EEUU exige pruebas de vida del periodista Leo Cárcamo y acusa al régimen de Ortega-Murillo – Nicaragua Investiga

Washington ha intensificado su presión sobre la dictadura nicaragüense al demandar la liberación inmediata del periodista Leo Cárcamo, quien fue arrestado en noviembre de 2024 en la ciudad de León y permanece en paradero desconocido desde entonces.

«Estados Unidos exige pruebas inmediatas de que el periodista Leo Cárcamo se encuentra con vida“, expresó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU.

El Departamento de Estado ha responsabilizado directamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por esta desaparición forzada, advirtiendo que tanto los responsables directos como sus colaboradores enfrentarían consecuencias. En un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental enfatizó la necesidad de confirmar que Cárcamo está vivo y de revelar su ubicación, destacando que su detención se debe únicamente a su labor periodística.

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Esta exigencia se produce en medio de un patrón de represión que ha generado preocupación internacional. Solo una semana antes, Estados Unidos había solicitado pruebas de vida del médico Yerri Estrada, de doble nacionalidad costarricense-nicaragüense, detenido en agosto en un hospital de Granada. Tras la intervención diplomática conjunta con Costa Rica, el régimen divulgó imágenes de Estrada afirmando su buen estado de salud, aunque organizaciones de derechos humanos las describieron como un montaje controlado, similar a otros casos de presos políticos. En respuesta, el régimen sandinista envió una nota de protesta a Washington, rechazando las acusaciones y calificándolas como «infundadas».

Dictadura ha desaparecido más de 100 personas en los últimos meses según la ONU

El caso de Cárcamo se enmarca en una serie de incidentes que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas dirigidas contra periodistas, médicos y activistas sociales. Recientemente, Estados Unidos también ha condenado la muerte en custodia de individuos como Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda, así como demandado la libertad de presas políticas como Nancy Henríquez y Evelyn Guillén, subrayando la crueldad del sistema penitenciario nicaragüense.

Presos políticos y violaciones de derechos humanos

De acuerdo con datos actualizados del Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos, a finales de agosto de 2025, al menos 73 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Nicaragua, de las cuales 33 se encuentran en estado de desaparición forzada, sin que sus familias reciban información sobre su ubicación o condición. Esta cifra refleja un incremento en las prácticas represivas, que han llevado a la expulsión y despojo de nacionalidad de cientos de opositores en los últimos años.

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Además, la dictadura nicaragüense ha sido denunciada recientemente por dos informes de la ONU que la señalan por desaparecer a más de 100 personas desde el inicio de la crisis en 2018.

Un reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado en septiembre de 2024, destaca el deterioro continuo de la situación de derechos humanos, con un aumento en detenciones arbitrarias, intimidaciones y al menos dos casos documentados de desapariciones forzadas, en un contexto de impunidad generalizada y ataques contra pueblos indígenas.

Por su parte, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado en abril de 2025, identifica a 54 funcionarios gubernamentales, militares y del partido oficialista como responsables de violaciones graves, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y deportaciones forzadas, configurando crímenes contra la humanidad en una campaña sistemática de represión. Estos documentos subrayan cómo el régimen ha desmantelado instituciones independientes y profundizado su aislamiento internacional al ignorar llamados globales para la liberación incondicional de todos los presos políticos.