Mocoa sigue esperando por viviendas prometidas tras 8 años de tragedia

El aire en Los Sauces huele a tierra mojada, a cemento envejecido y a abandono. Las montañas que rodean Mocoa, esas mismas que un día se desbordaron con furia, observan en silencio un paisaje detenido en el tiempo: muros grises, techos de zinc sostenidos con guaduas, puertas improvisadas con láminas oxidadas. Detrás de esos muros vive la esperanza suspendida de cientos de familias que lo perdieron todo en la avalancha del 31 de marzo de 2017. Ocho años después, siguen esperando las viviendas que el Estado les prometió cuando aún el barro cubría las calles y los cuerpos eran contados por decenas.

Ricardo Alegría, vocero y habitante del barrio Los Sauces II, camina entre los lotes abandonados. Las botas se hunden un poco en la tierra reseca, y el sonido del plástico que el viento arrastra rompe el silencio. Con voz firme, aunque cargada de cansancio, resume lo que siente: “Nos prometieron una reconstrucción que nunca llegó. Lo que empezó como una esperanza se convirtió en otra tragedia”.

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La noche de la avalancha

La noche de la avalancha partió en dos la historia de Mocoa. Las lluvias, el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Sangoyaco, y el rugido del lodo arrasaron con barrios enteros. Más de 340 personas murieron, más de 50 desaparecieron y 8.000 familias quedaron sin hogar. Al amanecer, mientras la ciudad olía a barro y muerte, el entonces presidente Juan Manuel Santos prometió que Mocoa quedaría “mejor que antes”.

La comunidad creyó. Otros países enviaron donaciones millonarias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció proyectos de vivienda y los damnificados se aferraron a la idea de un renacer. Pero los años pasaron y las obras se convirtieron en esqueletos de concreto. “El dinero se esfumó y seguimos desamparados. Santos entregó 300 viviendas, y de ahí para adelante, nada más. Después vino Duque, y ni una sola casa más se entregó, recuerda Alegría, señalando una estructura de cemento sin techo, marcada con pintura descolorida”.

En las fotografías de Los Sauces, los cimientos inconclusos parecen cicatrices abiertas. No hay ventanas, solo huecos que dejan pasar el viento. Algunas familias han levantado techos de zinc sostenidos con palos; otras cubren las entradas con lonas o tablas recicladas. Entre los pasillos de tierra y piedras crecen malezas que llegan hasta las rodillas.

Promesas incumplidas

Con la llegada del nuevo gobierno, muchos pensaron que las cosas cambiarían. “Un gobierno del pueblo”, dice Ricardo con ironía. Pero la esperanza volvió a convertirse en frustración. Los Sauces II se pobló de damnificados que, cansados de esperar, decidieron posesionarse de los terrenos donde debían levantarse las 909 viviendas prometidas.

El 13 de julio de 2023, tomaron la decisión de permanecer allí, para cuidar lo poco que les pertenecía. “Había rumores de una invasión —cuenta Ricardo—. Nosotros no queríamos pelear por tierra ajena, sino proteger lo que ya se había comprado para construir nuestras casas”.

Poco después, la UNGRD entabló una querella por “perturbación a la posesión”. Así empezó una nueva batalla jurídica. En los documentos abundan las fechas, tutelas e impugnaciones, pero en el terreno lo que sobran son la incertidumbre y la lluvia. “Nos llaman invasores, pero nosotros solo cuidamos el lugar donde algún día deberían estar nuestras casas. Nos señalan, nos amenazan, nos dicen que si no salimos por las buenas, saldremos por las malas”, denuncia Alegría.

En medio de esa lucha, la Contraloría ha revelado múltiples hallazgos de irregularidades fiscales por miles de millones de pesos en la reconstrucción de Mocoa. Ricardo Alegría los conoce de memoria: “Solo en enero del 2024 hubo un hallazgo por más de 20.900 millones de pesos. Otro por más de dos millones por deterioro prematuro de obras en el río Mulato. En abril de ese mismo año, se abrió otro proceso de 24.315 millones contra seis exdirectores de la UNGRD por irregularidades en el proyecto de vivienda Sauces II, donde nosotros estamos alojados”.

“Aquí hay proyectos fracasados que nunca se liquidaron. Dos contratos siniestrados, el 243 y el 244. Y nadie responde. Por eso dicen que somos la piedra en el zapato, porque no nos dejamos callar”, explica.

Una segunda tragedia

Las imágenes del barrio muestran una postal de espera. En una de ellas, una silla amarilla bajo un techo de guadua parece resumir la cotidianidad: la pausa eterna de quienes aguardan lo que nunca llega. En otra, una puerta de zinc cerrada con un alambre da paso a una casa sin ventanas. El paisaje se funde con las montañas grises, cubiertas por nubes bajas, como si el cielo mismo cargara la tristeza del lugar.

“Nosotros no pedimos limosna. Solo queremos garantías. Si dicen que nos van a desalojar, que primero nos digan cuándo comienzan las obras, cuándo terminan, y quién se hace responsable”, exige Ricardo.

Lo que más inquieta a la comunidad es el silencio institucional. Nadie sabe con certeza quién será el contratista encargado de construir las viviendas. Según Alegría, el contrato interadministrativo fue entregado “a dedo” a una empresa mixta llamada Territorio. “Solo por administrar se lleva cerca de nueve mil millones de pesos. No es por construir, es por administrar. Y aún no hay contratista. Ni siquiera han subido el proceso al SECOP”, explica, recordando las palabras de la Contraloría: si hoy comenzara el proceso, tardaría al menos cuatro meses en concretarse.

Mientras tanto, los días siguen corriendo entre promesas y papeles. La comunidad ha realizado paros, marchas, tutelas y reuniones con entidades nacionales. En febrero y abril de 2023 paralizaron la ciudad exigiendo respuestas. Luego pasaron 48 días en paro pacífico bajo el movimiento Unidad Popular del Putumayo. Ninguna entidad quiso dialogar. “Ni la Alcaldía, ni el Ministerio del Interior, ni la Unidad. Nadie”, dice Ricardo, con una mezcla de tristeza y rabia.

Para los habitantes de Los Sauces, la reconstrucción de Mocoa se ha convertido en una segunda tragedia. “Más dañina que la avalancha misma”, repite Alegría. La primera destruyó sus casas; la segunda, su confianza en el Estado. El dinero de las donaciones se evaporó entre contratos fallidos, obras inconclusas y burocracias que no rinden cuentas. Y mientras tanto, cientos de familias viven entre el polvo, con techos prestados al viento.

En la pared, con pintura negra, alguien escribió “C-5”. “Este es el lote donde debería estar mi casa —dice Ricardo—. Aquí vivo, aquí espero, y aquí voy a seguir hasta que cumplan lo que prometieron”.

La Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) están al tanto de la situación del asentamiento Los Sauces II. Tras las denuncias de los habitantes, las entidades ordenaron pausar el desalojo programado mientras se revisan los compromisos adquiridos con las familias damnificadas de la tragedia de Mocoa. EL COLOMBIANO envió un cuestionario al respecto, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

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8

años, es el tiempo que la comunidad lleva esperando por una solución institucional.