Régimen cubano se lava las manos: vuelve a culpar al «bloqueo» por la crisis 

MIAMI, Estados Unidos. – El canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó este miércoles en La Habana el informe oficial sobre los efectos del embargo de Estados Unidos. El documento atribuye de forma casi exclusiva el deterioro económico y social al “bloqueo”, al que define como “eje central” de la política de Washington hacia la Isla y como una “política genocida”, sin reconocer fallas propias. 

“El bloqueo económico, comercial y financiero constituye el eje central de su política de máxima presión contra la Isla, buscando asfixiar su economía, generar carencias y descontento para provocar un estallido social”, reza el informe.

El documento cuantifica en 7.556,1 millones de dólares los daños de marzo de 2024 a febrero de 2025 —un aumento del 49% respecto al período previo— y sostiene que la economía habría crecido 9,2 puntos porcentuales más sin esa “política genocida”. También reconoce que el PIB se contrajo 1,1% en 2024.

La narrativa oficial niega que la crisis obedezca a errores de gestión. El propio texto califica de “cínicas” las afirmaciones de que “las dificultades que experimenta la economía cubana son fruto del modelo socialista y de errores gubernamentales”, y afirma que “mentiría quien niegue que [el bloqueo] representa el principal obstáculo al desarrollo de Cuba”.

Como piezas clave del “andamiaje coercitivo”, el documento resalta la permanencia de Cuba en la lista estadounidense de Estados “supuestamente patrocinadores del terrorismo”, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y acciones dirigidas a “hacer colapsar la economía cubana”. 

Asimismo, señala que hasta marzo de 2025 se habían presentado 45 demandas bajo ese título, de las cuales 30 seguían su curso, y que en febrero de 2025 Washington rechazó “decenas de pasaportes cubanos” y negó visados tramitados por entidades estatales cubanas. También denuncia el Memorando Presidencial No. 5 del 30 de junio de este año, que “ratifica la política de máxima presión”.

En materia sectorial, el reporte afirma que la persecución financiera y comercial impacta en salud, energía, cultura y comercio exterior. Cita, por ejemplo, la frustrada compra de bolsas de hemodiálisis por una fusión empresarial con una firma estadounidense; la imposibilidad de colocar en Estados Unidos el Heberprot-P (estimando ingresos perdidos por 90 millones de dólares); y daños en energía y minas por 496,08 millones en el período, con la Unión Eléctrica acumulando 279,35 millones.

El texto añade que la actual crisis eléctrica —por “fallas en los equipos”, huracanes y falta de diésel— provocó afectaciones diarias de 1.400 a 1.500 MW y tres desconexiones nacionales entre octubre y diciembre, que “incidieron fuertemente” en la economía y la población.

Para fundamentar su tesis, el Gobierno cubano vuelve sobre el memorando del 6 de abril de 1960 del subsecretario estadounidense Lester Mallory: “(…) Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…) provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

El informe también invoca el respaldo internacional a su demanda de levantar sanciones. Cita que en octubre de 2024 la Asamblea General de la ONU aprobó por 187 votos a favor, dos en contra y una abstención la resolución anual contra el embargo, y enumera declaraciones de grupos y países en el mismo sentido.

En sus conclusiones, el documento asegura que el “bloqueo” “viola el Derecho Internacional”, “socava la economía cubana” y constituye “una violación masiva, flagrante y sistemática” de los derechos humanos del pueblo cubano. Con ello, La Habana reafirma que el principal origen del empobrecimiento del país es externo, mientras descarta públicamente que la crisis responda a decisiones y políticas internas.