Dictadura liberará a 1200 reos comunes por las fiestas patrias

El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo devolverá a 1200 delincuentes convictos a las calles del país el 12 de septiembre para que puedan pasar las fiestas patrias con sus familias, según explicó Murillo en su alocución cotidiana de este viernes, 5 de septiembre.

La práctica de liberar a reos comunes se ha convertido en una práctica habitual de la dictadura sandinista la última década. En lo que va del año, ya serían 7400 reos comunes los beneficiados con el privilegio de “convivencia familiar“, por ley exclusivo sólo a delitos que admitan fianza, en lo que va del año.

Desde 2014, y con esta excarcelación, el régimen habría liberado a 59 916 mil reos comunes, según el conteo de Nicaragua Actual, todo mientras mantiene a por lo menos 78 personas bajo prisión arbitraria o desaparición forzada por motivos exclusivamente políticos, sometidos además a tratos inhumanos, según han demostrado organismos de derechos humanos.

La constante liberación de delincuentes a escala masiva se ha convertido en una de las políticas más impopulares de la dictadura, sobre todo por la cantidad de irregularidades en el proceso de selección de los beneficiarios, muchas veces liberados a pesar de haber cometido delitos que los deberían hacer inelegibles para tal beneficio.

La Ley (473) del régimen penitenciario y ejecución de la pena, en su artículo 60, mandata que solamente a delitos que admitan fianza aplicaría el beneficio. Sin embargo, en todas las liberaciones hasta la fecha se han registrado reos excarcelados por delitos mayores, como la violación agravada, volviendo ilegales tales beneficios.

Datos divulgados por el régimen sandinista a principios de año apuntan a que “sólo” el 7.8% de los excarcelados ha reincidido. Esto equivale a aproximadamente 3510 delincuentes desde el advenimiento de la crisis en 2018 hasta febrero de 2025. El número ciertamente es mayor, considerando los delitos donde la identidad del criminal no es averiguada.

Murillo, por su parte, defiende estas medidas con vehemencia, llegando a tildar de “racistas” y “clasistas” a quienes cuestionan el efecto que tienen en la seguridad de la población nicaragüense. Según el más reciente Informe de percepción de la realidad política, social y económica de Nicaragua de Hagamos Democracia, refleja que 9 de cada 10 nicaragüenses perciben un aumento significativo en la criminalidad en el país.