El «bloqueo» no existe

Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha cimentado su supervivencia política en una narrativa monolítica: el “bloqueo” estadounidense funciona como la explicación universal de cada fracaso económico, cada escasez, cada apagón que devasta la vida cotidiana de los cubanos. Este relato se ha repetido con tanta insistencia que ha cristalizado como verdad aceptada en amplios sectores de la opinión pública internacional.

La realidad documentada cuenta una historia radicalmente diferente. Cuando se examinan los flujos comerciales efectivos, las transacciones financieras verificables y la distribución real de recursos en la Isla, el edificio argumentativo del régimen se desmorona. Las consecuencias económicas que La Habana le atribuye al embargo resultan imposibles de sostener frente a la evidencia empírica.

Detrás de esta disonancia entre discurso y realidad se oculta una estrategia calculada. La élite castrista ha perfeccionado durante décadas el arte de transformar su propia incompetencia administrativa en victimización geopolítica, su corrupción institucionalizada en resistencia heroica, y su naturaleza extractiva en consecuencia inevitable de la hostilidad externa. Esta operación de distorsión narrativa ha resultado extraordinariamente exitosa: mientras el mundo mira hacia Washington buscando culpables, los verdaderos responsables de la tragedia cubana gobiernan desde La Habana con impunidad casi absoluta.

En menos de una semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas votará nuevamente la resolución cubana que condena el embargo estadounidense. Como cada año desde 1992, el ritual se repetirá: Cuba presentará cifras astronómicas de supuestos daños, decenas de países pronunciarán discursos solidarios, y la resolución se aprobará por abrumadora mayoría. Lo que no se discutirá en ese hemiciclo son los datos y la evidencia documental de transacciones comerciales millonarias, revelaciones sobre reservas financieras que superan las de naciones enteras, y la arquitectura real de un sistema que ha perfeccionado el arte de convertir su propia incompetencia en victimización geopolítica.

La votación en la ONU no decidirá el destino del embargo estadounidense, que seguirá vigente independientemente del resultado. Pero sí decidirá si la comunidad internacional continuará otorgando legitimidad a una explicación que exonera al régimen cubano de toda responsabilidad por el sufrimiento de su pueblo, mientras ese mismo régimen mantiene ocultos 18.000 millones de dólares que podrían resolver las crisis que atribuye a factores externos. 

Escribo este artículo porque alguna vez también fui engañada por esta narrativa de victimización. Nadie que ame su país quiere que lo dañen, claro. De eso también se aprovecha la siniestra retórica del régimen. Hoy, con acceso a la información, puedo desmontar esa retórica que durante años me interpeló.

El comercio que supuestamente no puede existir

Los registros oficiales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos plantean una contradicción frontal con la narrativa del “bloqueo total”. En 2024, las exportaciones estadounidenses a Cuba superaron los 370 millones de dólares en productos agrícolas y alimentos. Los productos incluyen pollo congelado, soja, maíz y trigo: precisamente los insumos básicos que un país supuestamente “bloqueado” no debería poder adquirir de su principal adversario geopolítico.

La diversificación comercial va mucho más allá de los alimentos. En los primeros meses de 2025, Cuba adquirió desde territorio estadounidense vehículos usados por valor de 15,3 millones de dólares, motocicletas, paneles solares, maquinaria agrícola, equipos médicos, productos químicos industriales y sistemas de refrigeración. El catálogo de importaciones abarca desde tractores John Deere hasta hostias de comunión, pasando por café premium, arroz de grano largo, leche en polvo fortificada y cortes selectos de carne de cerdo.

Este detalle técnico resulta crucial para desmontar la narrativa oficial cubana. El régimen presenta el embargo como un “bloqueo” que impide cualquier intercambio comercial. La realidad muestra transacciones millonarias, crecientes y diversificadas.

Un historial de impagos sistemáticos

La restricción que enfrenta Cuba en los mercados internacionales tiene un nombre preciso: desconfianza crediticia. Durante décadas, el régimen cubano ha tejido un historial catastrófico como deudor, marcado por incumplimientos reiterados, renegociaciones interminables y una aparente incapacidad, o más precisamente, una deliberada falta de voluntad, para honrar sus compromisos financieros.

Los números del Club de París ilustran esta dinámica con claridad meridiana. Cuba arrastra una deuda de 4.620 millones de dólares con este organismo, posicionándose como el segundo mayor deudor de América Latina, únicamente superado por Venezuela. La cifra por sí sola resulta notable, pero adquiere su verdadera dimensión cuando se examina el contexto histórico.

