Otra sandinista sancionada es integrada a la Corte Suprema

La operadora sandinista Rosa Argentina Solís Dávila fue admitida para ocupar el cargo de magistrada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras la renuncia de Armando Juárez el 26 de noviembre, sexto magistrado de la institución en dejar el puesto en las últimas dos semanas.

La magistratura de Solís ya era hecho consumado desde el momento en que fue propuesta por la codictadora Rosario Murillo, dado el control absoluto de la dictadura sandinista sobre el órgano Legislativo. La ahora magistrada fue juramentada de forma exprés el mismo viernes al mediodía, apenas un día después de que el resto de la nueva judicatura leal a Murillo hiciera lo mismo.

Mientras que los diputados sandinistas insisten en que Solís ha mantenido “una trayectoria sin sanciones en el ejercicio legal“, el 19 de julio de 2023 fue incluida en la llamada “Lista Engel” de Estados Unidos, un compendio de actores corruptos y antidemocráticos, por su complicidad en los abusos de la dictadura sandinista.

El Departamento de Estado estadounidense la señaló de “socavar los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de” Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según esta institución, Solís, en calidad de magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, es responsable de “suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense“.

Otros tres magistrados sancionados por acciones corruptas o antidemocráticas han sido sentados en el Tribunal Supremo del país: se trata de Ana Julia Guido, Ernesto Leonel Rodríguez y Octavio Ernesto Rothschuh, los tres sandinistas.

Tanto Guido, fiscal general; como Rodríguez y Rothschuh, expresidente y exmagistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua respectivamente, han sido señalados por organismos internacionales de graves violaciones a los derechos humanos por su papel en el encarcelamiento de presos políticos posterior al estallido social de abril de 2018.

Rodríguez y Rothschuh fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en base a su colaboración con la dictadura. Guido también recibió una sanción, pero en 2020, de parte de la misma institución por su complicidad con el socavamiento del Estado de Derecho y las normas democráticas.