Denunciaron a Juliana Guerrero por uso de avión y helicóptero de la Policía

Según el concejal, Guerrero viajó acompañada de su hermana Verónica y otras personas desde Santa Marta hasta Valledupar el 19 de junio de 2025 a bordo del avión policial matrícula PNC-0242. Al día siguiente abordó un helicóptero Bell 212 (matrícula PNC-0495) con destino a Aguachica, aterrizando en un batallón militar, y regresó en la tarde.

En su momento, el presidente Gustavo Petro y el ministro Benedetti defendieron el uso de las aeronaves alegando que se trataba de una misión secreta de seguridad nacional. Sin embargo, la revista Cambio reveló que el verdadero motivo del viaje fue intervenir en la sesión del Consejo Superior de la UPC y presionar una reforma estatutaria que permitiría la reelección del rector Rober Romero, aliado político de las hermanas Guerrero.

Las pruebas incluyen publicaciones en redes sociales hechas por las propias funcionarias, así como testimonios de otros asistentes que confirmaron su presencia en la reunión universitaria.

Briceño estima que los desplazamientos costaron al Estado 126 millones de pesos, solo en combustible. El uso de estos recursos para un fin ajeno a las funciones oficiales constituiría peculado por uso, delito que contempla penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“La conducta vulnera de manera directa los principios constitucionales de moralidad, eficiencia y economía administrativa”, señaló la denuncia radicada el 19 de junio ante la Fiscalía General. Además, advierte sobre una desviación de poder y extralimitación de funciones, dado que Guerrero habría aprovechado su cercanía con Benedetti para solicitar las aeronaves sin autorización formal.

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Aunque el ministro Benedetti aseguró desconocer el verdadero propósito del viaje y afirmó que Guerrero “le dijo que era una misión de seguridad nacional”, la evidencia contradice su versión. Según Cambio, Juliana ya había asistido a otras sesiones del Consejo Superior de forma virtual, lo que refuerza el argumento de que el desplazamiento en aeronaves oficiales no era necesario.

Además de la denuncia penal, la Procuraduría y la Contraloría abrieron investigaciones para determinar si hubo responsabilidad disciplinaria y un posible detrimento fiscal.

Detrás del caso subyace una disputa por el control de la UPC, una universidad con un presupuesto anual de 171.000 millones de pesos, redes de contratación pública y fuerte influencia política. Las hermanas Guerrero, junto a René Hernández (director de Consulta Previa) y otros aliados, estarían detrás de una estrategia para mantener el control sobre la rectoría, actualmente en manos de Rober Romero.