Se complica situación para Camilo Romero y otras 13 personas tras principio de oportunidad de testigo clave en caso UNGRD

La situación judicial se complica para más de una docena de personas vinculadas a investigaciones por corrupción en Colombia. Una juez de control de garantías en Bogotá avaló un principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General de la Nación y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor jurídico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Con esta decisión, Rodríguez Melo, quien ya había sido condenado el pasado 8 de abril a cuatro años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, pasa ahora a convertirse en un testigo clave en tres investigaciones, entre ellas la que involucra al precandidato presidencia, Camilo Romero.

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El impacto de este acuerdo es directo sobre 13 personas que están siendo investigadas en cinco procesos distintos. El exasesor se comprometió a entregar información y pruebas contundentes en su contra, lo que podría complicar aún más la situación de estas personas y destapar redes de corrupción que han operado en varias regiones del país.

El testimonio de Rodríguez Melo abarca tres grandes frentes. El primero está relacionado con hechos de corrupción en la UNGRD. En este caso, el exasesor dará detalles sobre la apropiación de recursos y la contratación irregular dentro de la entidad. Se espera que aporte información clave en el episodio de la compra de carrotanques, carros de bomberos y materiales para la atención de emergencias en distintos departamentos.

El otro proceso y que involucra al exgobernador, Camilo Romero, está relacionado con un contrato de licores en el departamento de Nariño. Se espera que entregue información sobre cómo se manejó la regulación del negocio de licores y la adjudicación irregular de un contrato en la Gobernación, un proceso que ya había sido señalado por supuestas maniobras para favorecer a ciertos actores.

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El tercer proceso es el proyecto de reconstrucción en Mocoa (Putumayo). Su colaboración incluye datos sobre la forma en que se manejaron los recursos de este proyecto, clave para la recuperación de la población tras la tragedia ocurrida en 2017.

Como contraprestación por entregar su testimonio y colaborar en el avance de estos procesos, la juez ordenó suspender por un año la acción penal que pesaba contra Rodríguez Melo por una serie de delitos adicionales.

En esa lista estaban señalados el interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, falsedad en documento privado, contratos sin requisitos legales y falsedad material en documento público.

Con este acuerdo, Rodríguez Melo no queda en libertad absoluta, pero sí obtiene un beneficio clave: su proceso queda congelado mientras cumple su papel de testigo. La Fiscalía espera que sus declaraciones permitan desmantelar una red de corrupción que involucra tanto a exfuncionarios como a particulares en negocios multimillonarios.