¿Qué podría pasarle a concejales y ediles de Bogotá que asistieron a fiesta electrónica en horario no permitido? Procuraduría indaga

12 de septiembre de 2025

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De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el concejal de la Alianza Verde, Julián Triana; el edil de Chapinero, Félix Millán; y el personero delegado para los derechos humanos en Bogotá, Diego Valero Mateus, estuvieron presentes en la discoteca Radio Estrella el pasado 7 de septiembre, hasta las 8:30 de la mañana. Según la regulación local, los establecimientos de este tipo solo pueden funcionar hasta las 3:00 a.m.

El ente de control explicó que con la apertura de la indagación se busca “verificar si efectivamente se llevó a cabo la celebración en las condiciones denunciadas y, en particular, establecer la posible responsabilidad de los servidores que habrían participado en ella”.

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Para ello, se ordenó la recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos y definir si existió una conducta disciplinaria sancionable.

La situación también puso en evidencia otras irregularidades: la discoteca opera con registro de sede sindical bajo el nombre de la Unión Nacional de Promotores de Eventos y Trabajadores de la Noche, figura jurídica que habría sido tramitada por el abogado y contratista Osnaider Palacios Palacios, quien tiene contratos por más de 134 millones de pesos con la Uspec desde marzo de 2023.

Aunque en sus estatutos se menciona que el sindicato busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la noche, en la práctica el lugar funciona como discoteca desde hace más de un año.

Otro hecho que generó polémica fue la condecoración otorgada por el concejal Triana, solo cuatro días antes del evento, al DJ Eduardo José Montañez Sánchez, conocido como Funk Tribu, quien fue el encargado de tocar en la fiesta que se extendió hasta la mañana.

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El cabildante ha manifestado en varias ocasiones su oposición al decreto que limita la rumba en Bogotá hasta las 3:00 a.m., argumentando que la medida “quebrará a los empresarios de la noche sin resolver problemas de ruido o seguridad”.

Si la Procuraduría determina que los funcionarios infringieron las normas, podrían enfrentarse a sanciones disciplinarias contempladas en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021). Entre ellas se incluyen:

– Suspensión en el cargo hasta por 12 meses, en caso de falta grave.

– Destitución e inhabilidad general hasta por 20 años, si se llegara a calificar como falta gravísima (art. 44).

– Multas que pueden oscilar entre 10 y 180 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta (art. 46).

En el caso de los concejales y ediles, al tratarse de servidores públicos de elección popular, el procedimiento disciplinario no implica pérdida automática de investidura ni pueden inhabilitarlos (figura que corresponde al Consejo de Estado), pero sí puede derivar en suspensión temporal de funciones o destitución.

Esto afectaría directamente su permanencia en las corporaciones distritales, además de dejarles una anotación en su hoja de vida en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI), lo que condicionaría futuras aspiraciones políticas.