En 2015, el Club de París tomó una decisión extraordinaria: perdonar 8.500 millones de dólares de una deuda total que alcanzaba los 11.100 millones. La condonación eliminó más del 75% del adeudo. El saldo restante se reestructuró en términos excepcionalmente favorables: cuotas anuales mínimas hasta 2033, con un período de gracia de cinco años sin intereses. Pocos países han recibido condiciones tan benévolas.

La respuesta del régimen cubano a esta generosidad internacional ha sido el incumplimiento sistemático. Desde 2019, La Habana dejó de pagar más de 200 millones de dólares en las cuotas acordadas. Las renegociaciones se han sucedido cada pocos meses: en septiembre de 2023, en enero de 2025, y así sucesivamente. Cada encuentro repite el mismo guion: La Habana solicita más tiempo, los acreedores expresan “comprensión hacia las dificultades”, y el calendario de pagos se extiende una vez más hacia un futuro indefinido.

Este patrón de impagos trasciende al Club de París. La lista de condonaciones que Cuba ha recibido en las últimas dos décadas es asombrosa. China perdonó 6.000 millones de dólares en 2011. México condonó 487 millones en 2013. Rusia canceló 35.000 millones en 2014, eliminando el 90% de una deuda que se arrastraba desde la era soviética. Posteriormente, Moscú ha otorgado aplazamientos adicionales para las sumas pendientes.

A pesar de estas extraordinarias reducciones que suman más de 54.000 millones de dólares en deuda condonada, Cuba continúa sin pagar y acumulando nuevos adeudos. El balance actual muestra una deuda externa que supera los 40.000 millones de dólares, incluyendo compromisos impagos con Brasil, Venezuela, Argentina, España, Francia, Austria, Bélgica y Japón, además de litigios activos con acreedores privados.

Las arcas ocultas del poder militar

La narrativa oficial del régimen sobre la pobreza causada por el “bloqueo” colapsa completamente cuando se examinan las revelaciones sobre GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado militar que controla los sectores más lucrativos de la economía cubana. La filtración de 22 documentos financieros internos, analizados por la periodista Nora Gámez Torres para el Miami Herald, expuso una realidad que las autoridades cubanas han ocultado durante décadas.

Los estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 revelan que GAESA acumula al menos 18.000 millones de dólares en activos líquidos. De esta cantidad, 14.500 millones permanecen depositados en cuentas bancarias y entidades financieras propias, disponibles para uso inmediato. Para comprender la magnitud de estas cifras, basta compararlas con las reservas internacionales de países como Costa Rica y Uruguay o Panamá.

Solo durante el primer trimestre de 2024, el conglomerado militar generó 2.100 millones de dólares en beneficios netos. CIMEX, su principal empresa que administra negocios minoristas, bancarios y de comercio internacional aportó la mitad de esas ganancias. La empresa turística Gaviota, otra subsidiaria clave, mantenía 4.300 millones de dólares en sus cuentas bancarias en marzo de 2024. Esta única empresa posee casi 13 veces más recursos líquidos que los 339 millones que el propio régimen estima necesarios para abastecer todas las farmacias del país durante un año completo.

El economista Pavel Vidal caracterizó a GAESA como un “banco central paralelo” que opera completamente al margen del sistema económico formal. El conglomerado acumula divisas con una política ultra-conservadora: atesorar dólares y operar en pesos, protegiéndose así de la inflación y la devaluación que devastan al resto de la economía cubana. Esta estrategia financiera garantiza que los recursos permanezcan concentrados en manos militares mientras la población enfrenta escasez crítica de todo tipo de bienes básicos.

La estructura organizativa de GAESA funciona, como lo describió el periodista Marc Bermúdez, como una matrioska empresarial de múltiples capas. Aunque formalmente adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el conglomerado controla sectores estratégicos completos de la economía: turismo, remesas, comercio minorista, telecomunicaciones, puertos, aduanas y finanzas. Opera a través de al menos 25 empresas identificadas en los documentos filtrados, incluyendo CIMEX, Gaviota, TRD Caribe, Almacenes Universales y el Banco Financiero Internacional.

Esta asignación de recursos revela las prioridades reales del poder en Cuba. Mientras el sistema de salud carece del 70% de los medicamentos esenciales, GAESA construye hoteles cinco estrellas que permanecen vacíos. Siete de cada 10 habitaciones hoteleras en Cuba están desocupadas debido al colapso del turismo. Los nuevos establecimientos de Gaviota se suman a esta capacidad ociosa, representando una inversión multimillonaria en infraestructura que no genera retorno económico mientras la población pasa hambre.

