Corte Suprema considera que el Gobierno habría comprado votos en Comisión de Crédito Público

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia concluyó que existen pruebas para inferir que altos funcionarios del Ejecutivo habrían ofrecido beneficios a congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el objetivo de asegurar la aprobación de cupos de endeudamiento solicitados por el Gobierno en 2023.

Entre los implicados están el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el entonces viceministro Diego Guevara; y María Alejandra Benavides, funcionaria clave en las gestiones.

Los congresistas mencionados en el expediente son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo.

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La Corte sostuvo que “el peligro que se generó para el bien jurídico de la administración pública se encuentra acreditado en esta actuación”, al constatarse una presunta promesa remuneratoria a cambio de actos funcionales.

Según reveló La W, el documento muestra cómo, desde septiembre de 2023, comenzaron acercamientos entre funcionarios del Gobierno y congresistas.

El 4 de octubre de 2023 se habría producido una reunión en la que se iniciaron negociaciones con parlamentarios que retrasaban el trabajo de la Comisión. En los chats citados en el expediente, María Alejandra Benavides le escribió a su mentora Andrea Ramírez:

–”Está pasando lo que tú me dijiste que lograste hacer con Cárdenas. Están tratando de abrir la puerta (…) Yo le insisto que no y Marce también le está diciendo que no, pero no sé cuánto tiempo vaya a lograrlo”.

Estas comunicaciones, según la Corte, evidencian una estrategia para canalizar proyectos específicos a través de la UNGRD con el fin de lograr votos favorables. Los proyectos mencionados son los de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.

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El 6 de diciembre de 2023, tras múltiples reuniones privadas y conversaciones informales, los congresistas votaron favorablemente tres proyectos del Gobierno. Ese mismo día, María Alejandra Benavides le escribió al ministro Bonilla desde Colombia, mientras él se encontraba en Dubái.

Esto, con el objetivo de que se reunieran con los congresistas y lograran el progreso de sus proyectos ante la UNGRD, específicamente los conocidos proyectos de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, a cambio de los cuales supuestamente se acordó el voto a favor en la CICP:

–“Ministro, (…) quería preguntarle si usted está de acuerdo en que con el vice Diego atendamos a los de la interparlamentaria y les digamos que vamos a mover sus proyectos de UNGR, pero que salen el otro año”.

—“Sí, adelanta eso”, respondió el ministro.

Todo esto cobra importancia debido a que el ministro, , declaró en entrevista con La W que no mantenía comunicación con congresistas, pero a ellos los atendió personalmente en reuniones celebradas el 31 de octubre de 2023 y el 6 de diciembre, luego de que Diego Guevara y María Alejandra Benavides “facilitaran” las gestiones con los actualmente procesados.

El asunto llegó al punto en que la sesión de la CICP del 6 de diciembre, tras la reunión reservada con Bonilla, los congresistas comunicaron a través de Manzur que votarían favorablemente cualquier concepto del gobierno como “gesto de confianza”, sin estudiarlo ni deliberarlo.

Así ocurrió: en esa sesión, mientras el presunto esquema criminal avanzaba según la Corte, se votaron tres proyectos y se aprobó uno.

El 12 de diciembre, Diego Guevara escribió a Bonilla:

–“Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos (…), pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros”.

El 12 de diciembre, Bonilla firmó una resolución que autorizaba $700.000 millones para la UNGRD. Ese mismo día, Benavides envió copia del documento a los congresistas Manzur y Manrique. La Corte considera que esa autorización financiera está directamente relacionada con los compromisos previamente adquiridos.

El expediente también muestra que algunos congresistas condicionaron el avance de los créditos a la gestión de sus intereses. Wadith Manzur, por ejemplo, escribió a Benavides:

–“No vamos a sesionar mañana (…) yo te recomiendo que ganes más tiempo, pero no podemos sesionar después del 16”.

Posteriormente, y tras una reunión entre el ministro Bonilla y Olmedo López el 15 de diciembre, se destrabó el último crédito pendiente, el cual fue aprobado ese mismo día en una sesión extraordinaria.

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Según la instrucción, en el plan habrían participado el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, quien se reunió con Bonilla y mantenía comunicación con Benavides para impulsar los proyectos, y Sneyder Pinilla, encargado por Olmedo de certificar y monitorear que los proyectos negociados (Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena) fueran enviados correctamente desde las alcaldías.

Según la documentación citada por La W, el 27 de noviembre de 2023 se realizó una “reunión de emergencia” en Presidencia a la que asistieron varios ministros, incluidos Guillermo Alfonso Jaramillo y Gloria Inés Ramírez.

En chats posteriores, la secretaria privada de Bonilla le informó a Benavides:

–“Está la MinTrabajo, Velasco y Olmedo (el de Gestión del Riesgo)”.

A lo que Benavides respondió:

–“Dios gracias. Estoy tan ansiosa de saber cómo sale eso (…) puede que el jefe supremo no quiera y nos deje a todos viendo un chispero”.

Los chats también evidencian que Diego Guevara conocía de los compromisos adquiridos con los congresistas y que estos se manejaban por fuera del conocimiento de la Dirección de Crédito Público.

Así lo muestra una conversación del 6 de diciembre de 2023 entre Guevara y María Alejandra Benavides:

–María Alejandra Benavides: Luz Stella y los de la interparlamentaria no saben nada de nuestros compromisos

– María Alejandra Benavides: (Los de crédito público)

–Diego Guevara Castañeda: Al fin vamos a avanzar en privado con ellos y con el Min

–María Alejandra Benavides: Sí. Toca.

Según la Corte Suprema, estos intercambios refuerzan la hipótesis de que desde el Ministerio de Hacienda, y con posible participación de otros ministerios, se habría intentado asegurar votos a través de acuerdos paralelos con congresistas, al margen de los canales institucionales.

La decisión de la Corte Suprema indica que desde el alto gobierno —particularmente el Ministerio de Hacienda— se habría buscado comprar votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para asegurar cupos de endeudamiento, atendiendo exigencias de los congresistas involucrados.

“Los mutismos, cancelaciones y aprobaciones reflejarían (…) el avance de una probable negociación criminal entre varios congresistas y agentes del Ministerio de Hacienda”, concluyó la Corte.

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