Régimen Ortega-Murillo acusa a familia Baltodano de crear «20 empresas de maletín» – Nicaragua Investiga
- Nicaragua
- agosto 14, 2025
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La Procuraduría General de la República, bajo el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este jueves la cancelación definitiva del contrato de concesión de explotación de recursos geotérmicos en la Planta Momotombo, operada por Momotombo Power Company, en una decisión que forma parte de la campaña del régimen contra empresarios nicaragüenses.
Acusaciones de «empresas fantasma»
Según el comunicado oficial, las autoridades acusan a los hermanos Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y Álvaro Antonio Baltodano Monroy de orquestar un esquema de evasión fiscal a través de aproximadamente 20 «sociedades de papel» sin activos reales ni presencia física significativa, calificadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como paraísos fiscales.
La Procuraduría sostiene que este supuesto entramado societario fue diseñado para «lavar dinero proveniente de actividades delictivas» contra la hacienda pública, utilizando jurisdicciones extranjeras para ocultar operaciones financieras.
Incumplimientos contractuales
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) había determinado previamente que Momotombo Power Company incumplió sus obligaciones de realizar inversiones para potenciar la operación del recurso geotérmico, que debía alcanzar una producción de 37-40 megavatios. Además, se confirmó que la empresa no ejecutó las obras acordadas contractualmente.
Campaña de Murillo contra sus adversarios internos
Esta decisión se enmarca en la política de «todos contra la corrupción» proclamada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha sido utilizada sistemáticamente para atacar al sector empresarial privado y consolidar el control estatal sobre recursos estratégicos.
#Nacionales // La Procuraduría General de la República, en representación legal del Estado, informa la cancelación del contrato de concesión para la explotación de recursos geotérmicos en la Planta Geotérmica Momotombohttps://t.co/fI2P04Gxbu
— El 19 Digital (@el19digital) August 14, 2025
El régimen ha convertido las acusaciones de corrupción en una herramienta política recurrente contra empresarios, organizaciones civiles y opositores, siguiendo un patrón que se ha repetido desde el estallido social de 2018.
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Recientemente la dictadura mandó a casa por cárcel al comandante sandinista y exasesor de Ortega, Bayardo Arce bajo acusaciones de corrupción.
La misma PGR publicó un comunicado señalando que Arce es investigado por «transacciones y/o negociaciones con bienes, propiedades y sociedades al margen de nuestro marco legal».
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«Ante el creciente tsunami de corrupción que azota y asola al mundo sobre todo en detrimento de los pueblos empobrecidos y Nicaragua no puede ser la excepción, la copresidencia de la república ha instruido a las instituciones pertinentes a desatar acciones contundentes para perseguir, procesar y castigar, cualquier forma de corrupción que atente contra los intereses de la familia y el pueblo nicaragüense» dijo la dictadura en su comunicado.
Impacto en el sector energético
La cancelación del contrato representa un golpe adicional al sector energético privado en Nicaragua, en un contexto donde el gobierno ha intensificado su control sobre recursos considerados estratégicos para el país.
La planta geotérmica Momotombo, ubicada en La Paz Centro, León, formaba parte de los proyectos de diversificación de la matriz energética nacional, pero ahora queda bajo control gubernamental directo.
Mensaje del régimen
La Procuraduría concluyó su comunicado con una advertencia dirigida a otros empresarios: «quien utilice el sector energético o cualquier otro recurso del pueblo nicaragüense para concretar propósitos delictivos, enfrentará el peso completo de la Ley».
Esta declaración refuerza la tendencia del régimen de utilizar el aparato judicial como instrumento de presión política y económica contra el sector privado nicaragüense.
