Dictadura plantea extender mandato presidencial hasta 7 años

La dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició el “proceso de consultas” sobre una reforma a la constitución con la que busca rediseñar el sistema electoral nicaragüense para excluir completamente a la oposición. Esa misma fecha, en una sesión de la Asamblea Nacional, el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, abogó por extender el periodo presidencial hasta los 7 años.

El proceso inició el lunes, 27 de julio, apenas una semana después de que Ortega anunciara que en el país “no volverá a haber elecciones”.

El encuentro con las legaciones diplomáticas tuvo lugar en la sede de Cancillería en Managua y fue encabezado por Porras; los co-cancilleres Valdrack Jaentschke y Denis Moncada; el asesor presidencial Laureano Ortega Murillo; representantes del Consejo Supremo Electoral (CSE) y diputados oficialistas y de partidos colaboracionistas con representación parlamentaria.

En esa primera sesión del proceso tomaron parte representantes de organismos internacionales como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instituciones ligadas a Naciones Unidas, y embajadores de diversos países, incluyendo a Honduras, El Salvador, Chile, Argentina, Cuba, Venezuela, Rusia, Irán, entre otros.

Durante el encuentro, las autoridades sandinistas, dirigidas por una comisión especial nombrada por la Asamblea el mismo día, insistieron en que sí habrá elecciones, aunque bajo nuevas reglas que impedirán participar a quienes el régimen considere “golpistas”, “vendepatrias” o personas vinculadas a sanciones internacionales.

Porras encabeza esa comisión junto con los diputados (sandinistas en su mayoría):

1. Arling Patricia Alonso
2. Amada Pineda
3. María Hayde Osuna (del Partido Liberal Constitucionalista, colaboracionista)
4. Raquel Dixón
5. Wilfredo Navarro
6. Alejandro Mejía (de Alianza Liberal Nicaragüense, colaboracionista)
7. Edwin Castro
8. Lesther Flores (PLC, colaboracionista)
9. Mario Asensio (del Partido Liberal Independiente, colaboracionista)
10. María Auxiliadora Martínez
11. Wálmaro Gutiérrez

Buscan responder a la presión internacional

Desde el discurso pronunciado por Ortega el 19 de julio, en el que aseguró que “no volverá a haber elecciones” para impedir que la oposición “atrape el gobierno”, el régimen ha enfrentado una ola de condenas de gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos, Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Ante esa reacción, Porras reconoció ante el cuerpo diplomático que las declaraciones del mandatario habían generado “una cantidad de interpretaciones” y afirmó que precisamente por ello el régimen impulsa una reforma para dejar establecido que sí habrá elecciones, aunque únicamente bajo las condiciones fijadas por el sandinismo.

“Sí van a haber elecciones. Los nicaragüenses, con nuestro espíritu de soberanía y autodeterminación, vamos a hacer las elecciones del pueblo nicaragüense, para el pueblo nicaragüense“, afirmó Porras durante su exposición.

Exclusión constitucional de la oposición

Aunque el régimen insiste en presentar la reforma como un fortalecimiento de la democracia, Porras confirmó que uno de sus principales objetivos será elevar a rango constitucional las actuales prohibiciones para participar en política fuera del régimen sandinista.

Explicó que las reformas impedirán ser candidatos a quienes hayan participado, financiado o apoyado supuestos “intentos de golpe de Estado”, así como a quienes hayan solicitado sanciones internacionales, promovido intervenciones extranjeras, recibido financiamiento del exterior o respaldado bloqueos económicos contra el régimen.

Irónicamente, todas esas medidas habrían impedido al Frente Sandinista participar en la política nacional, ya que durante su etapa guerrillera (1961-1979) y su primera dictadura (1979-1990), el liderazgo sandinista intentó (y, en última instancia, logró) deponer al régimen somocista por vía armada, promovió sanciones y presión diplomática contra el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, fue punta de lanza de la intervención cubana y soviética en Nicaragua, y recibió financiamiento, coordinación, logística y adiestramiento extranjero durante décadas.

También anunció que el CSE recibirá nuevas atribuciones para negar la personalidad jurídica de partidos políticos y cancelar candidaturas que incumplan esas disposiciones que pretenden imponer.

En la práctica, estas restricciones abarcan a buena parte de la oposición política, organizaciones de derechos humanos y dirigentes exiliados, muchos de los cuales ya fueron despojados de su nacionalidad o inhabilitados mediante leyes aprobadas desde 2018.

Estudian ampliar los períodos

Durante la sesión en la Asamblea, Porras abogó específicamente, en nombre del gobierno, “ordenarse por periodos efectivos de siete años renovables”. Pero el régimen también estaría estudiando modelos con mandatos de hasta diez años.

Porras reveló además que la comisión especial analiza modificar nuevamente la duración de los períodos de las autoridades electas. Aunque aseguró que todavía no existe una propuesta definitiva, indicó que estudian modelos de distintos países con mandatos de entre cuatro y diez años.

Porras justificó el análisis argumentando que períodos más largos permitirían garantizar “estabilidad, seguridad y paz” para desarrollar políticas “de combate a la pobreza”.

La constitución ya había sido adulterada en 2025 para ampliar de cinco a seis años los períodos presidenciales y trasladar las próximas elecciones generales de 2026 a 2027.

“Acompañamiento”, no observación

Uno de los pocos cuestionamientos públicos durante la reunión provino del embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, quien preguntó al régimen si contemplaba permitir algún mecanismo de observación independiente para las próximas elecciones.

Porras respondió que Nicaragua continuará permitiendo únicamente “acompañamiento” electoral, término utilizado por el régimen desde hace varios años para sustituir las misiones internacionales de observación electoral con delegaciones o bien de regímenes afines, o bien de agrupaciones de extrema izquierda.

“Nuestras elecciones siempre han sido observadas, acompañadas, llamamos nosotros, porque realmente son acompañadas“, respondió el presidente de la Asamblea Nacional, quien insistió en que los futuros comicios serán “absolutamente democráticos” a pesar de la explícita exclusión de la oposición.

Un mes de “consulta”

Según anunció la codictadora Rosario Murillo, el proceso de consultas se extenderá durante todo agosto e incluirá reuniones con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ejército, la Policía, el sector empresarial, iglesias, alcaldías, funcionarios públicos, pueblos indígenas y afrodescendientes, universidades, organizaciones oficialistas y otros sectores previamente seleccionados.

El régimen prevé concluir las consultas a finales de agosto y aprobar la reforma durante los primeros días de septiembre, en lo que ha denominado el “Mes de la Patria“.

Diversos gobiernos, Naciones Unidas y organizaciones internacionales han advertido que las reformas buscan institucionalizar la exclusión definitiva de la oposición política y consolidar un sistema electoral sin competencia, luego de que Ortega declarara públicamente que no permitirá que la oposición vuelva a disputar el poder mediante elecciones.