El análisis de los estados financieros también expone que GAESA recibe subsidios directos del presupuesto estatal. Almest, la empresa de inversiones hoteleras del conglomerado, recibió 668 millones de pesos del erario público en 2023, además de 4.700 millones de pesos adicionales en inversiones estatales. A cambio, Almest reportó apenas dos millones de pesos en impuestos. Esta estructura tributaria convierte a GAESA en un sumidero neto de recursos públicos: extrae fondos del Estado pero contribuye mínimamente a sus ingresos.

La revelación de estas cifras provocó una reacción furiosa del régimen. El portal oficial Cubadebate lanzó una campaña de descrédito personal contra Nora Gámez Torres, acusándola de ser “agente de la CIA” y cuestionando su formación académica. Significativamente, el texto no discutió ni refutó una sola cifra de la investigación. Si los documentos fueran falsos o las cifras inexactas, el régimen podría simplemente publicar sus propios estados financieros y desmentir las acusaciones. En cambio, eligió el ataque personal, confirmando indirectamente la veracidad de la filtración mediante su silencio sobre los datos concretos.

Los recursos existen; lo que no existe es la voluntad de usarlos para solucionar la crisis

La pregunta que surge naturalmente de estos datos resulta tan obvia como inquietante: ¿qué podría hacer Cuba con 18.000 millones de dólares en liquidez inmediata?

Comencemos por el sistema de salud, cuyo colapso el régimen atribuye sistemáticamente al embargo. El régimen estima que necesita 339 millones de dólares anuales para abastecer todas las farmacias del país con medicamentos esenciales. Los recursos líquidos de GAESA podrían cubrir esta necesidad durante más de 54 años consecutivos sin recibir un solo dólar adicional de ingreso. Actualmente, el sistema de salud carece del 70% de estos medicamentos esenciales. La escasez no se debe a falta de recursos, sino a su deliberada concentración en manos militares.

El sector energético presenta cálculos igualmente reveladores. Mantener operativa la red eléctrica nacional, incluyendo reparaciones, mantenimiento y combustible, requiere aproximadamente 250 millones de dólares anuales, según estimaciones técnicas conservadoras. Con los recursos de GAESA, Cuba podría garantizar electricidad estable durante 74 años. Mientras tanto, la población real sufre apagones que se extienden hasta 20 horas diarias, destruyendo alimentos perecederos, paralizando la actividad económica y sumiendo barrios enteros en la oscuridad durante jornadas completas.

La deuda externa también encuentra solución inmediata con estos recursos. Los 4.620 millones que Cuba adeuda al Club de París representan solo el 25% de la liquidez de GAESA. El pago completo de esta deuda, sumado a una reducción significativa de otros compromisos internacionales, quedaría cubierto y aún sobrarían más de 13.000 millones de dólares. La rehabilitación de la credibilidad crediticia de Cuba, que permitiría acceder nuevamente a mercados financieros internacionales, está al alcance inmediato con una decisión política de usar estos fondos.

Las importaciones alimentarias constituyen otro cálculo esclarecedor. Cuba importó alimentos por aproximadamente 2.000 millones de dólares en 2024. Con la liquidez disponible en las arcas militares, el país podría asegurar la totalidad de sus necesidades de importación alimentaria durante más de nueve años, permitiendo simultáneamente inversión masiva en recuperación agrícola que redujera la dependencia externa. En cambio, siete de cada diez cubanos dejaron de hacer al menos una comida diaria por falta de dinero o alimentos disponibles.

La infraestructura productiva colapsada también tiene precio de reparación. Modernizar la planta industrial obsoleta, renovar el parque de transporte público, reconstruir caminos rurales que permitan sacar productos agrícolas del campo a los mercados urbanos: todas estas inversiones críticas cabrían holgadamente dentro de los recursos existentes. Las estimaciones técnicas sugieren que una transformación infraestructural significativa requeriría entre 3.000 y 5.000 millones de dólares durante cinco años. GAESA posee casi cuatro veces esta cantidad en efectivo inmediatamente disponible.

Incluso asumiendo la continuación de importaciones masivas de combustible los recursos permitirían mantener flujo energético estable mientras se desarrollan alternativas. El petróleo y sus derivados cuestan a Cuba aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales. Los 18.000 millones de GAESA cubrirían más de seis años de importaciones petroleras completas al ritmo actual de consumo.

