Primicia: Fiscalía imputará tráfico de influencias a Nicolás Petro por nuevo caso de posible corrupción en el Gobierno

Un juzgado de Barranquilla fijó para el miércoles 1 de octubre la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Con esta diligencia, el exdiputado del Atlántico acumula ya dos procesos penales en su contra.

En este nuevo caso, EL COLOMBIANO conoció en primicia que además de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, la Fiscalía también le imputará tráfico de influencias. Este cargo se fundamenta en la presunta utilización de su condición de hijo del jefe de Estado para abrirse paso en despachos de alto nivel dentro del Gobierno y gestionar, supuestamente, nombramientos en entidades públicas.

Parte del expediente está apoyado en los chats que reveló su expareja, Day Vásquez, en los que se mencionan reuniones con ministros para solicitar puestos de trabajo. Uno de esos encuentros se habría concretado el 27 de noviembre de 2022, fecha en la que, según el intercambio de mensajes, se confirmaron varias de esas vacantes.

En las conversaciones, Nicolás Petro le contaba a Vásquez que estaba a la espera de encuentros con los entonces ministros de Interior, Deporte y directivos del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Vásquez insistió en que estas reuniones no eran simples acercamientos personales, sino espacios en los que se discutían cuotas burocráticas.

Incluso, en los mismos mensajes, la mujer asegura haber advertido a Nicolás Petro sobre los riesgos de esas gestiones: “Deja de reunirte con ministros y demás (…) te van a mandar una carta a tu papá. Te falta mucho por aprender”, le escribió.

Los otros dos delitos que le serán imputados son interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento.

Estos, están relacionados con actuaciones presuntamente ilegales cometidas cuando el hijo del presidente era diputado del Atlántico. En concreto, se conoció que habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones de pesos, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.

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Según se conoció, dichos convenios, que tenían como propósito la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, nunca llegaron a ejecutarse.

Los recursos públicos que, al parecer, estaban destinados para dichas actividades no habrían llegado al objetivo de los contratos. En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de prisión de 64 a 216 meses y una multa de 66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

Del mismo modo, el artículo 287 del Código Penal establece prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses para quien falsifique un documento público.

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En paralelo, el ente acusador pedirá que Petro Burgos sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que dejaría al hijo del presidente tras las rejas mientras avanza el proceso.

Este nuevo capítulo judicial se convierte en una carga adicional para Nicolás Petro, quien ya enfrenta un proceso por presuntos actos ilegales durante la campaña de su papá a la presidencia en el año 2022.

En ese proceso, según la Fiscalía, Petro Burgos se habría quedado con dinero de procedencia ilegal y que iba a ser inyectada a la campaña presidencial. Con estos actos habría incrementado de manera injustificada su patrimonio personal.

Su defensa afirma que el expediente está viciado y que las pruebas fueron “contaminadas”.