Solo una sanción a menor de edad: así avanza el proceso penal por la muerte de Miguel Uribe

Una sanción en reclusorio juvenil, dos acusaciones formales y cuatro medidas de aseguramiento conforman el balance de las autoridades al transcurrir cuatro meses del fatal atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El avance más reciente dentro del expediente en curso fue el escrito de acusación radicado por la Fiscalía contra Katerine Andrea Martínez Martínez (“Gabriela”), la mujer de 19 años que transportó la pistola homicida y participó en la logística del ataque, perpetrado el 7 de junio de 2025 en un parque del barrio Modelia, en Bogotá.

El ente acusador dejó en firme la acusación por cargos agravados de homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir.

La joven, que está detenida desde el pasado 14 de junio, ha cooperado con información sobre los demás implicados, razón por la cual podría llegar a un acuerdo judicial en el futuro próximo. Mientras tanto, está en prisión, a la espera de la audiencia de preparación para el juicio oral.

A principios de octubre también se radicó el escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, señalado de participar en la logística del ataque, cumpliendo la función de transportador, por un ofrecimiento de $5 millones de pesos.

En su caso, los cargos son por homicidio agravado y tráfico de armas agravado.

Otros de los capturados por el magnicidio están cumpliendo la medida de aseguramiento en la cárcel, sin que se haya radicado el escrito de acusación contra ellos.

Se trata de Harold Daniel Barragán Ovalle, Elder José Arteaga Hernández (“el Costeño”), Cristian Camilo González Ardila y William Fernando González Cruz (“el Hermano”).

El proceso más avanzado a la fecha es del sicario de 15 años de edad, quien se acercó a Uribe Turbay durante un mitin y le propinó los disparos que a la postre le quitaron la vida, en una unidad de cuidados intensivos.

Un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes lo sancionó con siete años de detención en un reclusorio juvenil.

Hay que recordar que este asesino se declaró culpable desde el primer momento de su judicialización, y además aceptó ser testigo protegido de la Fiscalía, lo que sirvió para reunir evidencias contra los demás.

La pregunta del millón sigue siendo quién ordenó el atentado. Las pesquisas de la Policía y la Fiscalía se concentran en dos estructuras criminales: “la Zaga”, que delinque en la localidad bogotana de Engativá, a la cual pertenecieron varios de los detenidos; y la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc que comanda “Iván Márquez” desde Venezuela.

Sobre este último grupo, una hipótesis apunta a que “Iván Márquez” le asignó la misión criminal a la columna móvil Teófilo Forero, una célula terrorista a su servicio, con tentáculos en la frontera de Huila y Caquetá.

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