ICLEP: 2025 se encamina a cerrar con más de 1.000 violaciones a las libertades de expresión y prensa

MIAMI, Estados Unidos. – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 79 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante agosto de este año, un descenso de 61,1% frente al récord de 203 casos registrados en julio. Pese a la caída, el informe advierte que la reducción “no constituye señal de apertura”, sino una “modulación táctica” coherente con patrones de años previos, y reafirma que la represión “persiste como política de Estado”.

El reporte abre con una caracterización tajante del contexto: “En la Cuba socialista, hablar libremente o informar con independencia continúa siendo un acto de riesgo”. A juicio del ICLEP, las agresiones, detenciones y amenazas funcionan como herramientas para “impedir el debate público, restringir el acceso a información veraz y limitar la participación ciudadana”.

De los 79 hechos, 61 (77,2%) afectaron la libertad de expresión y 18 (22,8%) la libertad de prensa. En la comparación intermensual, el instituto señala una escalada sostenida entre marzo y julio (de 96 a 203 casos) y un “descenso abrupto” en agosto, aunque con niveles aún superiores a los de inicios de año. El acumulado de enero a agosto asciende a 909 violaciones (promedio mensual de 113,6), por lo que el año “se encamina a cerrar con más de 1.000 violaciones”.

El cambio de método represivo es otro hallazgo central. En agosto predominaron los “ataques, amenazas y agresiones psicológicas” (27 casos), por encima de las detenciones arbitrarias (21). Hubo además 16 hechos de “uso abusivo del poder estatal”, diez “restricciones en el espacio digital” y cinco agresiones físicas; no se consignaron reclusiones nuevas. Según el informe, el objetivo es “infundir miedo, desmovilizar y aislar socialmente” a las voces críticas.

La distribución territorial confirma a La Habana como epicentro (30 casos), seguida por Artemisa (9) y Matanzas (8). Pinar del Río y Guantánamo sumaron seis cada una; Santiago de Cuba registró cuatro; Villa Clara y Camagüey, tres por provincia; y Granma y Sancti Spíritus, dos cada una. No se reportaron hechos en Mayabeque, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Las Tunas, Holguín ni en la Isla de la Juventud. ICLEP documentó además seis violaciones cometidas en el extranjero contra comunicadores y activistas cubanos.

En cuanto a perpetradores, el ICLEP atribuye el 100% de los hechos a instituciones estatales bajo el mando del Partido Comunista: Seguridad del Estado (35), Policía Nacional Revolucionaria (14), sistema penitenciario (10), sistema judicial (4) y el monopolio estatal ETECSA (4). El documento subraya que la represión no deriva de “excesos individuales”, sino de un “modelo institucional planificado”.

El perfil de víctimas resume un abanico transversal: 12 periodistas y un director de medios; 11 presos y dos exprisioneros políticos; nueve activistas y ocho opositores; además de cuatro ciudadanos. En clave de género, 35 hombres (74,5%) y 12 mujeres (25,5%). Según el ICLEP, el régimen opera en “tres frentes”: sofocar la prensa, desarticular el tejido cívico y prolongar el castigo dentro de las cárceles.

Agosto concentró operativos en fechas simbólicas. El 5 de agosto, por el 31 aniversario del Maleconazo, la Seguridad del Estado y la PNR desplegaron cercos policiales sin orden judicial, impusieron restricciones de movimiento, aplicaron cortes de internet y realizaron detenciones. También sitiaron sedes opositoras y redacciones, en una lógica de “represión preventiva” frente a potenciales expresiones de descontento.

El informe detalla agresiones dentro y fuera de Cuba contra periodistas. La reportera independiente Orlidia Barceló Pérez fue detenida administrativamente en el aeropuerto de Viru Viru (Bolivia), pese a portar una visa oficial; el cónsul de Cuba en ese país se negó a asistirla alegando “no hablar con exiliados”. En paralelo, el periodista cubano exiliado José Luis Tan Estrada denunció amenazas e insultos del embajador de Cuba en Bélgica, que lo llamó “mercenario” y le atribuyó delitos del Código Penal cubano. Un reportero del ICLEP en Villa Clara fue vigilado y advertido por represores de civil de no salir con su teléfono “ni hoy ni mañana”.

El escritor y periodista Jorge Fernández Era estuvo “más de seis horas” detenido el 18 de agosto por intentar una protesta pacífica ante el monumento a José Martí en La Habana. Denunció que fue esposado con fuerza —“lo que le causó una herida sangrante en la muñeca”— y que no le devolvieron su carné de identidad. El ICLEP también recoge el caso del periodista marroquí Amine Ayoub, retenido más de 30 horas en el aeropuerto de La Habana, interrogado por sellos israelíes en su pasaporte y finalmente deportado, tras un trato que calificó de humillante y arbitrario.

La criminalización del disenso avanzó en tribunales. El 5 de agosto tuvo lugar el juicio en Guanajay contra los opositores Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García por “asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas” y “propaganda contra el orden constitucional”; la Fiscalía solicitó penas de 10, 8 y 6 años de prisión. En Sancti Spíritus, el militante de FANTU Amaury Díaz García enfrentó una petición fiscal de ocho años por un cartel con las frases “Sin corriente” y “Abajo el comunismo” que nunca se difundió públicamente. Según testimonios recogidos por el ICLEP, en Guanajay “la defensa expuso la inexistencia de pruebas” y la acusación descansó en testimonios de represores que tildaron a los acusados de “contrarrevolucionarios”.

El capítulo penitenciario incluye nuevos castigos. En Boniato (Santiago de Cuba), al preso político Eider Frómeta Allen le negaron una visita “hasta que a él le diera la gana”, según le comunicó el jefe de Orden Interior; luego fue golpeado, arrastrado y llevado a un consejo disciplinario por denunciar condiciones carcelarias. En Matanzas, la prisionera del 11J Sissi Abascal fue reprendida tras las denuncias de su madre; un oficial identificado como Yuri la grabó sin consentimiento y una doctora del MININT se negó a entregar el historial médico, en un contexto de escasez de insumos. El informe añade que, desde el 21 de agosto, familiares desconocían el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara, quien no realizó sus llamadas habituales los días 26 y 28.

El ICLEP identifica derechos conexos vulnerados: libertad, integridad y seguridad personal; libertad de movimiento y reunión; debido proceso; y manifestación de creencias, lo que “demuestra que la represión en la isla no se limita al control informativo” y se proyecta hacia un “sistema integral” de coerción física, psicológica, judicial, digital y carcelaria.

En sus conclusiones, el instituto sostiene que la represión en Cuba es “política de Estado planificada, estructural y sostenida”, con foco en La Habana pero extendida al resto del país y más allá de las fronteras nacionales. La disminución de agosto “no altera la esencia del sistema de control”, sino que confirma un “piso represivo” más alto que en años previos.