Las protestas por apagones y falta de agua siguen ‘prendiendo’ La Habana pese al despliegue policial

El malestar por los prolongados apagones, la falta de agua y el deterioro de los servicios básicos volvió a sacar a decenas de cubanos a las calles de La Habana durante la noche del miércoles, en una nueva jornada de protestas que se extendió por varios municipios de la capital pese al despliegue policial.

El foco principal de las manifestaciones se registró en Santiago de las Vegas, municipio de Boyeros, donde vecinos denunciaron cortes eléctricos de largas horas, varios días sin suministro de agua y una creciente respuesta represiva de las autoridades.

De acuerdo con videos y testimonios difundidos por el activista Saúl Manuel y recopilados por la plataforma Ciudadanía y Libertad, decenas de personas se concentraron en distintos puntos de Boyeros, entre ellos las inmediaciones del CUPET de Mazorra y el semáforo cercano a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí.

«No tenemos corriente desde las 9:00 de la mañana. No hemos podido cocinar ni bañarnos. Desde hace dos meses no tenemos agua«, denunció una residente en un audio publicado por Saúl Manuel en sus redes sociales. Según su testimonio, fueron niños quienes comenzaron el cacerolazo que dio paso a la protesta.

Otro vecino aseguró que «todo Boyeros fue para la avenida hasta el CUPET de Mazorra y de ahí viraron para el Gobierno«, y afirmó que durante la intervención policial «le dieron golpes hasta a los niños». Esa misma persona sostuvo que el servicio eléctrico fue restablecido únicamente después de la manifestación.

Ciudadanía y Libertad informó que los manifestantes llegaron a bloquear la avenida Boyeros en una zona próxima al aeropuerto internacional, mientras coreaban consignas como «¡Libertad!». Testigos también reportaron la llegada de numerosas patrullas, un amplio despliegue policial y presuntos disparos.

La plataforma añadió que coincidieron con la protesta interrupciones en el servicio de internet, una práctica denunciada anteriormente durante manifestaciones populares en la Isla.

Las protestas también alcanzaron la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Según los testimonios recogidos, la manifestación continuó aún después de que regresara el servicio eléctrico y se prolongó hasta entrada la madrugada.

La nueva jornada de protestas se suma a otras registradas en los últimos días en distintos barrios de La Habana. CubaNet informó que, la noche anterior, residentes de Marianao —muchos de ellos adolescentes— protestaron frente a la sede del Gobierno municipal tras permanecer más de 40 horas consecutivas sin electricidad. Los manifestantes intercambiaron con funcionarios rodeados por patrullas policiales.

En San Miguel del Padrón también se reportó otro episodio de protesta, donde vecinos prendieron fuego a un basurero en el reparto La Cumbre, en medio del deterioro de los servicios públicos y la acumulación de desechos.

Las nuevas manifestaciones confirman la continuidad de una ola de protestas que ha recorrido numerosos municipios de La Habana, impulsada por los apagones de hasta 20 horas diarias, la escasez de agua potable y el agravamiento de la crisis económica.

Mientras tanto, la organización Cubalex denunció un nuevo caso de represión contra quienes participan en estas protestas. La ONG informó que Lismani Acosta Gómez, detenido el pasado 6 de julio durante un cacerolazo en Guanabacoa, fue trasladado esta semana a la prisión El Vivac tras permanecer más de dos semanas bajo detención arbitraria.

Según Cubalex, inicialmente las autoridades comunicaron a su familia que sería liberado bajo fianza, pero posteriormente cambiaron la medida cautelar por prisión provisional. La organización alertó además sobre el estado de salud del joven, quien vive con VIH y requiere atención médica especializada por una lesión, circunstancias que agravan los riesgos de su permanencia en prisión.

El caso se suma al de otras personas arrestadas por participar en las recientes protestas de Guanabacoa, cuyos nombres y situación jurídica aún no han sido esclarecidos, en un contexto de creciente persecución contra ciudadanos que reclaman pacíficamente mejores condiciones de vida en medio del colapso de los servicios básicos.