Gobierno firmó polémico contrato de $71 mil millones, pese a alertas de Presidencia

11 de febrero de 2026

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La Alianza Pública para el Desarrollo, AlDesarrollo, que en el pasado ya había sido denunciada por el Gobierno en medio de un presunto carrusel de contratación, recibió un contrato de la Unidad de Víctimas “a dedo” por $71.186 millones cinco días antes de entrar en vigor la ley de garantías electorales.

Caracol Radio denunció que sobre sus directivos pesan tres indagaciones activas en la Fiscalía por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Dos de esos procesos están en la Dirección Seccional Bogotá y el otro, en la Dirección Especializada contra la Corrupción. Las tres indagaciones registran actividades de policía judicial avanzadas.

Los cuestionamientos se profundizan sobre esa empresa luego de que se conoció que Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación investigar a los directivos de AlDesarrollo y otras dos entidades supuestamente implicadas en la adjudicación de contratos públicos que superan los $1.3 billones entre 2018 y 2025.

La denuncia, en ese momento, advertía sobre un posible concierto para delinquir entre esas organizaciones, las cuales comparten una red de más de doce personas en roles estratégicos, presuntamente “para falsear el mercado y alterar las probabilidades del sistema competitivo en el marco de procesos de contratación pública”.

A pesar de los hallazgos de Idárraga, que llenaron 52 páginas, y de las pesquisas de la Fiscalía, hace dos semanas la Unidad para las Víctimas le adjudicó a AlDesarrollo, representada legalmente por Ómar Enrique Flórez Escorcia, un negocio de $71.186 millones, con un objeto sumamente ambicioso: “Contratar los servicios de un operador para la adquisición, transporte y suministro de productos alimenticios y no alimenticios que incluye cargue y descargue en todos los departamentos, municipios, corregimientos, veredas, zonas rurales del territorio nacional y territorios étnicos, con destino a la población en riesgo o víctima del conflicto armado interno”.

El convenio no detalla cómo se entregarán kits en menos de 24 horas en zonas remotas, limitándose a una vaga promesa de subcontratación.

Pese a que el subdirector Ronald Javier Becerra justificó la urgencia para proteger derechos fundamentales, la propia Unidad admitió después por escrito que “no se trata de una emergencia”, contradiciendo su propio argumento legal para evadir la licitación.

Detrás de AlDesarrollo, que en su página web se promociona como una corporación de ciencia e innovación, se esconde un “todero” contractual. Según su registro en Cámara de Comercio, la entidad tiene facultades tan disímiles como la publicidad institucional, la extracción de petróleo y hasta servicios de energía nuclear.

Este polifacético objeto social cobra relevancia tras la denuncia del secretario Idárraga, quien sostiene que AlDesarrollo, RedSUMMA y Kluster Latam operan como un solo cuerpo. Bajo el “ropaje” de entidades independientes, un grupo de 17 personas habría simulado competencia en al menos 20 procesos contractuales.

Pese a la gravedad de los hallazgos, la corporación guardó silencio ante los reiterados intentos de ese medio por obtener una respuesta.

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