Esta dinámica transforma la narrativa oficial del embargo en una herramienta de gestión política interna. Mientras la población atribuye sus privaciones a factores externos, la élite que controla GAESA puede seguir acumulando sin enfrentar cuestionamientos sobre la distribución de recursos. La pobreza extrema del 89% de la población cubana coexiste con reservas líquidas superiores a las de naciones enteras porque el sistema está diseñado precisamente para producir este resultado: concentración arriba, escasez abajo, y una explicación externa conveniente que desvía toda responsabilidad.

El victimismo como ingeniería diplomática

La narrativa del “bloqueo genocida” trasciende la propaganda doméstica para convertirse en una herramienta de política exterior de precisión quirúrgica. Cada año, la Asamblea General de la ONU escenifica el mismo ritual: Cuba presenta una resolución condenando el embargo estadounidense y obtiene apoyo abrumador. En 2024, la votación resultó en 187 votos a favor, únicamente con Estados Unidos e Israel oponiéndose y una abstención (Moldavia). 

Esta victoria diplomática anual cumple múltiples funciones estratégicas para el régimen. Primero, valida internacionalmente la narrativa victimista, legitimando ante la comunidad global la explicación cubana de sus problemas económicos. Segundo, refuerza la identidad política del régimen como David enfrentando a Goliat, posicionamiento que resuena profundamente en el sentimiento antiimperialista de numerosos gobiernos del Sur Global. Tercero, permite al régimen presentarse como víctima de una injusticia internacional que merece solidaridad y concesiones diplomáticas.

Los números que Cuba presenta ante estos foros internacionales alcanzan dimensiones estratosféricas. El Ministerio de Relaciones Exteriores denuncia “pérdidas de 7.556 millones en el último año” y “daños acumulados superiores a 170.000 millones de dólares” debido al embargo. Estos cálculos carecen de metodología transparente o verificable. Incluyen conceptos abstractos como “lucro cesante” y proyecciones de ganancias hipotéticas que Cuba habría obtenido en un escenario alternativo sin embargo.

La fragilidad técnica de estas cifras contrasta dramáticamente con su eficacia política. Pocos gobiernos cuestionan la metodología o solicitan evidencia empírica. La condena al embargo se ha convertido en ritual diplomático que muchos países ejecutan automáticamente, sin analizar si las premisas fácticas que lo sustentan corresponden con la realidad observable.

Aquí emerge una contradicción que los votos en la ONU sistemáticamente ignoran: ¿cómo puede un país genuinamente “bloqueado” importar cientos de millones de dólares anuales desde su supuesto bloqueador? ¿Cómo explica esta narrativa que Estados Unidos sea uno de los cinco principales proveedores de alimentos del mercado cubano? ¿Por qué un régimen que denuncia daños de 170.000 millones mantiene 18.000 millones en reservas líquidas sin usarlos para aliviar el sufrimiento de su población?

Estas preguntas rara vez encuentran espacio en los debates multilaterales. El formato de votación en la ONU favorece posiciones binarias: votar contra el embargo o a favor de él. La complejidad de examinar si el embargo tiene realmente los efectos que Cuba le atribuye, si existen factores domésticos más determinantes en la crisis cubana, o si la élite gobernante comparte responsabilidad significativa en las privaciones de la población, se pierde en esta simplificación forzada.

Los gobiernos que año tras año votan a favor de la resolución cubana operan con motivaciones diversas. Algunos expresan genuina solidaridad antiimperialista. Otros buscan mantener relaciones cordiales con La Habana. Varios actúan por inercia institucional, continuando posiciones establecidas décadas atrás sin reevaluación crítica. Pocos parecen haber actualizado su análisis basándose en datos comerciales actuales o en las revelaciones sobre los recursos financieros que el régimen cubano efectivamente controla.

Esta aquiescencia internacional produce consecuencias tangibles y perjudiciales. Cada voto que valida la narrativa cubana sin examinarla críticamente fortalece la posición del régimen frente a su propia población. Cuando las Naciones Unidas condenan el embargo por 187 votos contra dos, el Gobierno cubano puede mostrar este resultado como prueba irrefutable de que la comunidad internacional reconoce al embargo como causa principal de los problemas del país. La población cubana, bombardeada diariamente con este mensaje, tiene menos espacio para cuestionar si acaso existen responsabilidades domésticas en su situación.

