Reyes advirtió a Petro sobre saqueo a la UNGRD desde meses atrás

Minutos antes, Reyes había intervenido frente al presidente para señalar posibles actos de corrupción dentro del Gobierno. Sandra Ortiz, entonces consejera para las Regiones, sentada a su lado, lo increpó entre murmullos: “Esas cosas no se dicen en voz alta”.

La alerta no fue menor. Meses después Ortiz terminó encarcelada y judicializada por los hechos que Reyes estaba ventilando.

Y mientras tanto, Petro trinaba.

No era usual que el director de la DIAN participara de estos consejos. Ese día fue excepcional. Lo invitaron porque se trataba de la planeación del 2024. En la agenda oficial no había un punto sobre corrupción. Aunque varios de los presentes ya se movían entre agendas ilegales.

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Por eso, cuando le llegó el turno, la soltó. Denunció que tenía conocimiento de la entrega irregular de los llamados “cupos indicativos” en el Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por Ricardo Bonilla.

“Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales (…) para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, dijo Reyes ante el consejo de ministros. Esto lo reafirmó en su testimonio ante la Corte Suprema, en la investigación que ese alto tribunal adelanta por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El consejo de ministros avanzó. Pero la punta del iceberg del escándalo de corrupción más grave del Gobierno empezaba a asomar Y a incomodar a sus implicados.

Nadie respaldó en público la alerta del director de la DIAN. Pero al final de la reunión, al menos dos funcionarios se le acercaron para manifestarle apoyo.

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Uno fue Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Lo felicitó por atreverse a mencionar el nombre de Andrea Carolina Riveros, asesora del Ministerio de Hacienda. Ella, según versiones, era la encargada de coordinar la entrega de cupos indicativos. Una práctica ilegal.

“Gracias por decir eso, está muy bien que salga a flote. Esa Andrea Ramírez es una extorsionista, porque imagínese: les cobra a los congresistas por hacer la gestión”, le dijo Dussán. Esa frase quedó registrada en el testimonio que Reyes rindió ante la Corte.

El otro en expresarle respaldo fue Gerardo Vega, entonces director de la Agencia Nacional de Tierras. “Muy bien por haber sacado eso a la luz”, le comentó.

Meses después, el exfuncionario recopiló datos, fechas, reuniones, nombres. Y entregó todo a la Fiscalía. El saqueo a la UNGRD empezaba a tomar forma. Convirtiéndose en lo que hoy es un evento sistemático de corrupción que ya les costó el cargo a varios funcionarios y llevó a la judicialización de los implicados.

El entramado era claro. Recursos destinados a atender emergencias naturales desviados hacia congresistas. A cambio, debían apoyar las reformas del Gobierno. Reyes lo dijo entonces: “el cartel de los cupos indicativos ha operado por décadas desde el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas del Congreso”.

En efecto esta práctica no es nueva. En el gobierno de Juan Manuel Santos se conoció como “mermelada”. Asignaciones presupuestales dirigidas a alcaldes, gobernadores o contratistas por orden directa de los legisladores.

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Desde entonces se habría diseñado una hoja de cálculo que, a lo largo de varios gobiernos, sirvió como soporte de un esquema para asegurar los intereses del Ejecutivo en el Congreso.

“Quien siempre ha estado allí es Andrea Ramírez”, reveló a este diario una fuente cercana al proceso.

El nombre de Ramírez salió a flote ese 18 de diciembre, cuando Reyes la mencionó en el consejo de ministros. El mismo día en el que Petro trinaba sobre el futuro de su Gobierno en 2024 y al mismo tiempo era advertido de las prácticas corruptas de algunos de sus funcionarios más cercanos.

Ramírez fue señalada “como la persona encargada de poner en marcha esa metodología. Consistía en que los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades desde las cuales podían entregarse contratos a contratistas que, a su vez, redirigían los recursos hacia los propios congresistas”, señala el documento de la Sala de Instrucción que formula cargos a seis parlamentarios por presuntamente haber “vendido” su voto a cambio de contratos.

Aunque en su origen los llamados cupos indicativos fueron concebidos como un instrumento para promover el desarrollo regional, pronto terminaron convertidos en un terreno fértil para la corrupción.

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Expertos señalan que, en la práctica, el sistema careció de transparencia. En repetidas ocasiones se denunció que los congresistas no destinaban los recursos a las prioridades de sus regiones y, en algunos casos, se apropiaban de ellos. Con el tiempo, los ministerios de Hacienda y del Interior terminaron utilizando los cupos indicativos como moneda de cambio para negociar la aprobación de reformas legislativas, especialmente las tributarias.

La ironía es que esta práctica ha sido abiertamente cuestionada por el propio Petro, quien la ha denunciado desde 2001. Y ahora su propio Gobierno habría recurrido a los mismos métodos.

El escándalo ya dejó la imputación de varios exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro, entre ellos exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Fiscalía anunció además que imputará al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señalado por testigos de haber dado órdenes para direccionar millonarios contratos.

También fue imputado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, a quien la Fiscalía señala como uno de los líderes de la red criminal.

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González, actualmente prófugo de la justicia enfrenta otra controversia: su solicitud de residencia en Nicaragua.

Según reportes, el exfuncionario solicitó la renovación de su residencia en ese país el mismo día que estaba siendo imputado por corrupción. Por su parte, Petro afirma que su gobierno no ha solicitado ningún privilegio para el exfuncionario.