El Clan del Golfo creció un 30% pese a tener una mesa en la Paz Total
- Colombia
- enero 31, 2026
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El eco de los disparos sigue en la memoria de quienes tuvieron que abandonar su casa a toda prisa. En algunas veredas, las aulas se transformaron en refugios improvisados y los caminos rurales en rutas de huida. Familias enteras salieron con lo puesto, sin saber cuándo —o si— podrían regresar. Esa escena, repetida en distintos puntos del país a lo largo de 2025, resume el clima con el que Colombia comenzó 2026: una violencia que volvió a sentirse cercana, cotidiana y profundamente humana.
Detrás de esas historias hay cifras que explican por qué el miedo se reinstaló en tantos municipios. Al cierre de 2025, los grupos armados ilegales sumaban más de 27.000 personas entre combatientes y redes de apoyo, un crecimiento cercano a una cuarta parte en apenas un año, de acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
El aumento confirma que estas estructuras no solo resistieron la presión estatal, sino que lograron fortalecerse y recomponerse con rapidez. Uno de los casos más representativos es el del Clan del Golfo, que amplió su tamaño de manera acelerada y consolidó su presencia en varias regiones.
Según la FIP, el grupo armado ilegal reclutó 2.300 nuevos integrantes durante 2025. Es decir, creció en un 30%, convirtiéndose en el grupo criminal que más aumentó su pie de fuerza en el año.
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Este crecimiento ocurrió en un contexto contradictorio: mientras el grupo participa en los esfuerzos de la política de “paz total”, su máximo jefe es requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y pesa sobre él una recompensa millonaria (5.000 millones de dólares).
La mesa de diálogo con el Gobierno, trasladada de Catar a Colombia, avanza sin resultados visibles y con un calendario que se aplaza una y otra vez. Según la FIP, ni la ofensiva militar, ni los espacios de negociación, ni las ofertas de sometimiento individual han logrado frenar la capacidad de estas organizaciones para reclutar y reorganizarse.
El informe señala que su fortalecimiento responde a varias dinámicas combinadas: la expansión territorial y el control de la vida local en comunidades donde el Estado tiene presencia limitada; las nuevas disputas armadas derivadas de fracturas internas y choques entre grupos; y estrategias de reclutamiento más elaboradas, que incluyen pagos regulares e incentivos poco comunes en el pasado.
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El resultado fue un 2025 marcado por la confrontación. El país registró el mayor número de disputas armadas de la última década, impulsadas en buena medida por la ruptura de acuerdos informales que antes evitaban choques abiertos. Regiones como el Catatumbo, Vichada, Caquetá y Guaviare se convirtieron en epicentros de enfrentamientos, mientras la fragmentación de las disidencias abrió nuevos frentes de conflicto.
Hoy existen 13 zonas con disputa activa, casi el doble de las que había al inicio del actual gobierno. En esos territorios, la población civil ha cargado con el mayor peso. El desplazamiento forzado y el confinamiento alcanzaron niveles que no se veían desde los primeros años de implementación del Acuerdo de Paz.
Paralelamente, los grupos ilegales ampliaron su control territorial: el Clan del Golfo reforzó su dominio en el norte del país, mientras distintas disidencias avanzaron en departamentos como Tolima y Huila, pese a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Las consecuencias humanitarias fueron severas. El desplazamiento creció de manera abrupta, en especial por crisis regionales como la del Catatumbo, que obligó a decenas de miles de personas a dejar sus hogares. De hecho, para el 6 de enero, ya 130 familias habían sido desplazadas de aquella zona en lo corrido del año. En total, van más de 92.000 personas desplazadas.
Una escena ocurrida en enero en la vereda San Francisco, en el municipio de Yondó, ilustra esta realidad. Durante varios días, los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo mantuvieron a decenas de familias confinadas.
Algunas huyeron por trochas hacia veredas vecinas; otras se refugiaron en una pequeña escuela rural que dejó de ser espacio educativo para convertirse en albergue, mientras el sonido de las detonaciones marcaba el ritmo de los días.
La respuesta del Estado fue más visible en términos operativos. En 2025 aumentaron las acciones de la Fuerza Pública y se mantuvieron abiertos distintos canales de interlocución con estructuras armadas, tanto en zonas rurales como en ciudades como Buenaventura, Medellín y Quibdó.
Aunque estos espacios no son negociaciones formales, buscan reducir la violencia mientras se define si pueden escalar a diálogos más estructurados. En algunos casos, sin embargo, los procesos están estancados y sin resultados concretos.
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