La estrategia diplomática cubana también explota hábilmente las tensiones geopolíticas más amplias. Presentar el embargo como manifestación del imperialismo estadounidense resuena en contextos donde muchos países guardan sus propios resentimientos o conflictos con Washington. Cuba se posiciona como símbolo de resistencia, convirtiendo su voto anual en la ONU en referéndum sobre la política exterior estadounidense más que en evaluación objetiva de las causas de la crisis cubana.

Mientras este ciclo diplomático se perpetúa, el régimen cubano obtiene victorias simbólicas en Nueva York y Ginebra que refuerzan su legitimidad internacional, mantiene viva una narrativa que desvía responsabilidad por el desastre económico doméstico, y evita rendir cuentas sobre decisiones como mantener 18.000 millones en reservas militares mientras la población carece de medicamentos básicos. El victimismo ha dejado de ser mera propaganda para convertirse en estructura de gobernanza: un mecanismo que simultáneamente justifica el fracaso hacia afuera y disciplina la disidencia hacia adentro mediante la externalización sistemática de toda responsabilidad.

El negocio de los mercenarios

La contradicción moral del régimen cubano alcanza su expresión más cruda en el reclutamiento masivo de jóvenes cubanos para servir como mercenarios en la invasión rusa de Ucrania. Mientras La Habana recorre las capitales del mundo reclamando solidaridad contra el “bloqueo genocida” que condena a su pueblo al hambre, ese mismo régimen facilita el envío de decenas de miles de sus ciudadanos a morir en una guerra que no les pertenece.

Los números confirmados por fuentes múltiples son escalofriantes. Funcionarios ucranianos testificaron ante el Congreso estadounidense que Rusia ha reclutado aproximadamente 20.000 cubanos, con 7.000 ya desplegados en zonas de combate activo. Estimaciones de inteligencia occidental sugieren que la cifra real podría alcanzar los 25.000. Este contingente convierte a Cuba en el mayor proveedor de combatientes extranjeros para Moscú, superando incluso los 12.000 efectivos enviados por Corea del Norte.

La mecánica del reclutamiento expone las contradicciones del discurso oficial. El régimen insiste en que se trata de “redes de tráfico de personas” operando sin conocimiento o permiso gubernamental. Esta narrativa colapsa ante el peso de la evidencia acumulada. Nuevas rutas aéreas directas La Habana-Moscú operadas por Aeroflot comenzaron precisamente cuando se intensificó el reclutamiento. Los contratos militares llegan traducidos al español. Los reclutas pasan exámenes médicos coordinados en instalaciones cubanas. Los pasaportes de quienes viajan carecen sistemáticamente de sellos de salida, técnica deliberada para evitar rastros documentales de la participación estatal.

La motivación individual de los reclutas emerge directamente de las condiciones económicas que el propio régimen ha creado. Rusia ofrece salarios de aproximadamente 2.000 dólares mensuales. En Cuba, el salario promedio alcanza apenas 20 dólares. Para un joven que ve a su familia pasar hambre, que sufre apagones de 20 horas diarias, que carece de perspectivas de mejora en la isla, la oferta rusa representa cifras astronómicas. Cien veces su salario actual. La posibilidad de enviar dinero a casa. Quizás, eventualmente, acceso a la ciudadanía rusa y escape definitivo del sistema que lo ha condenado a la pobreza.

Las autoridades ucranianas han capturado varios mercenarios cubanos durante operaciones militares. Los testimonios de estos prisioneros coinciden en aspectos clave: muchos creían que iban a trabajos de construcción en Rusia, descubriendo solo al llegar que serían enviados al frente. Les confiscaron pasaportes. Les amenazaron con prisión o deportación si se negaban a firmar contratos militares. Recibieron entrenamiento mínimo, una semana en muchos casos, antes de ser despachados a zonas de combate intenso.

Al menos 40 cubanos han muerto en el frente ucraniano, según cifras confirmadas por pasaportes recuperados por las fuerzas ucranianas. La cifra real probablemente multiplica este número varias veces. Andrey Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Duma de Rusia, confirmó públicamente en octubre de 2025 los planes de reclutamiento masivo. “Un verdadero patriota cubano no puede tener prohibido amar a Rusia”, declaró, añadiendo que Moscú recibe con brazos abiertos a quienes deseen unirse a las Fuerzas Armadas rusas en su “justa lucha contra el fascismo global”. Esta confirmación oficial desde Moscú ocurrió sin que La Habana emitiera protesta diplomática alguna, revelando la complicidad del régimen cubano.

