Régimen sandinista aprueba otra reforma para castigar «mala administración» de sus funcionarios

Una nueva reforma a la constitución sandinista fue aprobada por la Asamblea Nacional, que dominan los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el fin de extender el control sobre funcionarios públicos y sancionar la “mala administración”.

La iniciativa fue presentada el jueves, al día siguiente de otra reforma en la que se estableció un mando dual en la Policía Nacional. La nueva disposición buscaría, en palabras de los asamblearios sandinistas, garantizar una “buena administración”, “rendición de cuentas” y, en consecuencia, “protección de los fondos públicos”.

La medida fue aprobada de forma exprés, a instancias de la pareja dictatorial, y por unanimidad, como en la mayoría de reformas al texto hasta la fecha. Esta es la cuarta reforma a la constitución sandinista impuesta por la dictadura desde que se presentó la reforma principal a finales de 2024.

En base a esta reforma, el artículo 118 ahora exige “la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado” so pena de remoción inmediata del cargo “sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”.”

El texto no presenta parámetros objetivos de lo que constituye una administración deficiente, lo que deja el término a interpretación de la autoridad.

“Si una institución no hace buen uso de los recursos del Estado, es responsabilidad de los jefes de esa institución porque eso no pase. No pueden alegar desconocimiento”, declaró el diputado sandinista Edwin Castro durante la sesión.

Esta reforma sucede a la creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a principios de agosto, órgano encabezado por la sandinista Wendy Morales con el que los codictadores pretenden “combatir la corrupción”, pero con la que en efecto expanden su capacidad de control sobre sus operadores.

Todos los niveles del régimen sandinista han sido señalados como notablemente corruptos por organismos internacionales y expertos en la materia. Según el reporte de 2024 de Transparencia Internacional, Nicaragua es el segundo país más corrupto en Hispanoamérica en base a su cálculo del Índice de Percepción de la Corrupción, sólo superado por la dictadura de (((Nicolás Maduro))) en Venezuela.