Las claves de la sentencia de la JEP que condenó a 12 militares por falsos positivos
- Colombia
- septiembre 19, 2025
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Una niña indígena del pueblo Wiwa, una madre cabeza de hogar y más de un centenar de campesinos, indígenas y afrodescendientes fueron asesinados entre 2002 y 2005 en los departamentos de Cesar y La Guajira. Miembros del Ejército quisieron borrarlos de la memoria y convertirlos en una “baja en combate”.
Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó la primera sentencia contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, hallados responsables de uno de los crímenes más crueles y dolorosos del conflicto armado: los llamados falsos positivos.
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“Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal que se encargó de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes con el único fin de convertirlas en cifras, números, estadísticas frías y viciadas”, dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP antes de dar paso a la lectura del fallo.
La sentencia marca un hito en el juicio a crímenes de guerra y de lesa humanidad:
Es la primera decisión de la JEP contra exintegrantes de la Fuerza Pública responsables de ejecuciones extrajudiciales.
La Sala de Reconocimiento estableció que no se trató de hechos aislados, ni de errores operacionales, sino de un plan criminal sistemático que convirtió a las víctimas en trofeos de guerra.
“Las pruebas son irrefutables. Tenemos toneladas de folios, de declaraciones y testimonios que sustentan la investigación”, añadióRamelli.
Entre los sancionados hay cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales, todos en condición de retiro.
Las penas más altas –de ocho años de sanciones propias– recayeron sobre el mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, el subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía y el sargento primero (r) Manuel Valentín Padilla Espitia.
A siete años fueron sentenciados los soldados profesionales (r) Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
Mientras tanto, el mayor (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, el sargento (r) Efraín Andrade Perea, el sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda Quintero, el cabo tercero (r) Elkin Rojas y el soldado profesional (r) Juan Carlos Soto Sepúlveda, fueron condenados a seis años.
Finalmente, el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales y el subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez recibieron una sanción de cinco años.
La sentencia no solo estableció la responsabilidad individual, también reconstruyó la forma en que operaba este entramado criminal.
Así cometían los crímenes
Solo en este caso fueron identificadas 135 víctimas. En su mayoría –determinó la JEP– eran campesinos, indígenas y afrodescendientes en situación de vulnerabilidad.
Eran engañados con falsas promesas de trabajo o los capturaban de manera arbitraria en caminos veredales. Las víctimas nada tenían que ver con los combates.
Una vez bajo custodia, los uniformados despojaban a sus víctimas de su identidad civil: los vestían con uniformes, destruían sus documentos y les implantaban armas para simular que habían muerto en enfrentamientos con el Ejército.
Esa puesta en escena sellaba la mentira de su supuesta pertenencia a las guerrillas. Algunas de las víctimas todavía están desaparecidas y son buscadas por sus familiares.
“Hice parte de un grupo que se convirtió en una organización criminal dentro del Ejército. Ellos eran personas que no hacían parte del conflicto armado. Siempre obedecí órdenes de mis superiores, nunca las cuestioné y hoy reconozco que destruí sueños y proyectos de vida”, dijo el soldado (r) Yeris Andrés Gómez Coronel.
A estos militares se les restringirá la libertad. Deberán radicarse en Valledupar y desde allí asistir a los compromisos que les impuso la JEP.
La sentencia también recogió la voz de los familiares, quienes por años han cargado con el dolor y la incertidumbre. Delfina Bolaños, hermana de Joaquín Bolaños Fonseca, un joven agricultor asesinado, lo resumió así:
“Siempre me pregunto por qué se ensañaron contra él. ¿Por qué lo señalaron tan feo? Mi mamá sufre, él no tenía nada que ver con los grupos armados. A él lo único que le hizo falta fue tierra para trabajar, porque verraco si era, era agricultor. Estuvo con nosotros hasta los 22 años. Se fue para Valledupar, allá fue humillado y masacrado por miembros del Ejército”, dijo.
Comunidades indígenas como los Kankuamo y los Wiwa fueron estigmatizadas como supuestas colaboradoras de la guerrilla, lo que las condenó a persecución, confinamiento y privación de alimentos y medicinas. La estigmatización se convirtió en una forma de control que buscaba doblegar su cultura y su autonomía. Hay 14 indígenas entre las víctimas.
Las sanciones
Como parte de la sanción, los exmilitares no irán a prisión: deberán cumplir penas restaurativas.
La JEP les ordenó trabajar en seis proyectos colectivos, entre ellos la construcción de un mausoleo de memoria en el cementerio Ecce Homo de Valledupar, con más de 700 osarios; la creación de centros culturales para los pueblos Wiwa y Kankuamo; y la adecuación de casas multipropósito para actos de reparación y actividades comunitarias. También deberán apoyar iniciativas productivas y de memoria que beneficien a los consejos comunitarios afrodescendientes afectados.
El cumplimiento de estas sanciones será vigilado por la Misión de Verificación de la ONU y la JEP: al igual que el secretariado de las Farc, los exmilitares serán vigilados con dispositivos electrónicos. Cualquier movimiento fuera de Valledupar debe ser autorizado por la JEP.
Los magistrados insisten en que la verdad y la reparación son más valiosas que una pena en prisión, pero la decisión sigue aliementando el debate.
¿Pueden estas medidas restaurativas garantizar la no repetición y ofrecer verdad y justicia real a quienes perdieron a sus seres queridos?
Sandra Patricia González Torres –hermana de Abraham González, un niño de 13 años que fue presentado como baja en combate en Ituango (Antioquia)– aseguró que la sentencia abrió la puerta a la esperanza de otras víctimas.
“Lo único que queremos es que paguen, como sea, pero que paguen. La sentencia en Valledupar es apenas un paso. Yo, por ejemplo, insisto en que el nombre de mi hermano tiene que quedar limpio y que pidan perdón públicamente. La condena es poco, teniendo en cuenta lo que hicieron, pero en este punto nuestros deseos son la verdad”, señaló González en diálogo con ELCOLOMBIANO.
