
Pensión de más del 90 %: otro beneficio exclusivo para los militares del régimen
- Cuba
- agosto 1, 2025
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Mientras el pueblo enfrenta el abandono y la miseria, la dictadura cubana destina más recursos a premiar la lealtad de su estructura militar.
MADRID, España.- La dictadura cubana ha aprobado un nuevo paquete de beneficios para su sector más leal: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). A través del Decreto-Ley 105/2025, publicado en la Gaceta Oficial, el Gobierno oficializa un aumento en las pensiones de los militares retirados y establece excepciones que permiten incluso superar el límite máximo previamente fijado.
Mientras la mayoría de los sectores de la población envejecen en condiciones de pobreza, sin medicamentos, con apagones diarios y pensiones que no cubren ni una semana de comida, el aparato militar —pieza clave en la sostenibilidad del sistema represivo— es nuevamente recompensado.
Lo que establece la norma
Según el Artículo 10 del Decreto-Ley 105, las pensiones militares pueden alcanzar: “hasta el noventa por ciento (90%) del último haber o salario mensual percibido por el militar o del promedio de estos”.
El mismo artículo incluye dos excepciones al tope del 90 %, en favor de quienes cumplan con una vida laboral extraordinariamente prolongada dentro del aparato militar: “a) Los militares, con cincuenta o más años de servicio militar activo; y b) los militares pensionados con cuarenta y cinco (45) o más años de servicio, que se reincorporen al servicio militar activo, que presten servicio como mínimo cinco (5) años, consecutivos o no”.
La fórmula para calcular estas pensiones también fue actualizada. Según el Artículo 22: “Por los primeros veinticinco (25) años de servicio, el sesenta por ciento (60%) de la base de cálculo y por cada año de servicio en exceso de veinticinco (25), el tres por ciento (3%), sin que el total de la pensión pueda exceder el noventa por ciento (90%) de dicha base, excepto las excepciones establecidas en el Artículo 10”.

Doble ingreso: pensión y salario activo
Uno de los puntos más controvertidos es el contenido del Artículo 56, que permite a los militares ya retirados reincorporarse a la vida activa sin perder su pensión. Es decir, se habilita la posibilidad de cobrar tanto la jubilación como el salario del nuevo cargo, siempre que la reincorporación sea aprobada por el Ministerio de las FAR. El texto legal establece: “Los militares pensionados pueden incorporarse a un trabajo remunerado (…) y devengar la pensión y el salario del cargo que ocupen”.
Y añade: “El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias puede autorizar la reincorporación (…) para desempeñar el mismo cargo que desempeñaba al momento de obtener su pensión u otro cargo (…) siempre que sea por interés de la institución”.
Este privilegio es exclusivo para el sector castrense, mientras el resto de los trabajadores cubanos enfrenta estrictas restricciones para mantener su pensión si deciden volver al empleo estatal.
Suspensión de pensiones
El Decreto también detalla nuevas causales para suspender el pago de pensiones, que afectan especialmente a incapacitados y beneficiarios por fallecimiento. El Artículo 60 menciona: “a) El militar pensionado por invalidez o el beneficiario incapacitado (…) no acuda a los exámenes médicos periódicos en los plazos establecidos sin causa justificada, o deje de cumplir las indicaciones facultativas; b) no se constituya la tutela (…) dentro del año siguiente al reconocimiento del derecho; c) el viudo pensionado comience a trabajar”.
Una vez más, la élite armada por encima del pueblo
Estas reformas llegan en un contexto de asfixia económica para la mayoría de los cubanos, donde el poder adquisitivo de las pensiones civiles no alcanza ni para una dieta básica, y donde el acceso a alimentos, energía y medicinas está cada vez más deteriorado. Sin embargo, el régimen dirige sus recursos a asegurar el bienestar material de su columna vertebral: los militares de carrera.
Lejos de ser una medida de justicia social, el nuevo decreto representa una consolidación del sistema de privilegios que ampara a quienes han garantizado la permanencia del poder durante más de seis décadas, mientras el resto del país envejece entre el abandono y la escasez.
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