Choque de cifras sobre riesgo electoral: el Gobierno ve 104 municipios en alerta, la Defensoría más del doble

Si bien el Ministerio del Interior calcula que son 104 las poblaciones con algún tipo de riesgo, para la Defensoría las cifras son diferentes. Según el ente de control, actualmente hay 62 poblaciones que demandan una acción inmediata del Gobierno Nacional y 162 que requieren acción anticipada frente a un “riesgo probable”. Es decir, al menos 224 en alerta.

Por otro lado, 425 municipios necesitan acción prioritaria y 216 tienen “riesgo fluctuante”, sumado a 257 con riesgo bajo que demanda acción ordinaria.

La discrepancia en las estadísticas refleja una preocupación creciente por la seguridad y las garantías en las elecciones tanto presidenciales como legislativas, a lo que se suman las consultas interpartidistas y la elección de los Consejos Locales de Juventud.

En la presentación de su informe, la Defensoría alertó por eventuales vulneraciones a derechos y libertades civiles y políticas, así como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, antes, durante y después de los comicios.

“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, afirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

El organismo insistió en que su Alerta Temprana Electoral no tiene un carácter político ni partidista, sino un enfoque preventivo y democrático. “Su objetivo es aportar a la protección de la ciudadanía y a la preservación de la tradición democrática del país, en la que históricamente se han celebrado comicios incluso en escenarios de adversidad”, señalaron.

En el documento se insta al Ministerio del Interior a fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales. Además, al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública a garantizar seguridad en vías, puestos de votación y territorios con mayor nivel de riesgo. El llamado incluye a la Unidad Nacional de Protección (UNP), buscando que implemente planes de contingencia para candidaturas, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz.

Por último, se insta a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral (CNE) a asegurar la logística, transparencia y garantías en el proceso electoral, mientras que el llamado a la Procuraduría, personerías y demás órganos de control es a vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.