Oposición clama a la OEA por abolición de las elecciones en Nicaragua

Un grupo de organizaciones políticas y plataformas opositoras nicaragüenses en el exilio instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a activar los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, tras las declaraciones del dictador Daniel Ortega en las que anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”.

En un pronunciamiento conjunto divulgado el jueves, 23 de julio, las organizaciones sostienen que las palabras de Ortega constituyen una “ruptura abierta con los principios democráticos” y representan una decisión incompatible con el derecho internacional y con los compromisos asumidos por Nicaragua dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El documento fue suscrito por la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Asamblea Nicaragüense por la Democracia (AND), Avanza, la Concertación Democrática Nicaragüense (Monteverde), Mesa Todos Somos Nicaragua, Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista) y Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Según los opositores, el anuncio del mandatario no constituye únicamente una decisión de política interna, sino “la abolición del derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus gobernantes” y la formalización de “un régimen autoritario, permanente y dinástico”.

Los firmantes sostienen que esta decisión viola obligaciones internacionales adquiridas por el Estado nicaragüense, entre ellas la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que reconocen la democracia representativa, el pluralismo político y el derecho de los ciudadanos a participar en la conducción de los asuntos públicos.

Por ello, demandaron a los órganos competentes del Sistema Interamericano “activar los mecanismos jurídicos y diplomáticos previstos para responder a una ruptura del orden democrático” y solicitaron que los Estados miembros mantengan el desconocimiento de cualquier medida destinada a eliminar el derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades.

Además, reclamaron el restablecimiento de las libertades fundamentales, la liberación de los presos políticos, el regreso seguro de los desterrados y desnacionalizados, la restitución de derechos a los profesionales del derecho y de la salud afectados por recientes medidas del régimen, así como el cese de la represión y del destierro arbitrario.

Las organizaciones reiteraron que la única salida a la crisis nacional pasa por “la restauración del orden constitucional mediante elecciones libres, competitivas, transparentes y con observación internacional independiente”, acompañadas de garantías para todos los actores políticos.

Asimismo, advirtieron que la consolidación de un régimen sin elecciones tendría consecuencias que trascienden las fronteras nicaragüenses, al profundizar el exilio, estimular nuevas olas migratorias y afectar la estabilidad democrática regional.

“Defender las elecciones libres en Nicaragua es defender la democracia en las Américas“, concluye el pronunciamiento.

Ciudadanos por la Libertad

De forma paralela, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en el exilio emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el anuncio de Ortega, al considerar que elimina “de manera absoluta cualquier posibilidad de iniciar un proceso de transición democrática que permita restablecer el Estado de derecho y las garantías constitucionales de todos los nicaragüenses”.

La organización afirmó que la supresión de la competencia electoral “no solo representa un golpe definitivo a las libertades políticas y civiles, sino que coloca una lápida sobre las aspiraciones de restituir todos los derechos ciudadanos que nos han quitado, reconstruir instituciones legítimas, transparentes y respetuosas”.

CxL también advirtió sobre las repercusiones económicas de la medida, al señalar que el cierre definitivo de los espacios democráticos podría “desencadenar un colapso económico”, profundizar el empobrecimiento de la población y provocar “una nueva ola de migración masiva, especialmente hacia Estados Unidos y otros países de la región”.