Rosario Murillo receta mayor vigilancia a trabajadores del Estado – Nicaragua Investiga
- Nicaragua
- agosto 28, 2025
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El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha materializado este jueves 28 de agosto una nueva modificación a la Constitución Política de Nicaragua, específicamente al artículo 118, incorporando disposiciones que fortalecen los mecanismos de control estatal sobre la administración pública y establecen sanciones por «mala administración» de los bienes del Estado.
«El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia» dice la modificación a este artículo.
La reforma ordena la rendición de cuentas a los trabajadores del Estado y la «correcta administración» de los bienes públicos.
«Las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, deberán cumplir, preservar y defender los Principios Fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia” dice el texto modificado.
Contexto de la nueva reforma constitucional
Esta intervención representa la cuarta reforma constitucional, en dos años, implementada durante la actual administración de Daniel Ortega, que se suma a las modificaciones sustanciales aprobadas entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.
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La reforma constitucional más amplia fue aprobada de forma unánime por la Asamblea Nacional, subordinando los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales al Poder Ejecutivo, consolidando así un Estado totalitario donde la separación de poderes y las garantías constitucionales han sido eliminadas.
Modificaciones al artículo 118: vigilancia y sanciones
Las enmiendas introducidas al artículo 118 de la Carta Magna nicaragüense establecen nuevos principios para la «defensa y vigilancia» de los bienes estatales. La reforma incorpora mecanismos punitivos dirigidos hacia funcionarios públicos que incurran en lo que el régimen califica como «mala administración» de los recursos del Estado.
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Esta modificación constitucional representa un fortalecimiento del aparato de control interno del gobierno sandinista, otorgando respaldo jurídico constitucional a la supervisión rigurosa de la gestión administrativa en todos los niveles del Estado.
Precedentes de las reformas constitucionales sandinistas
El proceso reformista iniciado en 2024 transformó fundamentalmente la estructura constitucional nicaragüense. La Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial que abrió la puerta para la subordinación de todos los poderes públicos a la presidencia, concentrando el poder en manos de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Entre las modificaciones más significativas implementadas se encuentran:
- Copresidencia institucionalizada: Establecimiento de las figuras de «co-presidente» y «co-presidenta», equiparando los poderes de Daniel Ortega y Rosario Murillo
- Extensión del mandato presidencial: Ampliación del período presidencial de cinco a seis años, permitiendo a Ortega y su esposa coordinar los órganos del Poder Legislativo, Judicial y de la autoridad electoral
- Símbolos partidarios nacionalizados: Incorporación de la bandera roja y negra del Frente Sandinista como nuevo «símbolo patrio» de Nicaragua
Impacto jurídico-constitucional
La reforma al artículo 118 se inscribe dentro de la estrategia general del régimen sandinista de constitucionalizar sus mecanismos de control político y administrativo. Al elevar a rango constitucional las disposiciones sobre vigilancia de bienes estatales y sanciones por «mala administración», el gobierno de Ortega-Murillo busca blindar jurídicamente sus facultades discrecionales de supervisión y castigo dentro del aparato estatal.
Esta enmienda complementa el marco constitucional reformado que ya había eliminado la independencia de poderes, creando un sistema jurídico donde todas las instituciones del Estado quedan subordinadas al Poder Ejecutivo copresidencial.
Reacciones y contexto internacional
El Grupo de Expertos de la ONU especializados en Nicaragua expresó alarma por la reforma constitucional, advirtiendo que otorga poder ilimitado al presidente y elimina el respeto a la dignidad de la persona.
La comunidad internacional ha señalado consistentemente que estas reformas constitucionales consolidan la deriva autoritaria del régimen sandinista, alejando definitivamente a Nicaragua de los estándares democráticos y del Estado de derecho.
Proceso de implementación
Según la Constitución nicaragüense, las reformas a la Carta Magna deben ser aprobadas en dos periodos legislativos antes de que entren en vigor. La reforma constitucional principal fue oficializada con su publicación en La Gaceta, dando un paso definitivo hacia un Estado totalitario.
La nueva modificación al artículo 118 representa una extensión de este proceso reformista, evidenciando la continuidad de la estrategia sandinista de remodelar el marco constitucional para perpetuar su control político y administrativo sobre todas las estructuras del Estado.
