Familiares de desaparecidos forzados exigen respuestas a la dictadura sandinista

Un colectivo de familiares de presos políticos y desaparecidos forzados, víctimas de la dictadura sandinista en Nicaragua, emitió un pronunciamiento “exigiendo la liberación inmediata” y “la aparición con vida de todas las personas desaparecidas” de sus consanguíneos el sábado, 30 de agosto.

En el comunicado, el colectivo denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo todavía “mantiene a cientos de personas secuestradas en sus cárceles clandestinas y centros de detención, sometidas a torturas físicas y psicológicas, incomunicación prolongada y condiciones inhumanas“.

Un mínimo de 54 presos políticos, según datos de julio del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, sufre prisión política en Nicaragua. Según el observatorio de Mecanismo Azul y Blanco (MAB), sólo tres detenidos de la última redada en agosto fueron liberados, por lo que el total bien podría ascender hasta 78 personas presas por motivos políticos.

Pero estos datos se basan en denuncias de familiares y allegados. Aquellos que, por temor a represalias, sus familiares optaron por no denunciar, no son contabilizados, de modo que la cifra real muy seguramente sea superior.

“A esto se suma el crimen atroz de la desaparición forzada, que priva a las familias de la certeza de vida de sus seres amados y constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos“, agrega el comunicado.

Por tanto, los familiares exigen también “el respeto al derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad de cada prisionero y prisionera
de conciencia; la rendición de cuentas de quienes ordenan y ejecutan estos crímenes de lesa humanidad; y Justicia para las personas asesinadas en prisión bajo custodia del régimen y reparación para sus familias“.

Y también instaron a “a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a no guardar silencio” ante lo que ocurre bajo la dictadura sandinista. Desde que inició la vigente crisis sociopolítica en 2018, el régimen sandinista ha sometido a más de mil ciudadanos a prisión política, según el conteo del Mecanismo antes mencionado.