Duro rechazo de la UdeA a la vigilancia especial ordenada por Mineducación; docentes apoyan la medida

En la Universidad de Antioquia los ánimos siguen caldeados, esta vez luego de la decisión del Ministerio de Educación de ordenar medidas preventivas y de vigilancia especial ante la crisis financiera que atraviesa la universidad.

Según el Ministerio, la decisión la tomó tras el análisis técnico realizado en el que, según sostuvo la Cartera, se evidenciaron graves riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y deficiencias en la gestión, “situaciones que representan una amenaza para la garantía del derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas”.

Entre las medidas que tomaron se encuentran la exigencia de un plan de mejoramiento obligatorio que deberá ser elaborado, implementado y ejecutado por la Universidad ante el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio aclaró que este plan deberá estar encaminado a superar en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad y anormalidad que afectan la prestación del servicio educativo.

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El Ministerio también designará un inspector in situ que ejercerá vigilancia permanente mientras subsista la situación que originó la medida. Este inspector monitoreará la gestión administrativa y financiera de la entidad; los aspectos que estén afectando las condiciones de continuidad y calidad; y el cumplimiento de las medidas adoptadas. Además, habrá una intervención en el manejo de recursos “cuando se evidencie que afecta gravemente la viabilidad financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenando que los recursos y rentas sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados exclusivamente en el cumplimiento de la misión institucional”.

La determinación, así como las medidas anunciadas, no cayeron bien en absoluto entre las directivas de la Universidad, que anunciaron recursos de reposición, con un mensaje en el que lanza duros señalamientos, incluso, sobre supuestas faltas a la autonomía universitaria.

“Siempre hemos acatado y es potestativo del Ministerio hacer inspección y vigilancia, y estas medidas especiales de alguna manera envían un mensaje a la sociedad en este momento difícil. Pero también tenemos el derecho de reposición, porque consideramos que hay varios asuntos que discutir, empezando por el debido proceso, la motivación y proporcionalidad de los hallazgos con respecto a la medida”, aseguró el rector, John Jairo Arboleda Céspedes.

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Arboleda Céspedes manifestó que el acompañamiento del Ministerio a la UdeA no puede “utilizarse” para poner en duda la capacidad de la institución para asumir sus tareas y compromisos. “Aquí lo que está en juego es el prestigio y la presencia de esta Universidad para el bien de la sociedad”, aseveró el directivo.

Según el director jurídico de la institución, Agustín Vélez, el Ministerio habría incurrido en faltas al debido proceso, señalando que el informe técnico que realizó el Gobierno Nacional después de sus visitas entre abril y septiembre de 2024, y que fueron la base para la medida que acaba de anunciar, no fue puesto oportunamente en conocimiento de la Universidad, “toda vez que la institución solo lo conoció hasta el 11 de agosto, 14 días después de emitida la resolución que ordenó las medidas preventivas”.

“Al expedirse la Resolución 016105 del 29 de julio de 2025 se desconoció el debido proceso por dos razones fundamentales, que en consecuencia deben llevar a su revocatoria”, advierte el recurso de reposición presentado. Las directivas insisten en que, por un lado, no se permitió a la Universidad participar de manera efectiva dentro del procedimiento y, de otro, se cercenó la posibilidad de pronunciarse sobre el mismo.

El recurso de solicitud de revocatoria también argumenta una falsa motivación, al señalar que “los hechos que se tuvieron como probados y en los que se fundó la decisión no se corresponden con la realidad y, además, los informes técnicos valorados tuvieron como soporte información que no es actual para la fecha de emisión de la Resolución que ordenó las medidas preventivas”. La administración de Arboleda Céspedes insiste en que el informe en que basó su resolución el Ministerio tuvo en cuenta la información financiera del 2023, “aunque para el momento en que aquel se profirió ya estaba consolidado el estado financiero de 2024”.

También señaló el director jurídico, que la medida es desproporcionada, se le hizo un test de proporcionalidad y carece de fundamentos en sus planteamientos, manifestó el director jurídico. “Este test se corresponde con la metodología señalada por la Corte Constitucional en las sentencias C-093 de 2001 y 673 de 2001, a través de tres pasos donde se analizan la legitimidad, importancia e imperiosidad del fin de la medida, que esta sea adecuada, conducente y necesaria y, finalmente, que sea proporcional en sentido estricto”.

Finalmente, señalaron que el respeto a la autonomía universitaria queda en entredicho con la medida. “Aunque la Universidad ratifica que está de acuerdo en que en abstracto la autonomía universitaria puede —y debe— coexistir con la prerrogativa de inspección y vigilancia a cargo del Estado, a través del Ministerio de Educación, en su recurso de reposición también expresa el impacto que medidas de vigilancia e inspección como la anunciada, pueden tener para esa autonomía, y en especial ante la medida de designar un inspector ‘in situ’”.

“No estamos escondiendo algo que es público: desde hace muchos años venimos diciendo que la Universidad tiene problemas de liquidez. No tenemos recursos del día a día, pero tenemos una educación de calidad, y esta medida deteriora la imagen y reputación de la Universidad”, reiteró el director jurídico.

Tras radicar el recurso de reposición, que contiene 329 páginas entre los apartados de argumentación y los anexos —informes, estados financieros, el Informe Fiscal y Financiero de la Vigencia 2024 emitido por la Contraloría General de Antioquia, actos administrativos emitidos por la Universidad y correos que muestran la trazabilidad del proceso— la institución anunció que quedará a la espera de la respuesta que sobre este emita el Ministerio.

A través de un comunicado, la Asamblea General de Profesores le dio un espaldarazo a las determinaciones del Ministerio de Educación. “La situación actual no admite más dilaciones. Las dificultades financieras, las tensiones en el gobierno universitario y la desconexión entre las decisiones institucionales y las necesidades reales de la comunidad exigen un replanteamiento estructural”.

En una carta firmada por Wilmar Mejía, delegado del presidente de la República ante el Consejo Superior de la UdeA, reiteraron la propuesta de un “Gran Diálogo Universitario, transparente y pluralista, sobre temas fundamentales” que incluya la reforma al gobierno universitario: reelección de cargos, duración de períodos, estatuto electoral y designación de autoridades interinas; un nuevo modelo de gestión: transparencia, sostenibilidad financiera y evaluación de la burocracia; revisión de políticas académicas: impacto del Decreto 1279, condiciones laborales docentes y crecimiento institucional; revitalizar los Mecanismos Democráticos Vinculantes; así como la exploración de una consulta popular o constituyente universitaria que permita refrendar cambios estructurales.

La Asamblea de Profesores le pidió al rector “hacerse a un lado”, haciendo referencia a la necesidad de que permita que se adelante un proceso de inspección transparente que devuelva la tranquilidad a la comunidad educativa y ayude a disipar dudas y especulaciones sobre la crisis que padece la institución.