Defensoría pidió suspender de sus cargos a presuntos implicados en infiltración de las disidencias de “Calarcá”

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las graves revelaciones de posibles vínculos entre miembros del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc (EMC) y altos funcionarios del Estado. La Defensoría pidió que la Fiscalía General y la Procuraduría adelanten investigaciones penales.

También recomendó evaluar el retiro temporal de funciones de quienes hoy se ven comprometidos en estos delitos para evitar interferencias en el proceso.

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Se trata del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, director de DNI, luego de que salieran a la luz revelaciones sobre su presunta relación con el grupo armado ilegal para conformar empresas fachada de seguridad privada y entregar información sensible sobre operaciones militares. Por este hecho, la Procuraduría ya abrió una investigación.

“Es imprescindible que sus superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones”, advierte la Defensoría.

Entre los peces gordos que iban en los vehículos estaban Alexander Díaz Mendoza (alias Calarcá), comandante del bloque Jorge Briceño; Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”), comandante del frente 18; y Édgar de Jesús Orrego Arango (“Firu”), comandante del frente 36.

A los cabecillas y negociadores del EMC el Gobierno les suspendió las órdenes de captura en junio de 2024, cuando se tomó la decisión de continuar las conversaciones de paz con una facción del EMC.

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La entidad pidió al presidente Gustavo Petro establecer los protocolos y garantías para evitar que la suspensión de órdenes de captura sea usada “para fines distintos al fin de la violencia”.

El hecho ocurrido en Anorí “género dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de órdenes de captura”, pues “se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad”.

Según la Defensoría, existen dos imágenes completamente distintas del EMC.

La versión que aparece en la mesa de diálogo, con compromisos de cese de reclutamiento, concentración temporal y tránsito hacia el desarme, y la realidad que vive la población, marcada por la expansión territorial del grupo, el aumento de hombres en armas y el fortalecimiento del control poblacional en regiones como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo.

“¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?”, cuestionó la entidad.