Yo tenía la esperanza de que al menos le hicieran una rebaja a esos siete años que sentenciaron a mi hijo injustamente, porque mi hijo lo único que hizo fue tocar calderos y pedir electricidad, como un pueblo entero que salió a la calle y solo cuatro inocentes están pagando por eso», declaró.

La mujer también describió el clima de miedo que persiste en Encrucijada y expresó sentimientos encontrados sobre la posibilidad de un cambio político en Cuba.

«Por momentos tengo esa esperanza, pero por momentos pienso que aquí no va a pasar absolutamente nada y que vamos a seguir siendo los reprimidos, los maltratados, los avasallados y los muertos», afirmó.

El pastor Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, organización con la que colaboraba Barrenechea, sostuvo que el proceso estuvo viciado desde el inicio y aseguró que el escritor nunca debió haber sido encarcelado.

«José Gabriel Barrenechea no debió haber estado ni un solo día preso. Desde el 8 de noviembre de 2024 lo mantienen ilegalmente preso», señaló.

Lleonart añadió que tanto el juicio como los recursos posteriores se desarrollaron sin las garantías propias de un Estado de derecho y expresó su confianza en que tanto Barrenechea como el resto de los presos políticos recuperarán la libertad.

La ratificación de las condenas coincide con una nueva escalada de protestas por los apagones en varias provincias del país. Durante los últimos días se han reportado manifestaciones y cacerolazos sobre todo en barrios de La Habana, donde los residentes han vuelto a salir a las calles para exigir electricidad tras cortes que, en algunos casos, superan las 30 y hasta las 70 horas consecutivas.

Desde el estallido de julio de 2021, organizaciones de derechos humanos han denunciado la utilización de los tribunales para imponer severas condenas a participantes en manifestaciones pacíficas, mientras centenares de cubanos permanecen encarcelados por motivos políticos.