Petro ordena bombardeo contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, mientras la paz total va a la deriva

El jefe de Estado anunció la decisión a través de su cuenta en la red social X: “Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”. La operación se desarrolla en una zona selvática del departamento, donde las autoridades habían detectado un campamento asociado a las estructuras del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas Farc.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que desde la madrugada las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutan una “contundente operación ofensiva” contra las estructuras de ese grupo armado. “Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía están ejecutando esta operación en las selvas del Guaviare (…). Operación en evolución”, detalló.

De acuerdo con el ministro, las acciones buscan golpear las redes de alias ‘Iván Mordisco’, que según el Gobierno mantienen control armado sobre comunidades rurales y realizan actividades de narcotráfico y extorsión en la región. También recordó que existe una recompensa de 5.000 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de Néstor Gregorio Vera Fernández, nombre real de ‘Iván Mordisco’.

El cabecilla lidera el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más grande surgida tras el acuerdo de paz de 2016, con presencia en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Está incluido en el cartel de los más buscados por delitos de terrorismo, homicidio de personas protegidas, reclutamiento forzado y narcotráfico.

Durante los últimos meses, el Guaviare se ha convertido en el centro de una disputa interna entre facciones de las disidencias. Por un lado, están las estructuras que obedecen directamente a Mordisco; por el otro, las que siguen a alias Calarcá Córdoba, lo que ha desatado enfrentamientos armados en veredas y zonas selváticas.

Las comunidades campesinas e indígenas son las más afectadas: viven bajo amenazas, con restricciones para movilizarse, y muchas familias han optado por desplazarse por miedo a quedar atrapadas en el fuego cruzado.

Lo peor, es que en julio de 2025, la Defensoría del Pueblo advirtió que más de 10.000 personas permanecieron confinadas en las zonas rurales del departamento por cuenta de los enfrentamientos de las disidencias.

La Defensoría calificó la situación como “alarmante” y pidió al Gobierno la instalación urgente de un corredor humanitario y un Puesto de Mando Unificado con enfoque territorial para atender a las familias afectadas. En sus reportes, el organismo ha insistido en que la población civil está siendo usada como escudo y que el control de las disidencias sobre el territorio se mantiene casi intacto, pese a los operativos militares.

Le puede interesar: Calamar, municipio que vive en “riesgo extremo”