El papel de Martha Peralta en el saqueo a la UNGRD, según imputación a Bonilla y Velasco

La audiencia de imputación de cargos contra los eximinstros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, dejó al descubierto la presunta participación de la senadora Martha Peralta (Pacto Histórico) en la repartija de contratos en el Congreso para la aprobación de reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este lunes la Fiscalía les imputó a los exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

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La fiscal del caso explicó que los exfuncionarios definieron las bases del modus operandi, que consistía en garantizar apoyos parlamentarios mediante la entrega de contratos. A cambio, los congresistas comprometían su voto, su presencia en el quórum o su participación en debates clave, especialmente en iniciativas relacionadas con el endeudamiento de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.

En la audiencia, la Fiscalía se refirió a cuatro proyectos radicados en el Invías por más de $571.000 millones y cinco proyectos en la UNGRD por más de $40.000 millones que hicieron parte del esquema de “cupos indicativos” entregados a congresistas a cambio de votos, quórum y apoyo en debates clave. Siete de estos contratos habrían sido asignados directamente para “comprar” el trámite de las reformas sociales.

El ente investigador señaló que el exministro Velasco ordenó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, asistir al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado el 13 de junio de 2023 y ofrecer contratos a congresistas para ampliar las mayorías que tenían para aprobar ese proyecto.

La imputación sostuvo que ese día López se reunió con la senadora Marta Peralta, quien coordinaba la estrategia del Gobierno, y acordó gestionar proyectos dentro de la Unidad para beneficiar a congresistas.

La Fiscalía afirmó que la congresista también pidió direccionar contratos hacia varios congresistas de la coalición de Gobierno que reclamaban mayor participación.

De estas instrucciones surgieron cuatro proyectos por más de $12.395 millones en los departamentos del Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira. Estos se distribuyeron así: en Puerto Concordia (Meta), obras para controlar la erosión del río Ariari, por un valor de $5.458 millones; en Aguazul (Casanare), intervenciones por las afectaciones del río Únete; en Mistrató (Risaralda), obras para mitigar riesgo hídrico en la quebrada Rayanal, por un valor de $4.811 millones; así como en La Guajira horas de maquinaria amarilla para mantenimiento de jagüeyes, por un valor de $2.125 millones.

Otro episodio expuesto por la Fiscalía ocurrió en junio de 2023, cuando, según el ente acusador, Luis Fernando Velasco le ordenó a Olmedo López, entonces director de la UNGRD, apoyar la aprobación de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.

Para cumplir esa instrucción, López debía asistir a uno de los debates y ofrecer contratos a parlamentarios con el fin de ampliar las mayorías del Gobierno. También debía ponerse a disposición de la senadora Marta Peralta, quien lideraba la estrategia para garantizar el “sí” a la reforma.

El 13 de junio de 2023, López asistió al debate y acordó con Peralta gestionar proyectos dentro de la UNGRD que beneficiaran a congresistas de esa comisión.

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