Entes de control advierten baja ejecución en recursos en la implementación de la Ley de Víctimas

La Ley de Víctimas estableció en Colombia un marco jurídico para reconocer a las personas afectadas por el conflicto armado y garantizarles medidas de atención, asistencia, reparación integral y restitución de derechos.

A través de esta norma se crearon instrumentos como el Registro Único de Víctimas (RUV), la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras, además de mecanismos de participación ciudadana y de garantías de no repetición.

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Catorce años después de su entrada en vigencia, la implementación de esta política ha sido baja, esto de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Contraloría, que presentaron ante el Congreso informes en los que advierten retrasos y falta de ejecución en los recursos destinados a la reparación y atención de las víctimas del conflicto armado.

Sobre esto, la Comisión de Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos señaló que los pueblos Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rrom han sido de los más afectados por la guerra, debido al debilitamiento de sus autoridades propias, el desarraigo de sus territorios y el deterioro de sus culturas.

Aunque entre 2016 y 2025 se destinaron más de $13 billones a la política de víctimas étnicas, los informes evidencian problemas en la gestión. En 2024, por ejemplo, quedaron sin ejecutar $1,5 billones; y según cálculos de la Comisión, se necesitarían cerca de $101,1 billones para cumplir las medidas previstas en el periodo 2025–2031.

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Sin embargo, muchas entidades carecen de personal especializado en derechos étnicos y de sistemas de información que reflejen las realidades de cada pueblo, lo que dificulta la planeación y el seguimiento de las políticas; esto, de acuerdo a los informes presentado.

A eso se le suma que la reparación colectiva también avanza lentamente: de 826 planes activos en más de una década, apenas tres se han finalizado. Aún falta por implementar cerca del 78 % de las acciones programadas.

Otro de los puntos críticos está en los retornos y reubicaciones. La Comisión identificó 240 planes aprobados hace más de diez años que todavía no se han puesto en marcha, lo que mantiene en situación de vulnerabilidad a comunidades como, por ejemplo, los Emberá, desplazados en Bogotá durante años.

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El problema es que cerca del 80 % de las órdenes judiciales están pendientes de ejecución. Para superarlo, según con los informes presentados, se requiere coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC y las autoridades étnicas, con el fin de avanzar en títulos colectivos y garantizar un uso productivo del territorio.

En departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, donde la violencia sigue siendo recurrente, los informes recomiendan fortalecer los sistemas propios de protección como las guardias indígenas y cimarronas, así como incorporar las Alertas Tempranas en los estudios de riesgo.

Como se mencionó, el informe sobre la Ley 1448 de 2011 indicó que para el periodo 2025–2031 se necesitarán alrededor de $407 billones. En 2024 se asignaron $6,5 billones, pero $1,06 billones no se comprometieron y $1,8 billones de los comprometidos no fueron ejecutados.

Frente a este panorama, las entidades de control recomendaron al Gobierno definir el número de víctimas que aún están pendientes de atención, actualizar el CONPES y explorar nuevas fuentes de financiación.

El presupuesto destinado a indemnizaciones ha venido aumentando desde 2022 y alcanzó en 2024 su nivel más alto. No obstante, de los más de nueve millones de personas con derecho a esta medida, solo el 19 % ha recibido el pago correspondiente.

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Ese mismo año, la Unidad de Restitución de Tierras apenas logró cumplir con el 36 % de la meta trazada de las solicitudes de restitución, una cifra menor frente a periodos anteriores, de acuerdo con el informe. A esto se suma el atraso en la entrega de más de 25.000 subsidios de vivienda, tanto en áreas urbanas como rurales.

En el ámbito territorial también se registró una disminución. Los programas dirigidos a víctimas pasaron de 22.707 en 2023 a 17.715 en 2024, una reducción asociada a la caída de $3,5 billones en el presupuesto. Esta situación impactó directamente las líneas de generación de ingresos, vivienda y educación.

Lo peor, es que las dificultades también se reflejan en el exterior. De los 130 consulados de Colombia, solo 54 están autorizados para tomar declaraciones de víctimas. Aunque se han realizado más de 15.000 giros de indemnización, únicamente el 10 % de quienes están inscritos en el Registro Único de Víctimas ha logrado retornar o reubicarse.