Así montan las asonadas, el arma de ilegales contra la Fuerza Pública

La voz que carraspeó en el mensaje de audio del chat de WhatsApp, y se distribuyó por los celulares de los líderes sociales de la vereda, causó agobio en los corazones de la gente de Campamento, en el Norte de Antioquia.

“Compañeros, buenas tardes. Tenemos una novedad. El Ejército está en el territorio, por los lados de El Brazo, esto se va a putiar, para que tengan en cuenta, y a todos nos compete. A todos nos va a tocar el conflicto en determinado momento, esto no va a ser como antes, que solamente los actores armados éramos quienes nos enfrentábamos. La orientación, compañeros: deben cerrar ese comercio, Campamento cierra el comercio y todos se van para allá, toda la persona que pueda, que esté aliviada, arranca para abajo, ahí en la partida de El Brazo y El Manzanillo está el Ejército, al parecer mataron tres compañeros de nosotros”.

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El mensaje duró 47 segundos y puso en marcha a cientos de habitantes de la zona rural: unos atemorizados por la consecuencia de no cumplir la orden; otros, ideologizados y simpatizantes de un grupo criminal al que pertenecen algunos de sus seres queridos.

En breve llegó otro audio, de 23 segundos, en el que de fondo se escuchaba el choque del viento contra el micrófono, como si el hablante ya fuera en un vehículo rumbo al lugar convenido. “Vamos a meterle la gente a esos manes, que vaya hasta el mismísimo pelapapas. Qué cuento de que nos vamos a calentar. En el Putumayo han retenido hasta 30 militares, casi 40, entonces vamos pa’ abajo, que vaya todo el mundo. El que no vaya, después lo cuadramos con plata”.

Las palabras, según los investigadores de la Policía que interceptaron el mensaje, eran de alias “Samir”, un cabecilla financiero de las disidencias del frente 36 de las Farc.

El pasado 10 de septiembre, la Policía y el Ejército ejecutaron una operación en el citado municipio, en contra de los terroristas que habían asesinado a 13 uniformados el 21 de agosto, en Amalfi, mediante la detonación de un campo minado cuando aterrizaba un helicóptero Black Hawk.

En la acción policial murieron dos mandos medios del frente, alias “Guillermino” y “Román”, junto a dos escoltas.

Un centenar de personas llegó al sitio, algunos armados con palos y machetes, y entre ellos se colaron disidentes de las Farc que los instruían contra la tropa. El propósito era impedir la extracción de los cadáveres.

Tras varias horas de máxima tensión y amenazas de tropel, los uniformados pudieron salir del lugar, a pesar de estar rodeados.

Las asonadas contra la Fuerza Pública son un “arma” que cada vez más implementan los grupos criminales. Según la estadística oficial, en 2025 se han documentado 35, lo que refleja un aumento en el uso de esa estrategia, pues en todo 2024 hubo 26 y en 2023 fueron 15.

Esta práctica no solo la aplican las disidencias, sino también el ELN, Clan del Golfo y hasta las bandas urbanas de crimen organizado.

Con eso logran “rescatar” a cabecillas capturados, recuperar cadáveres de sus combatientes, interrumpir operativos, proteger sus activos (cultivos de coca y entables ilícitos de oro) y cortarle el paso al despliegue de tropas en el territorio. También la usan en los sepelios de sus cabecillas, para dar la imagen de que eran queridos por la comunidad.

Los militares y policías quedan entonces a merced de la muchedumbre, ya que están impedidos para usar sus armas contra ella por las leyes de proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario y el temor a quedar involucrados en un expediente penal o disciplinario.

¿Pero cómo es que los delincuentes logran movilizar a la masa de semejante manera, y convencerla de que se enfrente a militares y policías entrenados para la guerra?

EL COLOMBIANO conversó con policías judiciales y fiscales encargados de investigar este tipo de situaciones, para entender cuál es la mecánica de las asonadas.

“Lo primero es convertirse en una especie de autoridad paralela en la zona, y eso lo hacen matando algún líder comunitario, para demostrar que ellos son los que mandan. La gente queda intimidada de entrada, y los amenazan con desplazarlos si hacen denuncias, así que les toca obedecer a los bandidos. Esto pasa en veredas en las que hay poca presencia del Estado”, contó uno de los entrevistados.

En 2023 mataron a 188 líderes sociales; en 2024 fueron 173 y en lo que va de 2025 van 157, según la ONG Indepaz.

“Los grupos ilegales convocan a los líderes de la vereda y los obligan a empujar a la comunidad para que vaya a las asonadas. Si no lo hacen, les amenazan la familia y los desplazan. También hemos visto casos en los que el grupo armado pone a sus propios integrantes en las juntas de acción comunal”, relató otro agente.

Un ejemplo de eso fue la captura, a principios de octubre, de Jainober Jiménez Restrepo, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Campamento, quien fue imputado por concierto para delinquir agravado, señalado de integrar el frente 36.

“A la gente también la multan con trabajos forzados en cultivos y desyerbando caminos, a ‘jornaliar’ en construcciones de ellos o pagar medio salario mínimo. El ELN, por ejemplo, insiste mucho en que al frente de las asonadas haya mujeres y niños. Eso se ve bastante en el sur de Bolívar y en Chocó”, explicó uno de los fiscales consultados.

“Esa metodología de movimiento de masas está incluida en la estrategia de guerra de guerrillas. Documentos que hemos incautado a estos grupos en Meta y Cauca hablan de usar a la población civil como instrumento para contrarrestar a la Fuerza Pública”, acotó otro de los fiscales.

La respuesta del Estado ha sido la judicialización de algunos de los implicados en estos hechos, pero la posibilidad de una captura parece menos riesgosa que los castigos impuestos por los criminales que promueven las asonadas.

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ANEXO

Asonadas recientes a la Fuerza Pública

– 11 de octubre: en la vereda El Porvenir, de Sonsón (Antioquia), 400 personas rodearon al Ejército y le arrebataron a alias “don Hugo”, cabecilla de la banda “Clan Oriente”, al servicio del Clan del Golfo. La gente quemó cuatro vehículos oficiales.

– 25 de agosto: el Comando Conjunto de Operaciones Especiales ejecutó una operación contra el Estado Mayor Central de las Farc en la vereda Nueva York, de El Retorno (Guaviare), matando a 10 terroristas. Luego, 600 personas secuestraron a 34 militares durante dos días, incluso amenazándolos con drones desde el aire.

– 21 de junio: en la vereda La Hacienda, de El Tambo (Cauca), una muchedumbre secuestró a 57 militares que hacían operativos contra disidencias de las Farc. Los llevaron a un coliseo y los retuvieron tres días, rodeados por 200 personas con machetes.

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157

líderes sociales han sido asesinados en lo corrido de 2025, según la ONG Indepaz.