Gobierno Petro se reúne con disidentes y orden público pasa cuenta de cobro

Pese a la ola de violencia que vivió Colombia la semana pasada por los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil por parte de grupos armados ilegales, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en sostener conversaciones con algunos de estos como parte de su política de “paz total”.

Fue así como el viernes 22 de agosto —un día después de un ataque contra un helicóptero en Amalfi (Antioquia) y que dejó 12 policías muertos— una delegación del Gobierno se reunió con las disidencias al mando de alias Calarcá. Ese grupo sería el presunto responsable de ese ataque contra la Fuerza Pública.

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Según informó El Espectador, el encuentro se dio en el caserío El Diamante, ubicado en los Llanos del Yarí, entre los departamentos del Meta y Caquetá. Estuvieron presentes por parte del grupo guerrillero alias Leopoldo Durán, jefe negociador de las disidencias, Tomás Ojeda, coordinador político, y su máximo cabecilla, alias Calarcá.

Si bien esa reunión estaba pactada desde el 15 de agosto, lo cierto es que se dio en medio de un estado de alerta por el sonido de las bombas y en el que al Gobierno lo cogió la recta final sin poder consolidar su política de paz y con un año preelectoral encima, en el que el capítulo de la seguridad es un caballito de batalla sobre el que varios políticos intentarán montarse.

En estos tres años, el Gobierno ha intentado adelantar diálogos con la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y las bandas criminales de Buenaventura, Medellín y Quibdó.

Como ocurrió la semana pasada con el carrobomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, que dejó seis muertos y 70 heridos.

Según el director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Andrés Preciado, esto ocurre por falta de articulación entre la política de paz y la estrategia de seguridad, situación que genera dificultades en las labores de contener los ciclos de violencia. “Aunque ambas buscan transformar el conflicto, operan por separado, sin dirección unificada ni visión territorial integrada”, apuntó.

Hasta ahora, ningún grupo de la paz total ha dejado sus armas y, por el contrario, han expandido su poder criminal y su control territorial.

Las consecuencias humanitarias

Desde la Firma del Acuerdo de Paz con las Farc, advirtió la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), en Colombia han sido reclutados 1.494 menores de edad: cada 48 horas, en promedio, un niño es arrastrado hasta las filas de los armados.

Cauca, Norte de Santander y Antioquia son los departamentos que concentran la mayor parte de las confrontaciones armadas entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales.

“En nuestro congreso, con más de 20.000 participantes, se señaló que está en curso un etnocidio. Hay asesinatos de sabedores ancestrales y de guardias indígenas, reclutamientos de menores de 12 o 13 años de edad, desplazamientos. Un ejercicio de exterminio físico y cultural”, alertó el coordinador de Derechos Humanos del Comité Regional Indígena del Cauca, Edwin Capaz.

Desde la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señalaron que en el último año se registraron 109 eventos de confinamientos, es la cifra más alta de los últimos cuatro gobiernos. Los eventos de desplazamiento individual aumentaron 7% con respecto al segundo año, los ataques a misiones médicas un 140% y el reclutamiento un 27%.

La paz total en año preelectoral

El Gobierno todavía tiene abiertas las puertas de la negociación con los ilegales de Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y las bandas criminales de Buenaventura y Medellín. En escena entrará el Clan del Golfo, la mayor estructura criminal del país con presencia en 392 municipios de Colombia, según Human Rights Watch.

Estos ilegales controlan todas las cadenas del narcotráfico y tienen otros negocios ilícitos como la minería ilegal, la tala de madera, el tráfico de migrantes y hasta el lavado de activos. El Gobierno y ese grupo ilegal tratarán de instalar una mesa de paz en Qatar.

En la mitad está la dependencia de la aprobación del Congreso del proyecto de ley que radicó el MinJusticia para el desmantelamiento de las organizaciones armadas que carecen de estatus político.

Lo cierto es que el asesinato del precandidato Miguel Uribe y atentados como los de Amalfi y Cali suponen un giro en las propuestas de construcción de paz de los candidatos. El tono parece girar hacia la confrontación bélica.

“Si quieren buscar beneficios, que lo hagan rápido con este gobierno, que Petro los consienta, que les dé privilegios. El 7 de agosto de 2026 es muy sencillo: o se someten o no someten. Quienes vayan en un proceso, que le afanen, porque han mamado gallo ya tres años”, le había dicho el precandidato Daniel Palacios a EL COLOMBIANO.

Pero las críticas a los caminos de paz también vienen desde los exfuncionarios de este gobierno. “Tenemos que hacer una política donde el Estado recupere la autoridad. La paz no se puede hacer cuando nos sentemos en una mesa con delincuentes que son más fuertes que el Estado. El Estado débil no logra nada”, expresó el precandidato Mauricio Lizcano.

Los alivios humanitarios y las transformaciones territoriales parece que están en un segundo plano.

Con la recta final del gobierno Petro, la paz dejó de ser un horizonte y se convirtió en una incógnita electoral: un proyecto inconcluso que, lejos de unir al país, alimenta la fractura entre quienes quieren más diálogo y quienes claman respuestas del Estado.

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109

eventos de confinamiento se han registrado en el último año en Colombia.

833

miembros de la Fuerza Pública han muerto o resultado heridos en ataques de ilegales en el último año.