La justicia como cimiento de la libertad: el rol del Poder Judicial en el Plan de Salvación Nacional

MADRID, España.- En el corazón del Plan de Salvación Nacional se encuentra un principio que atraviesa toda la propuesta: la necesidad de reconstruir las bases institucionales de la República. Tras abordar la convocatoria a un paro nacional, la creación de un gobierno de transición y la liberación económica, el documento dedica un acápite fundamental a la reconstrucción del Poder Judicial, concebido como el pilar que garantiza la libertad y limita el poder del Estado.

El plan parte de un diagnóstico claro: la justicia en Cuba ha sido instrumentalizada como brazo represivo del poder político, subordinada jerárquicamente al Consejo de Estado y al Consejo de Ministros. Esta subordinación —establecida en la arquitectura constitucional del régimen— ha impedido que el sistema judicial funcione como contrapeso institucional. Por eso, el documento propone volver a un modelo republicano inspirado en la Constitución de 1940, donde la independencia judicial era un principio central.

Restaurar la estructura judicial republicana

El texto recomienda “regular el Poder Judicial de la misma forma que en la Constitución del 1940, al frente del cual se encontraba el Tribunal Supremo de Justicia, completado por las audiencias provinciales y municipales”. Esta referencia histórica no es meramente simbólica: busca reinstaurar un modelo judicial jerárquico y autónomo, en el que los tribunales respondan a la ley y no a la voluntad política de un partido único.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de las jurisdicciones creadas por el sistema socialista, como los tribunales militares, revolucionarios y populares de base. La permanencia de estas estructuras —explica el plan— responde a una lógica de control político más que a un auténtico ejercicio de justicia. En su lugar, se plantea reactivar el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, que durante la República funcionó como garante de los derechos fundamentales.

Un poder judicial independiente del Ejecutivo

El documento establece con claridad que “los tribunales de justicia NO estarán subordinados jerárquicamente al Consejo de Estado o de ministros”. Se trata de una ruptura directa con la lógica actual del régimen, donde el poder judicial es un apéndice de la estructura ejecutiva. La propuesta contempla que el Tribunal Supremo sea electo con amplio apoyo político y mayorías especiales en el Parlamento, y que sus miembros no estén sujetos a los mismos periodos que el Ejecutivo y el Legislativo. Este diseño busca asegurar estabilidad, independencia y legitimidad en el funcionamiento de la justicia.

Además, se plantea “acordar un mecanismo de elección de jueces para todos los niveles de la judicatura”, con criterios transparentes y despolitizados. En un escenario de transición, este mecanismo será clave para recuperar la confianza ciudadana en la justicia y evitar que el poder judicial se convierta nuevamente en un instrumento partidista.

Reconstruir el Estado de Derecho desde el primer día

Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), subraya que “una sociedad libre es fundamentalmente una sociedad basada en el derecho”. A su juicio, el Estado de Derecho debe ser uno de los pilares de la reconstrucción nacional: “Más importante que el poder electoral es el poder jurídico, el estado de derecho”.

El opositor explica que bajo el régimen actual “el poder judicial aparece subordinado, sometido al poder legislativo y el poder legislativo sometido al poder ejecutivo”. Frente a ello, sostiene que la reconstrucción debe partir de “limitar el poder del Estado para proteger la libertad y el derecho del individuo”. El objetivo es restituir el equilibrio entre los tres poderes y garantizar que el poder judicial actúe “en igualdad de condiciones con el poder legislativo y el poder ejecutivo”.

Para ello, Gutiérrez-Boronat insiste en que la reconstrucción de la justicia no puede posponerse: “Lo importante es comenzar la reconstrucción del Estado de Derecho inmediatamente. Eso no ha funcionado en ninguna transición de la dictadura a la democracia en los países comunistas”.

Jueces y abogados en una Cuba democrática

La propuesta también contempla medidas específicas sobre el ejercicio de la abogacía. El plan establece que en una Cuba democrática se reconocerá “el ejercicio privado, autónomo o por cuenta propia de la abogacía”, una práctica eliminada durante el régimen comunista. Además, plantea restaurar los Colegios de Abogados, que velarán por la ética profesional y la eficacia del servicio ante los tribunales.

Se prevé además la creación de un cuerpo legal profesional, con normas éticas y sanciones claras para garantizar la independencia y responsabilidad de los abogados frente a tribunales y clientes. En este contexto, los bufetes colectivos bajo control del Ministerio de Justicia serían abolidos, sustituidos por una práctica libre y regulada desde la profesión.

En cuanto al sistema carcelario, el plan propone revisarlo “ajustándolo a los principios universales de los derechos humanos”, en un giro radical respecto a la lógica punitiva del actual sistema penitenciario cubano.

Gutiérrez-Boronat señala que la tradición jurídica cubana es un activo para este proceso: “Cuba tiene un cuerpo legal, un cuerpo derecho muy bueno en su cultura, en su civilización, tiene una tradición jurídica fuerte hasta que llegó la barbarie y el salvajismo del Estado autoritario y podemos recurrir a eso como norma, como forma de referenciar, como antecedente y precedente legal para la reconstrucción del Estado de Derecho”.

Refundar la justicia para refundar la República

La propuesta del Plan de Salvación Nacional para el poder judicial no es únicamente técnica o jurídica: es, sobre todo, política y fundacional. Aspira a devolver a la justicia su rol histórico como garante de derechos y equilibrio de poderes en una república democrática.

Reactivar el Tribunal Supremo y el Tribunal de Garantías Constitucionales, eliminar las estructuras judiciales del régimen, elegir jueces de forma independiente y restablecer la abogacía libre son pasos esenciales para romper con décadas de subordinación judicial al poder político.

Si en los tres pilares anteriores el plan propuso movilización ciudadana, transición política y liberación económica, este cuarto pilar busca garantizar que todo ello ocurra bajo un Estado de Derecho sólido. La reconstrucción de la justicia, como advierte Gutiérrez-Boronat, no será una etapa posterior: debe comenzar desde el primer día de la transición.