Dictadura impone a Reyna Rueda como mayordoma de Santo Domingo

La codictadora sandinista Rosario Murillo ha usurpado las tradicionales fiestas de Santo Domingo de Guzmán en Managua con el anuncio que la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, será mayordoma de las celebraciones, una decisión completamente ajena a los procedimientos históricos de esta festividad religiosa y que ocurre sin un pronunciamiento de la Iglesia católica.

La orden de nombrar a Rueda habría venido directamente de Murillo, quien además habría instruido la entrega de “la tajona”, símbolo tradicional asociado al cargo de mayordomo durante las festividades. Tras el nombramiento, Rueda agradeció la designación a través de los medios oficialistas.

“Hoy celebramos ese respaldo y la paz que reina en el país, lo cual nos permite honrar nuestra tradición, nuestra fe y la devoción a nuestro santo patrono, Santo Domingo de Guzmán“, afirmó la alcaldesa sandinista. Rueda había sido nombrada incluso antes de que la Iglesia católica confirmara las actividades.

La tradicional bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, conocido popularmente como “Minguito“, estaba prevista para el próximo 1 de agosto. Hasta el momento, el único anuncio eclesiástico relacionado con las fiestas ha sido la presentación del lema pastoral por parte del sacerdote Boanerges Carballo, párroco del Santuario de Las Sierritas.

“Este año el lema nos invita a que con Santo Domingo de Guzmán somos comunidad; somos comunidad que ora porque, siguiendo el ejemplo de nuestro santo patrono, ponemos a Dios en nuestras vidas; somos una comunidad que celebra porque la fe se vive con alegría”, expresó el sacerdote en un mensaje difundido por la parroquia.

La figura del mayordomo ha ocupado históricamente un lugar central en las fiestas patronales de Managua. Tradicionalmente, el cargo ha recaído en promesantes o devotos estrechamente vinculados a la organización de la celebración religiosa y al resguardo de sus tradiciones populares.

Sin embargo, durante los últimos años, el régimen ha incrementado su presencia en las festividades mediante la participación de instituciones estatales, alcaldías y estructuras del Frente Sandinista, incorporando actos oficiales y una fuerte presencia propagandística.

Una violación de principios

El nombramiento de Rueda representa uno de los pasos más visibles de esa intervención estatal en una celebración profundamente arraigada en la religiosidad popular nicaragüense y supone uno de los actos de intromisión estatal en la vida religiosa más evidentes en los últimos años.

Si bien la constitución impuesta por el régimen en 2025 no prohíbe a un funcionario público participar en actividades religiosas a título personal, toda vez que el Estado utilice su poder para apropiarse, dirigir o interferir en la organización interna de una confesión religiosa entraría en una vulneración del artículo 14, que establece que “el Estado no tiene religión oficial”.

Si una tradición religiosa posee mecanismos propios para designar a quien desempeña el papel de mayordomo, y una autoridad estatal impone unilateralmente a esa persona utilizando el aparato del Estado, existe una injerencia estatal en la organización de una práctica religiosa, algo difícilmente compatible con los principios constitucionales en los artículos 29 y 69.

La decisión también ocurre en medio de la prolongada confrontación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica. Desde 2018, el régimen ha expulsado obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas; encarcelado a clérigos; confiscado bienes e instituciones católicas; restringido procesiones y actividades religiosas, además de mantener una campaña permanente de descalificación contra la jerarquía eclesiástica.

En las últimas semanas, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado preocupación por la desaparición forzada del obispo emérito de Estelí, monseñor Abelardo Mata, y por el incremento de las represalias contra la Iglesia en Nicaragua.

En ese contexto, la designación de una alta funcionaria sandinista como mayordoma de las fiestas patronales es vista por sectores católicos y tradicionalistas como un nuevo intento del oficialismo de ampliar su control sobre una de las manifestaciones religiosas y culturales más importantes del país.