PGJ otorga concesión minera a empresa ligada al Ejército sandinista

PGJ otorga concesión minera a empresa ligada al Ejército sandinista

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la dictadura sandinista otorgó concesiones para la extracción de minerales no metálicos en lotes de Ciudad SandinoMateare, departamento de Managua, a una empresa ligada al Ejército de Nicaragua, según consta en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua, el lunes, 2 de marzo.

La empresa en cuestión es GPC Productos de Concreto de Nicaragua, S. A., representada por el contador Domingo Enrique Carranza Mejía, identificado como parte de una red empresarial ligada al Ejército de Nicaragua por una investigación de la prensa independiente.

Esta entidad recibió concesiones para tres lotes que suman unas 131.51 hectáreas de terreno con derecho de exclusividad para la exploración, explotación y establecimiento de plantas procesadoras. GPC debe iniciar sus labores en un plazo no mayor de cuatro años desde que se otorgó la concesión, con vigencia de 25 años.

El primer lote es la Mina Buena Vista de 37.89 hectáreas y el segundo es Mina Xolotlán de 35 hectáreas, ambos en Ciudad Sandino; el tercero es Mina Xiloá de 58.62 hectáreas en Mateare.

La solicitud había sido presentada por Carranza el 18 de febrero de 2026 y le fue aprobada cuatro días después, el 20, con la firma de Norman Henríquez Blandón, a cargo de la Dirección General de Minas, traspasada a la autoridad de la PGJ mediante una ley de urgencia presentada por los codictadores y aprobada por la Asamblea sandinista el mismo mes de febrero.

Anteriormente, la Dirección General de Minas era parte del Ministerio de Energía y Minas, bajo la autoridad de Salvador Mansell. En la PGJ, fue puesta bajo la autoridad de Wendy Morales, pero en última instancia es supervisada por los codictadores Daniel OrtegaRosario Murillo.

Carranza fue identificado en la investigación ya mencionada como accionista y operador en distintas empresas ligadas al Ejército sandinista. Estas empresas reciben contratos millonarios como proveedores de la institución castrense, un sistema de extracción y clientelaje que beneficia a los partidarios del régimen.

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