Carlos Cuenca de Cambio Radical será presidente de la Comisión de Acusación: así quedaron las cargas

Carlos Cuenca de Cambio Radical será presidente de la Comisión de Acusación: así quedaron las cargas

Entre las decisiones estratégicas de la nueva legislatura ha estado la conformación de la Comisión Primera de Senado y Cámara y la de Investigación y Acusación (también de Cámara), el órgano encargado de investigar al presidente de la República, a magistrados y al fiscal general.

En la tarde de este miércoles 29 de julio, se confirma que el representante Carlos Alberto Cuenca Chaux, de Cambio Radical, será el nuevo presidente de la Comisión para el periodo 2026-2027. Así mismo, Katherine Pulecio Gómez fue elegida como secretaria.

Cuenca tendrá a su cargo un momento clave para esa instancia, ya que deberá liderar un nuevo reparto de los expedientes, entre ellos los cerca de 200 procesos que deja el presidente saliente, Gustavo Petro.

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Entre ellos figuran desde denuncias presentadas por ciudadanos, hasta otros de “mayor calibre” como las investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, caso sobre el cual el Consejo Nacional Electoral ya adoptó decisiones contra la campaña.

Hasta ahora, Cuenca había actuado como investigador en varios de los casos de mayor relevancia relacionados con el mandatario, incluido el derivado de las denuncias presentadas por el excanciller Álvaro Leyva, en el que se solicitó la práctica de un examen toxicológico.

Pero no solo eso. El representante de Cambio Radical llega a una comisión integrada por cinco miembros del Pacto Histórico elegidos personalmente por Gustavo Petro.

Los elegidos fueron David Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Fuentes del Congreso aseguraron a este diario que al mandatario le presentó un listado de nueve posibles candidatos y de ahí habría escogido.

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Y es que, según le contaron fuentes a EL COLOMBIANO, la experiencia que dejó el cuatrienio anterior no habría pasado desapercibida.

Petro no quería repetir lo ocurrido con la entonces representante Gloria Arizabaleta, quien, pese a ser considerada cercana al petrismo, impulsó una decisión para suspender al mandatario por su presunta participación en política durante las elecciones.

Aunque luego esa actuación fue revertida al concluir que el congresista no tenía competencia para adoptar esa determinación, el episodio dejó en evidencia que el Gobierno no tenía pleno control sobre quienes integraban esa comisión.

Además, varios congresistas consultados por este diario señalaron que, durante las negociaciones para conformar las comisiones, uno de los principales objetivos del Gobierno saliente era asegurar el mayor número posible de puestos en la Comisión de Acusación.

El propio Petro lo dejó entrever en un mensaje publicado en X en respuesta al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, a quien le dijo que su verdadero interés era quedarse con esa instancia para “meterlo preso”.

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Pero el interés no era exclusivo de la administración Petro. El gobierno entrante también habría seguido de cerca esa conformación.

La comisión quedaría integrada, además de los del Pacto, por tres del Centro Democrático: Jesús Salim Lorduy, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda; tres del Partido Liberal: José Fredy Arias, Johana González y Mario José Carvajal; dos del Partido Conservador: Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte; uno del Partido de la U: Diana Carolina Riveros; y dos representantes de las curules de paz: Jorge Rodrigo Tovar y Luis Ramiro Ricardo.

Carlos Cuenca cursó estudios de Mercadeo en la Universidad Cooperativa de Colombia. Posteriormente se especializó en Marketing Político y Estrategias de Campaña, así como en Gobierno y Gestión Pública Territorial en la Universidad Externado de Colombia, donde también obtuvo una maestría en Comunicación Política.

Desde 2008 se desempeña como representante a la Cámara, cargo desde el cual ha integrado distintas comisiones y ha participado en el trámite de proyectos legislativos y procesos de control político.

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