Dictadura subordina los municipios a la Procuraduría de Rosario Murillo

La Asamblea Nacional, bajo control de la dictadura sandinista, una reforma a la Ley (1259) Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) el miércoles, 25 de marzo, sometiendo a empleados del sector público en la administración municipal a esa entidad de control pleno de los codictadores, sobre todo Rosario Murillo.

La reforma deroga efectivamente la Ley (502) de Carrera Administrativa Municipal, dejando al servicio municipal regido por la Ley (476) del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Esto implica un traspaso de propiedad anteriormente bajo la Carrera Administrativa Municipal a la PGJ, según describe el artículo 5.

También fue derogado el Decreto Ejecutivo 51-2005, que había fijado el Reglamento de Carrera Administrativa Municipal.

El personal que laboraba para la Carrera Administrativa Municipal no formalmente integrados a las municipalidades pasarán igualmente a formar parte de la nómina de la Procuraduría General de Justicia, “respetando sus derechos, antigüedad y beneficios“, según asegura el artículo 6.

La ley incluye en el artículo 4 un “sistema de capacitaciones” para servidores públicos municipales, financiado por un aporte del 2% del monto total de las planillas de las alcaldías.

En efecto, la ley crea un marco para el control sobre estructuras, personal y recursos que antes estaban en esa carrera municipal, incluyendo bienes y presupuesto, por parte del súper-ministerio que es la PGJ, bajo el control de la codictadora Rosario Murillo, a través de la operadora sandinista Wendy Morales.

Así, el régimen profundiza su anulación de la autonomía municipal, ya de por sí lacerada por la figura del secretario político que funcionaba como enlace entre el centro de poder en Managua y cada una de las alcaldías, bajo control entero del Frente Sandinista desde el fraude electoral de 2022, ampliamente rechazado a nivel internacional y por la oposición en el exilio.