La dimensión geopolítica de este reclutamiento trasciende el horror humanitario inmediato. Cuba integra un eje militar creciente que vincula a Rusia con Corea del Norte, Irán y Venezuela. El envío de combatientes cubanos a Ucrania forma parte de este realineamiento autoritario global. Para Moscú, usar mercenarios extranjeros minimiza el costo político interno de las bajas rusas, que según inteligencia británica superan el millón. Para La Habana, representa acceso a entrenamiento militar moderno y fortalecimiento de la alianza estratégica con Putin.

El precio de perpetuar la mentira del “bloqueo”

El 89% de las familias cubanas viven en pobreza extrema, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Siete de cada diez personas dejaron de hacer al menos una comida diaria por falta de dinero o alimentos. Los apagones duran hasta 20 horas continuas. El sistema de salud, otrora orgullo del régimen, carece del 70% de los medicamentos esenciales. La gente busca comida en la basura.

Todo esto ocurre mientras GAESA acumula 18.000 millones de dólares, construye hoteles de lujo vacíos y mantiene reservas internacionales superiores a las de naciones enteras. Esta pobreza es el resultado deliberado de un sistema que prioriza la acumulación de poder y capital en manos de una élite militar sobre las necesidades básicas de la población. El régimen cubano ha construido su supervivencia política sobre una narrativa que las evidencias demuestran falsa en sus premisas fundamentales. El “bloqueo genocida” que supuestamente explica cada aspecto de la tragedia cubana se desmorona cuando se examinan los flujos comerciales reales, las capacidades financieras documentadas del Estado, y la distribución efectiva de recursos dentro del país.

Cuba mantiene relaciones comerciales activas con Estados Unidos y el resto del mundo. Importa cientos de millones de dólares anuales en alimentos, medicinas, maquinaria y tecnología desde territorio estadounidense. Compra libremente de Europa, Asia y América Latina. Las restricciones que enfrenta no operan en el terreno de las transacciones comerciales inmediatas, donde puede comprar virtualmente cualquier producto pagando en efectivo.

Los recursos existen. El dinero está ahí. La tragedia humanitaria que devasta a los cubanos no emerge de decisiones políticas deliberadas sobre cómo distribuir recursos abundantes. El régimen elige construir hoteles de lujo vacíos mientras hospitales carecen de antibióticos básicos. Prefiere acumular reservas millonarias en cuentas opacas mientras siete de cada diez familias eliminan comidas diarias por hambre. Mantiene 18.000 millones en depósitos bancarios mientras la población busca comida en la basura.

La comunidad internacional facilita esta operación cada vez que vota mecánicamente contra el embargo sin examinar las premisas fácticas que sostienen la posición cubana. Cada resolución en la ONU que ignora las cifras comerciales reales, que pasa por alto la existencia de GAESA y sus miles de millones, que acepta acríticamente los cálculos sin metodología del régimen, refuerza la narrativa. Cada gobierno que expresa solidaridad con Cuba basándose en esta versión distorsionada de la realidad contribuye a perpetuar el sistema que mantiene a los cubanos en la miseria.

Las consecuencias de esta complicidad resultan tangibles. Mientras el mundo condena el embargo que supuestamente causa hambruna en Cuba, miles de jóvenes cubanos son reclutados como mercenarios para morir en Ucrania, empujados por la desesperación económica que el propio régimen crea y mantiene. Mientras las naciones votan solidaridad con la “Cuba bloqueada”, GAESA invierte miles de millones en hoteles que nadie ocupará.

El desenmascaramiento de esta farsa no constituye ejercicio académico abstracto. Importa porque mientras persista sin ser desafiada con datos y evidencias, el pueblo cubano seguirá pagando el precio. Cada día que el mundo acepta la narrativa del “bloqueo” como explicación suficiente de la crisis cubana es un día más que el régimen evita rendir cuentas por sus decisiones. Cada voto en la ONU que valida esta versión sin examinarla es permiso tácito para que continúe la concentración de recursos en manos militares mientras la población sufre privaciones evitables.

Mientras esta operación de distorsión narrativa continúe funcionando en foros internacionales, mientras gobiernos sigan votando basándose en solidaridad ideológica antes que en evaluación empírica, mientras el análisis crítico de las responsabilidades domésticas del régimen cubano se considere políticamente incorrecto, el sistema actual permanecerá intacto. Y con él, permanecerá el sufrimiento de un pueblo secuestrado por una élite que ha demostrado preferir la acumulación de poder y capital a costa del bienestar colectivo.