La empresa de papel que se ganó multimillonario contrato en Buenaventura; ¿qué hay detrás?

¿Por qué? Según una investigación del diario El Olfato, el consorcio que se ganó el contrato está encabezado por una empresa con señas de identidad borrosas, cifras financieras imposibles y una experiencia contractual que, según documentos oficiales, nunca pudo existir.

La decisión de entregar más de $33.000 millones al Consorcio AMG-CPI CAPS terminó desencadenando denuncias penales, advertencias ministeriales y dudas sobre la actuación de los funcionarios que impulsaron la adjudicación.

La investigación se cierne sobre los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsa denuncia en persona determinada.

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Lo que aflora hoy es un entramado en el que fallas de verificación, domicilios ficticios y señales ignoradas confluyeron hasta favorecer a una compañía que no ha logrado demostrar ni solidez empresarial ni trayectoria real en infraestructura hospitalaria.

La protagonista de este caso es A.M.G. Construcciones e Ingeniería S.A.S., la firma líder del consorcio ganador.

La empresa se convirtió en el punto crítico del proceso desde el primer filtro: el documento presentado para acreditar experiencia en infraestructura hospitalaria —un contrato supuestamente suscrito con Cafesalud hace 25 años— contenía fechas imposibles, actas firmadas antes del cierre contractual y referencias a un contratista que jurídicamente ni siquiera existía en ese momento.

Pese a la inconsistencia evidente, Findeter dio por válida la experiencia.

Los problemas no terminaron ahí. Al verificar la dirección comercial de la compañía, se encontró un lote baldío en Santa Rosa del Sur, Bolívar. Tras ser requerida, la empresa entregó una nueva ubicación que resultó ser una vivienda familiar sin actividad empresarial visible.

La Oficina de Planeación solo certificó que el predio existe, no que allí funcione la sociedad. Aun así, Findeter aceptó la corrección sin una sola visita de inspección.

Las finanzas de A.M.G. profundizaron las dudas. Una auditoría independiente determinó que la empresa pasó de tener un patrimonio de $15 millones a casi $19.000 millones en menos de dos años, un aumento descomunal que no está respaldado por ampliaciones de capital, contratos previos o soportes contables verificables.

También reportó utilidades del 58 %, siete veces por encima del promedio del sector construcción. La auditora calificó las cifras como “anómalas” y posiblemente manipuladas. Para completar el cuadro, los estados financieros entregados no coinciden con la información de la Cámara de Comercio y presentan firmas irregulares.

El representante legal agrega otra capa de opacidad: cinco meses antes de asumir el control de A.M.G. aparecía en el Sisbén en el grupo A5, asociado a pobreza extrema. Poco después figuraba al frente de una empresa con utilidades multimillonarias y aspirante a ejecutar uno de los contratos más grandes del programa CAPS.

Mientras las inconsistencias se acumulaban, otros oferentes denunciaban maniobras dentro del proceso. Un consorcio inicialmente habilitado fue reclasificado a última hora como “no habilitado”, sin oportunidad de subsanar y a escasos días de la apertura económica. La decisión dejó a A.M.G. como único competidor en carrera.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud envió el 18 de septiembre una advertencia formal a la Procuraduría solicitando control preventivo urgente. El documento mencionaba posibles falsedades en la experiencia aportada, inconsistencias en el RUP, vacíos jurídicos y falta de transparencia financiera. También alertaba que la selección objetiva y el patrimonio público estaban en riesgo.

Cuatro días después, Findeter adjudicó.

Aunque hay un acta de adjudicación del 22 de septiembre, el contrato no aparece en SECOP II. No hay acta de inicio, ni trazabilidad, ni documentos visibles. Aun así, la empresa adjudicataria asegura que ya inició la ejecución. De ser cierto, estaría en marcha un contrato que legalmente no existe en los sistemas oficiales, en contravía de la Ley 2195 de 2022.

En el centro de la polémica aparece Iván Alirio Ramírez Rusinque, secretario general (e) de Findeter, abogado del Externado y figura clave en los procesos contractuales de la entidad.

Fuentes internas que hablaron con el diario El Olfato lo describen como el articulador silencioso de la contratación y aseguran que ha sostenido reuniones con contratistas en restaurantes de lujo en Bogotá.

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Su nombre se menciona junto a un círculo de poder que incluiría a la superintendente Cielo Rusinque, a Liliana María Zapata —cercana al ministro Ricardo Bonilla— y a Hernán Pardo, gerente de Infraestructura.

Dentro de Findeter, ese grupo es señalado como decisivo en procesos de alto valor, incluido el de Buenaventura.

Lo que debía ser un avance en salud pública terminó atrapado en un proceso dominado por documentos dudosos, domicilios inexistentes, finanzas inverosímiles y advertencias ignoradas. Findeter adjudicó sin verificar y sin frenar, mientras la empresa ganadora avanzó sin aportar garantías claras.

Hoy no hay CAPS, el contrato no está en SECOP y los recursos quedaron en manos de una empresa cuya existencia operativa sigue sin demostrarse.

Ni el Consorcio AMG-CPI CAPS, ni Iván Alirio Ramírez Rusinque, secretario general de Findeter, respondieron las preguntas al respecto que enviaron desde El Olfato.

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