Fiscal general ordenó investigación por supuesta cooptación de agentes de inteligencia por parte de alias Calarcá

24 de noviembre de 2025

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Casi 24 horas después de que Noticias Caracol revelara evidencias sobre la presunta infiltración de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo se pronunció al respecto.

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El tan esperado pronunciamiento llegó en la noche de este lunes a través de un comunicado en el que la propia fiscal Camargo anuncia la apertura de una investigación de la supuesta cooptación de agentes de inteligencia y del Ejército por parte ‘Calarcá’.

Esta investigación comenzará con la “intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada”, en la que se busca establecer las “amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”, que haría generado la supuesta cooptación.

Por su parte, señala el comunicado que la Fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, “para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados”.

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En el comunicado, el ente investigador hace un recuento de cómo llegaron a su poder los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información revelada por la investigación periodística de Noticias Caracol y que aclaran que, desde su incautación, han estado bajo la custodia de la DIJIN “por lo que resulta alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales”.

La Fiscalía señala que en los hechos registrados el 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño, cuando fue interceptada una caravana de integrantes de las disidencias de las Farc a bordo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en un retén militar “fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos”.

En esos vehículos transitaban Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu. Las autoridades del departamento los detuvieron y los trasladaron a un batallón en el municipio de Bello.

Alias Calarcá, Echavarría Escobar, Agudelo Salazar y Rey Rodríguez, “no fueron capturados” y, por el contrario, fueron dejados en libertad horas después “porque previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro” en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año.

Mientras que María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, fueron judicializados por el delito de porte ilegal de armas de fuego, “por el que aceptaron cargos y fueron condenados cumpliendo actualmente pena de prisión”.

Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, por su parte, fue capturado por homicidio, delito por el cual “ya se radicó escrito de acusación y quien también permanece privado de la libertad”.

Volviendo a los elementos incautados, la entidad sostiene que “el más reciente cruce y análisis de datos” ordenado por la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en MedellÍn, que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos, ocurrió el pasado 24 de septiembre, “junto con un amplio despliegue de actos investigativos, para ser validados como evidencia ante la Judicatura”.

“A la fecha, continúa en verificación la gran cantidad de información hallada”, indica la Fiscalía.

En ese sentido, el ente aclara que ni la fiscal Camargo “ni ninguna otra dependencia de la entidad” recibió reportes de la información recaudada desde el momento de la incautación de los elementos hasta la fecha, es decir, 16 meses.

“Ni el Despacho de la fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc), superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”, agrega.

En esa línea, la entidad insiste que, “sin perjuicio de los principios de unidad de gestión y jerarquía, propios de la Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades”.

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